El 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) se unió a la Fundación SHARE, Voces en la Frontera y la Red de Ciudades Hermanas El Salvador-Estados Unidos en emitir una declaración en solidaridad con el pueblo salvadoreño. En este comunicado, expresan preocupación por la grave realidad ambiental en El Salvador y también por el retroceso actual en materia de democracia y de los derechos humanos, y reafirman las exigencias del movimiento social y medioambiental en torno a la sostenibilidad ecológica y justicia económica en El Salvador. También se comprometen responsabilizar a las empresas norteamericanas y al gobierno de los Estados Unidos por sus varias formas de contribuir a la emergencia medioambiental en El Salvador.

Si tiene alguna pregunta o desea programar una entrevista, favor de contactar: Samantha Pineda, Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES), (202) 820-1894 (Whatsapp) or [email protected].

EN EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
LAS ORGANIZACIONES DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SALVADOREÑO, COMUNICAN:

El Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), la Fundación SHARE, Voces en la Frontera y la Red de Ciudades Hermanas El Salvador-Estados Unidos somos organizaciones con base jurídica en los Estados Unidos, pero con décadas de acompañar al pueblo salvadoreño en sus justas luchas.

Por tanto, en el Día Mundial del Medio Ambiente 2020, expresamos nuestra profunda preocupación por la dramática realidad ambiental de El Salvador.

Las fuentes de aguas superficiales y subterráneas que sufren un fuerte deterioro y contaminación; desechos que se arrojan en caminos, calles, carreteras, ríos y quebradas; vertidos contaminantes descargados directamente a los cuerpos de agua y proyectos urbanísticos que cambian el uso del suelo sin medir las consecuencias ecológicas figuran entre los principales problemas ambientales.

La destrucción de los ecosistemas profundiza la vulnerabilidad de la población. Condición que, nuevamente, ha quedado en evidencia por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal que han dejado 27 personas fallecidas, 3 desaparecidas, cientos de viviendas dañadas y miles de personas albergadas.

Ante esta emergencia la reacción del gobierno central ha sido de total improvisación, pues los avances logrados en el establecimiento de un Sistema de Protección Civil fueron desarticulados. Además, durante la gestión del presidente Nayib Bukele no hemos conocido que existan planes de contingencia frente a fenómenos hidrometeorológicos, con los cuales algunos de los daños podrían haberse evitado.

Vemos con preocupación que la Política Ambiental, de ninguna manera, ha sido prioridad para este gobierno durante su primer año de gestión. La destrucción de los ecosistemas continúa, como por ejemplo en el proyecto “Valle en Ángel,” en la región norte de San Salvador, donde se destruye una importante zona de recarga acuífera para establecer un complejo urbanístico. La incapacidad para proveer agua a la población, en cantidad suficiente y calidad aceptable, es otro ejemplo de la mala gestión ambiental de este gobierno y algo que debió preverse para responder adecuadamente a la pandemia de covid19.

En lugar de enfocar esfuerzos para abordar estratégicamente la problemática ambiental del país, el presidente Bukele se ha dedicado a confrontar con los demás órganos de Estado. Los ataques también han sido dirigidos a medios de comunicación, instituciones académicas y a organizaciones de la sociedad civil. Esta situación está llevando al país en un franco retroceso, en cuanto al funcionamiento democrático y al respeto de los derechos humanos de la población.

En estas circunstancias el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, en particular las reivindicaciones ambientales se vuelven más difíciles y el riesgo para las personas defensoras aumenta. Por tanto, hoy más que nunca, respaldamos sus exigencias al Estado salvadoreño, en el sentido de:

1. Aprobar la Ley General de Aguas, con participación y gestión comunitaria.
2. Aprobar una Ley de Soberanía Alimentaria que fortalezca la producción nacional de alimentos, con equidad de género y que garantice el derecho a la tierra para los campesinos y campesinas.
3. Ratificar la reforma al artículo 69 de la Constitución reconociendo el Derecho Humano al Agua y la Alimentación.
4. Garantizar el cumplimiento de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica.
5. Prohibir el uso de agroquímicos y las quemas en los cultivos de caña de azúcar y frenar la expansión de este monocultivo.
6. Crear una verdadera política ambiental, que garantice la protección de los bienes naturales comunes como el agua, la biodiversidad, el suelo y el aire.

Finalmente, como organizaciones con sede en los Estados Unidos, nos comprometemos a educar al público y a los funcionarios electos sobre estos temas críticos. Continuaremos organizando la oposición a políticas del gobierno y corporaciones de los Estados Unidos que socaven la sostenibilidad ecológica y la justicia económica en El Salvador, por ejemplo, al promover proyectos de privatización o infraestructura que representen un riesgo para el medio ambiente, pongan en peligro la salud y el bienestar de las comunidades locales o violen la soberanía nacional.

San Salvador, 5 de junio de 2020

-Comite en Solidaridad con El Pueblo de El Salvador (CISPES)

-Fundacion SHARE

-Voces en la Frontera

-Red Ciudades Hermanas El Salvador - Estados Unidos