Como organización con sede en los Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) ha observado cada elección presidencial en El Salvador desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. El domingo, nuestros observadores electorales internacionales, debidamente acreditados, estuvieron presentes en toda la jornada electoral presidencial y legislativa de 2024 en centros de votación del Área Metropolitana de San Salvador, así como en centros de votación en Estados Unidos.

A partir del contexto nacional y los reportes de nuestros equipos de observaciones, los cuales evidencian la incapacidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de proporcionar los medios para registrar y transmitir con precisión y confianza los resultados del voto, junto con la decisión anunciada por el TSE de realizar un recuento de todas las papeletas de elecciones legislativas y el 30% de las papeletas presidenciales, expresamos lo siguiente: las elecciones presidenciales y legislativas en El Salvador no se ajustaron ni se ajustan en la actualidad a los estándares internacionales para las elecciones libres y justas.

• Primero: Sostenemos que elecciones libres y justas no son posibles bajo las circunstancias extraordinarias del estado de excepción, con derechos básicos como la libertad de asociación y el debido proceso suspendidos durante casi dos años. El gobierno ha sometido a la población a una militarización generalizada de las comunidades y, simultáneamente, a una campaña manipuladora de miedo destinada a convencer a los votantes de que su seguridad y bienestar dependen de que el presidente permanezca en el poder más allá de su mandato constitucional.

• Segundo: La connivencia de las instituciones públicas (la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo Electoral) para permitir que Nayib Bukele buscara un segundo mandato presidencial en violación de la Constitución salvadoreña minó cualquier grado de confianza en que el proceso electoral de 2024 sería justo o legal y que no corría el riesgo de la instalación de un gobierno de facto en junio de 2024.

• Tercero: La persecución implacable de figuras políticas de oposición y organizaciones populares y de la sociedad civil por parte del gobierno de Bukele, la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General, ha creado un ambiente de miedo e intimidación que no permite el libre ejercicio de la democracia.

• Cuarto: Algunas de las reformas electorales extremas de último momento impuestas por la Asamblea dominada por Nuevas Ideas, incluida la reducción del número de escaños legislativos y la adopción de la fórmula D'Hondt para el reparto de votos, que favorece a los partidos mayoritarios en la legislatura, tuvieron el objetivo explícito de obstaculizar la participación de los partidos de oposición. Esto socava enormemente al organismo más representativo del país, dentro del sistema democrático pluralista consagrado en los Acuerdos de Paz de 1992. Otras reformas de último momento, incluida la introducción de tecnología de transmisión de votos defectuosa y no probada en centros de votación mal preparados, muchos de ellos carentes de electricidad confiable, generaron resultados de votación confusos, irregulares e incompletos en todo El Salvador.

• Quinto: La retención del financiamiento público de campaña para los partidos de oposición eliminó aún más la posibilidad de igualdad de condiciones durante todo el proceso electoral.

El domingo, los observadores de CISPES vieron de primera mano los resultados de este grave desequilibrio electoral. En los centros de votación en El Salvador y Estados Unidos, fuimos testigos de cómo a simpatizantes de partidos de oposición se les prohibió ejercer su derecho a participar en el proceso como miembros de la JRV (Junta Receptora de Votos) o incluso como jefes de centro de votación, lo que resultó aún más en la sobrerrepresentación de miembros de Nuevas Ideas en todos los niveles del proceso.

En muchos centros de votación en los Estados Unidos, fuimos testigos de votantes frustrados que no pudieron emitir su voto después de no aparecer en el registro, a pesar de presentar la identificación requerida. Muchos fueron informados que debían salir del lugar para votar en línea. Los observadores de CISPES vieron la negligencia de las autoridades electorales a la hora de proporcionar espacio, tecnología y personal adecuados para dar cabida al número de votantes. También fuimos testigos de una falta generalizada de protección del voto secreto y de la participación inapropiada de miembros del partido Nuevas Ideas, personal consular y otros para ayudar a los votantes a emitir su voto electrónico, tanto en las máquinas proporcionadas por el TSE como en sus teléfonos.

En El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral no proporcionó una infraestructura tecnológica funcional para la transmisión rápida y precisa de resultados. Errores de software y conectividad y otras irregularidades impidieron la transmisión del 30% de las papeletas presidenciales y del 100% de las legislativas. Por lo tanto, los números presentados por el Tribunal en el conteo preliminar no son confiables. El posterior fracaso del Tribunal en garantizar la cadena de custodia de las papeletas en San Salvador ha comprometido aún más la integridad del recuento previsto para comenzar el 7 de febrero.

Las acciones del TSE, claramente acatando al ejecutivo, demuestran que durante muchos meses no ha podido actuar como árbitro independiente del proceso. No parecía haber intención o interés en registrar con precisión ni transmitir de manera efectiva los resultados de la votación a la población o al mundo. Como tal, el presidente se sintió seguro al declararse vencedor, incluso reclamando un número específico de escaños para su partido, basándose únicamente en “nuestros números”, antes de que el TSE hubiera publicado resultados preliminares. Por esta razón, debemos cuestionar el juicio de cualquier gobierno que rápidamente felicitó a Bukele el domingo por la noche. Igualmente, hacemos llamado a los medios internacionales y a organizaciones internacionales a no tomar como verídicas las declaraciones de Bukele ni de su partido sobre las elecciones sin corroborarse de manera independiente.

El Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador está alarmado al presenciar cómo el sistema electoral de El Salvador, que anteriormente había logrado una transparencia y una equidad admirables, fue cooptado y preparado para fracasar de manera tan espectacular. Mientras muchos miembros voluntarios de las Juntas Receptoras de Votos se quedaron despiertos hasta altas horas de la noche contando y registrando votos a mano en una verdadera demostración del compromiso cívico, el Tribunal Supremo Electoral abdicó severamente sus responsabilidades de garantizar que cada voto fuera contado.

Nos preocupa que, incluso si se cuentan todos los votos, el Tribunal Supremo Electoral no garantice la seguridad de las papeletas y los resultados se vean comprometidos. Por eso, las organizaciones del movimiento popular y los partidos de oposición ya están calificando estas elecciones como fraudulentas e insistiendo en que se celebren nuevas elecciones.

###