Informe Especial: 21 acusados en el caso P3 en el que perdió El Salvador $ 1.8 millones en fondos estatales

Noticias

El Fiscal General de El Salvador ha acusado a 21 exfuncionarios gubernamentales y miembros de la élite empresarial salvadoreña de malversación y falsificación de documentos con ocasión del contrato de asocio público-privado (APP) firmado en el año 2002, que permitió a la empresa energética italiana Enel Green Power hacerse cargo de la empresa estatal de energía geotérmica. El caso marca una de las mayores investigaciones de corrupción jamás llevadas a cabo contra exfuncionarios gubernamentales en la historia del país. El Fiscal General ha calculado las pérdidas del Estado en $1.824.929,05 como consecuencia del contrato firmado en nombre del Estado con Enel. El Fiscal General convocó una comisión especial en febrero para investigar el caso, a petición del Presidente Funes, quien se ha negado a aceptar la decisión adoptada en enero por la Cámara Internacional de Comercio para permitir a Enel la compra de una mayoría de acciones de la compañía nacional de energía. Calificando el contrato de “privatización encubierta”, Funes pidió una investigación sobre el contrato que autorizaba el paso de esta lucrativa empresa pública a manos privadas. “Que la Procuraduría General esté llevando un caso de corrupción a juicio es muy positivo, cuando venimos de un contexto previo en el que pocos casos de corrupción llegaban a ser procesados”, señaló Abram Abrego de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD). Un informe de la Asamblea Nacional recomendó que el expresidente Francisco Flores, del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) fuera procesado por su papel en la supervisión de la operación durante su mandato de gobierno. Si bien el nombre de Flores no figura en la investigación del Procurador General de la Nación, entre los acusados se encuentran el cuñado del expresidente, José Antonio Rodríguez Rivas, y Pedro José Escalón Pacas, cuñado de otro expresidente de ARENA, Armando Calderón Sol. La lista también incluye a varios exmiembros de la junta directiva de la empresa pública de energía propietaria de LaGeo, nombrados durante pasados gobiernos de ARENA y líderes empresariales de este partido. El Fiscal General ha pedido la inmediata detención de los nueve acusados de malversación de fondos y la congelación de activos y cuentas bancarias de los 21 sospechosos, pero la decisión recaerá en el juez que lleva el caso. “Esto significa que había un plan desde el Gobierno, desde el gobierno del Presidente Flores, de vender LaGeo a un precio irrisorio y transferir las pérdidas al Estado”, afirmó el presidente Funes. Pisando los talones de las principales acusaciones de corrupción presentadas contra 18 empresarios y exfuncionarios del gobierno de Tony Saca, de ARENA (candidato a la presidencia en la actualidad con la coalición de derechas UNIDAD), las acusaciones relacionadas con LaGeo son la última batalla en la cruzada del gobierno actual contra la corrupción y el clientelismo de anteriores administraciones, que han robado al Estado salvadoreño sumas incalculables de fondos públicos. El robo de recursos del Estado, que comenzó con una ola de privatizaciones en la década de 1990, puso a la opinión pública en contra de las privatizaciones en El Salvador. En la actualidad, el país se encuentra bajo una enorme presión del Departamento de Estado de EE.UU. para que abra sus industrias estatales restantes a nuevos APPs. Las amenazas de la Embajada de EE.UU. de retener la financiación de la Corporación del Reto del Milenio (MCC) obligó a la aprobación de una polémica Ley APP la pasada primavera, de la que el FMLN consiguió excluir servicios esenciales como la salud, el agua y la educación. Ahora, la embajadora utiliza de nuevo los fondos de la MCC para presionar reformas a la Ley APP, que podrían desbaratar los esfuerzos del FMLN para proteger algunos sectores clave. En este contexto, el escándalo que rodea al contrato de LaGeo es un triste y oportuno recordatorio de la tenue línea que separa el APP y las privatizaciones.

Similar Entries

Conozca algunas de los donates que hacen posible nuestro labor!

"Apoyo a CISPES porque continuar la lucha para la justicia social y un pais enfocado en el pueblo significa continuar el sueno y sacrificio de miles de mis compatriotas Salvadoreñas que dieron su vida por esta visión. - Padre Carlos, New York City

Recent Posts

In San Salvador, judges, legal associations, and activists march to the Legislative Assembly in defense of the Constitution and against recent reforms. Photo credit: FESPAD.

Homage to the victims of the massacre in the village of El Mozote, Morazan
Image: CISPES