Durante la Semana Santa en San Salvador, grupos de movimientos sociales realizaron varias protestas denunciando despidos masivos de trabajadores de la salud, encarcelamiento político y detenciones arbitrarias injustas, contrastando el sufrimiento que estos provocan con el significado de la fecha, tanto en lo religioso como en términos de derechos laborales, pues mientras que el feriado es un tiempo de reflexión religiosa y descanso, en el que los trabajadores del sector público disfrutando de una semana de vacaciones pagadas, el gobierno ha despedido a cientos de personas injustamente y decenas de miles sufren los impactos de cuatro años de un Estado de Excepción, implementado en marzo de 2022 en nombre de la seguridad pública.

Miembros del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) marcharon hacia el Centro Histórico, portando pancartas y testimonios que mostraban el costo humano de las políticas de Bukele. Representantes de MOVIR señalaron patrones de detenciones arbitrarias, casos sin pruebas suficientes y procesos judiciales que no garantizan el derecho a la defensa, problemas que, según afirman, a menudo están ausentes en las narrativas oficiales. También destacaron el impacto humano de la detención preventiva prolongada, donde las personas permanecen encarceladas durante años solo para enfrentar juicios masivos que corren el riesgo de convertir la justicia en una condena colectiva en lugar de un proceso individualizado.

Si bien reconocieron que la violencia y el control de las pandillas han sido durante mucho tiempo preocupaciones urgentes para los salvadoreños, los participantes enfatizaron que la lucha contra el crimen no puede darse a costa de los derechos fundamentales, el debido proceso y la dignidad humana.

Más allá de las preocupaciones legales, los participantes describieron un clima más amplio de miedo, ya que comunidades enteras experimentan estigmatización y persecución, mientras que las familias quedan en angustia, a menudo sin información sobre el paradero o el bienestar de sus familiares detenidos. Los informes de personas encarceladas sometidas a trabajo forzado sin compensación profundizan aún más las preocupaciones sobre las condiciones dentro de las cárceles del país.

Estos testimonios fueron respaldados por miembros del Comité de Familiares de Presos Políticos y Perseguidos Políticos (COFAPPES), que, junto con otras organizaciones de base y comunidades afectadas, organizaron un Vía Crucis simbólico para representar el sufrimiento soportado por los detenidos y sus familias.

“Estamos aquí en solidaridad con Ruth López y con todos aquellos que son presos políticos”, dijo Lourdes Palacios de COFAPPES, subrayando la preocupación más amplia de que el Estado de Excepción se está utilizando no solo contra presuntos miembros de pandillas, sino también contra personas percibidas como opositores políticos por denunciar abusos de derechos humanos, corrupción u otros abusos de poder.

Comunidades del Bajo Lempa, que han organizado acciones similares durante los últimos dos años, describieron la situación como “la misma historia repitiéndose”, un sistema que continúa castigando a los inocentes. Su participación incluyó representaciones artísticas del Vía Crucis, vinculando cada etapa con violaciones documentadas de derechos humanos bajo las actuales políticas de seguridad, sirviendo tanto como memorial como protesta.

Cuatro años después de su implementación, el Estado de Excepción continúa moldeando la vida diaria en El Salvador. Introducida el 27 de marzo de 2022, la medida suspendió derechos constitucionales básicos bajo la justificación de combatir la violencia de las pandillas. En la práctica, ha llevado a decenas de miles de detenciones arbitrarias y a abusos generalizados de derechos humanos, funcionando también como una herramienta de represión política y consolidación del poder. En marzo, un grupo internacional de juristas publicó un informe contundente concluyendo que “las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de El Salvador durante el estado de emergencia pueden constituir crímenes de lesa humanidad debido a la naturaleza generalizada y sistemática de los ataques, su comisión contra la población civil y su ejecución como parte de una política o plan estatal.”

En paralelo, trabajadores del sector salud, agrupados en el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), realizaron una conferencia de prensa para denunciar violaciones a los derechos laborales. “Enfrentamos despidos arbitrarios, salarios impagos, violaciones al debido proceso y la negación de una compensación justa”, señalaron. Los participantes enfatizaron que los despidos masivos realizados en diciembre de 2025 ocurrieron “sin notificación formal, sin derecho a la defensa y sin cumplir con los procedimientos establecidos por la ley.”

Los trabajadores también destacaron el impacto humano de estas medidas, señalando que “hay familias sin sustento, trabajadores que han sido silenciados y hogares que enfrentan incertidumbre”, subrayando que “esto no es solo un problema laboral, es un problema humano.” Hicieron un llamado al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud para investigar los casos, garantizar el debido proceso, pagar los salarios retenidos y proporcionar indemnizaciones inmediatas y justas.

Los participantes en las diversas acciones de Semana Santa también exigieron justicia, la liberación de los detenidos injustamente y el fin del estado de excepción, instando en su lugar a la adopción de políticas de seguridad que garanticen los derechos humanos y el debido proceso.