Militarización De La Frontera El Salvador-Honduras Amenaza Derechos Humanos

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Chalatenango, military booth at the border

Soldiers walk near their quarters at the Chalatenango border, El Salvador. Photo credit: Radio YSUCA, Kenia Gómez

En el norte de El Salvador se encuentra Petapa, un cantón del municipio de El Carrizal, Chalatenango, con 800 habitantes que, hasta hace poco más de un año, sostenían una vida en común con las poblaciones hondureñas de El Zapote y Olosingo, con quienes sostenían relaciones familiares, productivas y comerciales.

Los escasos 100 metros que dividen estas comunidades están separados por tres puentes que cruzan el Río Sumpul, el cual a su vez define el límite geográfico entre ambos países. Sin embargo, desde el inicio de la emergencia por Covid-19, en marzo de 2020, todos los accesos fueron cerrados de forma indefinida con la instalación de un cerco militar, cortando la comunicación entre los pueblos fronterizos y sus habitantes.

Hace 41 años, el 14 de mayo de 1980, las fronteras ubicadas a la orilla del río también fueron acordonadas por el ejército para impedir el paso. Ese día, este afluente del Río Lempa fue escenario de la Masacre de las Aradas, también conocida como la Masacre del Sumpul, en la que al menos 300 refugiados en la zona fueron ejecutados a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, mientras intentaban cruzar la frontera hacia Honduras para protegerse.

Al igual que otros municipios fronterizos de Chalatenango que han denunciado la militarización de sus fronteras, la población de Petapa ha sufrido y continúa viviendo el impacto de la presencia militar en la comunidad. Esto a pesar de que han pasado aproximadamente 9 meses desde que el gobierno salvadoreño levantó las restricciones de las demás fronteras terrestres.

Así lo relató en una entrevista para CISPES un representante de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) Cantón Petapa, la cual está impulsando un esfuerzo para lograr la reapertura del paso fronterizo y el levantamiento del cerco militar, por considerarlo una violación de los derechos humanos de la comunidad, con graves repercusiones en la vida de sus habitantes.

¿Cuándo da inicio el cierre militar en la comunidad?

La presencia militar en la zona está desde 2010-2011, pero el cierre total de la frontera fue a raíz de la pandemia y de la cuarentena estricta propuesta por el gobierno de El Salvador en marzo del año pasado. Es ahí cuando se incrementa la presencia militar en la zona y se cierra el paso, tanto para las personas que van de El Salvador para Honduras, como de Honduras para El Salvador, afectando a ambas comunidades, pues tenemos terrenos, trabajo y ganado al otro lado.

La cadena nacional fue el 11 de marzo de 2020 por la noche, al día siguiente llega la policía, el alcalde, miembros de la Fuerza Armada, miembros de Protección Civil y personal médico y nos dicen que se va a reforzar la presencia militar y que se iba a cerrar la frontera por 15 días.  A algunos señores, les dieron hasta el día siguiente para ir a traer su ganado a Honduras. Después de que se levantó la cuarentena obligatoria, hubo gente que intentó cruzar el río y los soldados los detuvieron y les dijeron que tenían órdenes de que si veían cruzar a alguien le podían disparar.

La gente de la comunidad ha defendido a los jóvenes cuando los militares los han golpeado por intentar cruzar (la frontera). Y es que uno de los factores al que se le ha dado muy poca importancia es a las redes de apoyo entre comunidades. Con la ADESCO hemos hecho una estadística y cerca del 90% de la comunidad de Petapa tiene familiares en Honduras, prácticamente somos dos comunidades hermanas, las redes de apoyo se fortalecen entre ambas y esto se ha visto afectado. Hay personas de nuestras familias que viven solas y no las hemos podido ir a visitar, a pesar de ser sus parientes más inmediatos. A una señora se le murió la mamá y no le dieron permiso de ir al funeral, bien cabrón, porque te están limitando, te están prohibiendo hacer cosas, te están coartando la libertad de manera general.

Hay mucha gente con doble nacionalidad (salvadoreña y hondureña): En El Zapote, que son 40 familias, prácticamente el 95% tiene doble nacionalidad; en el caso de Olosingo, también una gran cantidad de personas tienen doble nacionalidad, podría ser un 40%. Del lado de El Salvador también hay mucha gente que tiene doble nacionalidad o que tiene a la familia del otro lado del río.

El cierre es más seguridad comunitaria -entre comillas-, más control.  Nosotros como ADESCO hemos tomado la posición de que no estamos en contra de que haya militares en la zona porque, en cierta medida, ha evitado el desarrollo de problemas sociales más grandes como la presencia de pandillas en la comunidad; pero estamos en contra del abuso de autoridad hacia los jóvenes, el acoso sexual a las jóvenes, y del cierre del paso fronterizo. Desde la ADESCO hemos tratado de entablar comunicación con ellos, incluso acordamos que íbamos a mejorar la comunicación entre Fuerza Armada y la comunidad a través de la ADESCO, pero siempre llegan con ese autoritarismo y arrogancia. Ellos van a la comunidad a poner orden y a controlar, pero la comunidad no necesita una fuerza de seguridad represiva. Están bien si van a estar ahí para que cuiden el narcotráfico que, por cierto, (los militares) llevan varios años en la comunidad y nunca han detenido a una persona que sea narcotraficante, es irónico, pero es lo que nos dijeron.

¿Qué ocurrió después de los primeros quince días del cierre por la cuarentena?

Hubo incertidumbre y miedo. La gente mayor criticó mucho algunas de las medidas porque les remontaron a la guerra entre Honduras y El Salvador, decían que ni en tiempos de guerra estaba prohibido pasar (a Honduras) así como hoy.  Entonces se generó un sentimiento de miedo a la autoridad, miedo de que te van a llevar si andás en la calle. El miedo dominó a muchas personas, se tomaron medidas como comunidad para evitar el contagio a nivel general, porque el virus existe y hay muchas medidas para prevenirlo, pero no necesariamente el cierre total como está hasta el momento.

Al principio eran alrededor de 15 a 20 agentes permanentes y los duplicaron, le aumentaron como 10 o 15, incluso crearon otra base militar en un caserío del cantón Petapa que se llama La Quesera, donde solo hay tres o cuatro familias, pero que une a El Zapote con Petapa. El cuido del río se duplicó en toda la extensión. Cada base tiene en su mando a un cabo y en Petapa hay un sargento.

Mucha gente no se arriesgó a pasar por miedo. A unos de Honduras les dijeron que tenían órdenes de disparar si pasaban y mucha gente no se quiso arriesgar, otra gente cruzaba pero tenían miedo de que si los agarraban cruzando, los enviarían a cuarentena a los centros de contención.

Era prohibido cruzar, sin importar si tiene DUI salvadoreño o no. Prácticamente quedamos aislados los unos de los otros porque estaba totalmente prohibido pasar.

Durante la cuarentena el presidente Nayib Bukele autorizó a las fuerzas de seguridad a usar la fuerza letal, ¿eso tuvo alguna influencia en la actitud de los militares hacia la comunidad?

Sí. Nosotros como ADESCO apoyamos el cierre del paso e impulsamos medidas, pero después las levantamos. Hasta el momento han habido casos de abuso de autoridad, personas golpeadas. Muchas veces te revisan los teléfonos.

¿Sin que vayás a cruzar (hacia Honduras)?

Ellos te registran, o si te van a golpear, te golpean por el simple hecho de que andés en la comunidad. Ese fue uno de los cuestionamientos que le hicimos a algunos sargentos, porque cuando estaba la cuarentena estricta el sargento de turno nos dijo que la labor de ellos era cuidar la zona limítrofe del país, que por eso no nos podían apoyar en el punto de sanitización a la entrada de la comunidad, pero ellos te ven en la noche y te paran y no lo hacen de una manera educada, te revisan el teléfono. Una persona andaba fotos de algo que había pasado en San Salvador y le cuestionaron por qué las andaba, le dijeron que si tenía involucramiento con pandillas, así que nosotros fuimos como ADESCO y les dijimos “no aceptamos que se haga abuso de autoridad en nuestra comunidad en ningún caso, porque aquí no hay pandillas, ustedes deben tener un informe claro de cuál es la realidad en esta comunidad para que ustedes vengan actuando de una manera diferente”.  Por momentos se logra una buena relación, pero de pronto golpean a un joven sin razón y lo encontramos con moretones en el pecho.

En una ocasión, nos visitó también la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por la misma cuestión del cierre del paso fronterizo y la violación de muchos derechos, y les hablamos de este abuso de autoridad que se estaba presentando en la comunidad.

Al comenzar la reapertura en agosto de 2020, ¿no se levantó el cerco ni el bloqueo?

No, incluso cercaron los puentes hamaca con alambre de púas y conos, a fin de que no pudiera cruzar ninguna persona (hacia Honduras). Y hasta el momento no se ha levantado eso.

Hay unas personas, que no sabemos quiénes son, pero que han cortado cuatro veces el alambre de púas en la parte principal del puente de hamaca para el paso peatonal. Entonces, el 7 de marzo (2021) llega un sargento y toma la decisión de que como les están quitando el alambre de púas, ellos van a quitar las tablas del puente hamaca, para que no puedan cruzar.

Ese mismo domingo, nosotros nos movilizamos para el puente hamaca y nos salió un soldado diciéndonos que ellos no habían sido, pero se justificaban que porque les habían cortado cuatro veces el alambre de púas y nos querían comprometer a nosotros como ADESCO a que le dijéramos a la comunidad que no cruzara, algo que no nos compete, pero ellos habían dañado una infraestructura de la comunidad. 

Cuando llegamos donde el sargento nos dijo lo mismo, que habían sido 4 veces que habían cortado el alambre de púas y que ellos no habían sido (quienes quitaron las tablas). Acudimos donde el coronel Rodríguez de la 4a. Brigada de Infantería que está en El Paraíso y que tiene a cargo ese lugar, el DM1 y el DM2, y al parecer bajó y les dio la orden de que colocaran las tablas nuevamente. Sin embargo, solo hicieron eso, colocarlas y no más.

Nosotros alegábamos como ADESCO que la Fuerza Armada estaba destruyendo un inmueble de la comunidad, porque ese puente hamaca fue construido en la década de los 90 por gestiones de la ADESCO y organizaciones hondureñas. No nos resolvieron mucho, pero logramos que cambiaran al sargento por la manera en que había actuado, porque de cierta manera también nos faltó el respeto como ADESCO.

Los soldados quitaron el alambre de púas pero el paso no está abierto. Te dicen que no podés pasar, el puente vehicular sigue cerrado y no comprendemos por qué. Teníamos la esperanza de que después de las elecciones se abriera, ya que en algunos municipios esto era un poco más electoral, pero al parecer estamos un poco lejos de eso. No nos dan esperanzas de que se vaya a abrir.

¿Cómo impacta el aumento de la presencia de militares y el cierre del paso fronterizo a las comunidades, tanto en El Salvador como en Honduras?

Ha impactado negativamente en los negocios, las comunidades dependen una de la otra para los negocios. Muchas de las cosas que venían a comprar desde Honduras las vendían a este lado (El Salvador), incluso las funerarias mismas se han visto restringidas: hubo una persona fallecida y la funeraria fue al puente vehicular a pedir permiso para pasar el ataúd, y la familia lo estaba esperando del lado de Honduras, y no los dejaron pasar, les tocó pagarle a unos jóvenes de la comunidad para que vigilaran que no hubieran soldados y poder pasar el cajón y todo lo que el servicio funerario incluye, de mojado lo cruzaron.  Es bien triste, las relaciones familiares y las redes de apoyo se han perdido o se han roto, porque si bien es cierto la tecnología ayuda a acercarnos, no es lo mismo que ir y visitar.

De igual manera, ha habido una violación al derecho humano a la salud, porque había gente que tenía cita en clínicas públicas o privadas de Chalatenango o San Salvador y no le permitieron el paso durante la cuarentena y meses después. Hasta hace poco han comenzado a dar permiso a estas personas. También el derecho a la educación, hay gente en Honduras que tiene a sus hijos e hijas estudiando a este lado y no les permitían ni pasarles las tareas. Este año, el director les ha entregado (a los militares) un listado de las personas estudiantes para que pasen por el puente hamaca. Nos pone en una situación difícil para la comunidad. Se han perdido los terrenos y ganado. Ante esto nos encontramos: ante la militarización, ante la violación de derechos humanos fundamentales que está repercutiendo en la vida de muchas personas, además de los efectos psicológicos que ha tenido la pandemia en las familias.

¿Cuál es, a tu juicio, la causa de que el paso continúe cerrado?

Estamos analizándolo, porque nos afecta a las comunidades en gran medida. Creo que más responde a políticas gubernamentales autoritarias e inhumanas, porque ya no tiene caso que esté cerrado, está afectando a las comunidades y su trabajo.  Albañiles de Petapa que iban a construir al lado de Honduras se han visto afectados, no logran trabajar. Además de eso, preocupa el hecho de faltarles el respeto a las comunidades llamándoles narcotraficantes, el irrespeto a la dignidad humana también se ve reflejado.

¿Por qué creés que se ha cerrado Petapa permanentemente y no los puntos fronterizos de otros municipios?

No tiene sentido y no lo comprendemos. En un principio la comunidad entendió que, de cierta manera, era para evitar los contagios como decía el discurso de él (Bukele). Nos hemos reunido con la vicegobernadora de Chalatenango, nos hemos reunido con el comandante de la 4a. Brigada, el actual y el anterior, con el gobernador de Chalate y no nos dan respuesta sobre por qué se mantiene cerrada la frontera.  Ellos dicen que tienen que esperar la orden del Estado Mayor para poder reabrir estos espacios.

En una reunión con líderes y lideresas de la comunidad que convocamos como ADESCO, en la que habíamos invitado al gobernador, al alcalde y al representante de Salud, proponíamos que se reabriera y que si el problema eran los contagios, se pusiera un punto de sanitización con el cual el alcalde de El Carrizal se comprometió, “si ustedes abren, nosotros colocamos a una persona de la alcaldía para que esté sanitizando y entregando mascarillas a las personas que no las portan, pero es urgente que se abra”, les dijo. Desde entonces, nos hemos quedado en pláticas y diálogos con las autoridades, pero no hemos tenido mayor respuesta o acuerdos con ellos.

En las últimas elecciones, el FMLN obtuvo el 54% de los votos en El Carrizal y ahora es uno de los pocos municipios en los que ese partido conserva la alcaldía, ¿creés que la inclinación político-partidaria de la comunidad influye en las medidas que se están tomando en la localidad?

En San Fernando el candidato de Nuevas Ideas llegó a la reunión donde estábamos el 15 de enero y le pidió al comandante de la 4a. Brigada que aumentara la presencia militar porque al día siguiente se celebraban los Acuerdos de Paz y dijo que el párroco había convocado a ambas comunidades a manifestarse. Creo que de cierta manera ha influido la cuestión política, sin embargo, nosotros nos cuestionábamos, ¿por qué si el presidente dice tener tanta popularidad dentro del país, le teme a que estas personas vengan a votar? Incluso en El Carrizal hubo gente del lado de Honduras que vino a votar por Nuevas Ideas, pero eso no hizo mayor diferencia. Entonces creo que sí ha influido el aspecto político-electoral, pero al menos en estos municipios, no ha tenido mucha relevancia, incluso creo que algunas personas que esta vez votaron por el FMLN y nunca antes le habían votado, fue debido a las medidas de cierre que se habían tomado. Decían cosas como “este gobierno me está jodiendo, no podemos darle más poder en la Asamblea Legislativa, no podemos darle tantos alcaldes, vamos a optar mejor por lo que ha habido y por los que han estado luchando por la reapertura”; igual mucha gente decía “este gobierno ha venido a afectar a mi familia, este gobierno ha venido a perjudicar mi negocio”, eso incidió en alguna población.

¿Qué soluciones propone la comunidad para esta situación?

La solución más viable que veíamos en noviembre era la reapertura, si no la vehicular, pero al menos libre tránsito por el paso peatonal de los puentes hamaca, y colocar a una persona para sanitizar y entregar mascarillas. Esa es la solución que vemos por el bien de la comunidad, de las familias, y por respeto a los derechos universales.

También nos reunimos con líderes y lideresas de la comunidad, y la propuesta fue crear una campaña de concientización hacia la población joven, para darle a conocer sus derechos. No estamos a favor de que se les falte el respeto a las autoridades, pero también hay muchas ocasiones en que han actuado de manera injusta hacia los jóvenes, golpeándolos, intimidándolos y demás.

¿Qué perspectivas le ven a esta problemática? ¿Cómo consideran que evolucionará?

No vemos mayores posibilidades de una reapertura, tristemente. Lamentablemente, no vemos  esta posibilidad, ya que se mantiene la emergencia por la pandemia, que fue la razón por la que nos limitaron el paso.  Desde la ADESCO, vamos a seguir entablando conversaciones con los altos mandos, en la medida de lo posible, pero no vemos mayor solución sino se da desde la presidencia. Pareciera que por capricho va a seguir. Esperamos que se abra pronto pero también estamos siendo un poco realistas.


 

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