Ambiente de rechazo marca el inicio de la implementación del bitcóin en El Salvador

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Plantilla vista en las calles de San Salvador en rechazo al bitcoin
Foto: CISPES

En medio de críticas e incertidumbre, el bitcóin comenzó a circular como “moneda de curso legal irrestricto” en El Salvador el 7 de septiembre, instalándose como un medio de pago e intercambio de uso obligatorio.

De acuerdo con una encuesta publicada por la Universidad José Simeón Cañas (UCA) el pasado 2 de septiembre, la imposición de la criptomoneda, promovida por el presidente Nayib Bukele y aprobada por la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa de forma expedita, es rechazada por 8 de cada 10 salvadoreños.

El descontento con la implantación del bitcóin también se ha visto reflejado en concentraciones organizadas por diversos sectores de la sociedad civil y el movimiento popular para expresar su rechazo a la medida.

Bukele asegura que la criptomoneda traerá beneficios para la economía del país y que será de utilidad para diversas transacciones, como el envío de remesas. No obstante, expertos en economía han cuestionado la decisión debido a la alta volatilidad del bitcóin y su naturaleza no regulada, lo cual podría representar graves riesgos, dado que su valor depende de la especulación y carece de respaldo.

Para el analista Cèsar Villalona, “el bitcóin no sirve para resolver los problemas fiscales, porque (el país) no puede emitirlos para prestar al gobierno”, por lo que el criptoactivo, afirma, únicamente sirve para “lavar dinero mal habido y hacer negocio con los cajeros y con la especulación”. 

Villalona asegura que, a pesar de que se comience a utilizar el bitcóin, “el gobierno va a tener que reducir sus gastos o aumentar carga impositiva” para conseguir el faltante de dinero para cubrir el año. Agrega que para este gobierno “la única política fiscal es la deuda pública, conseguir préstamos y gastar dinero”, especialmente “para aumentar el gasto militar, que solo en este año incrementó en 50 millones”.

Por otra parte, señala que si la ley aprobada en junio es la que entra en vigencia “puede entrar un gran caos”, dado que se alteraría “la estabilidad de precios y la estabilidad cambiaria”. “Estamos entrando en un casino (...) esta realidad cambiará todo, si entra asì habría una especie de convulsión”, alerta.

A la fecha, la administración de Bukele ha solicitado alrededor de $200 millones para la implementación del bitcóin, mientras que ha reformado el presupuesto 2021 para hacer recortes a los ministerios de Salud, Educación, Obras Públicas, Economía y Justicia, por un total de $136 millones que serán utilizados para pago de remuneraciones, bienes y servicios, y para cubrir subsidio al gas propano.

Algunos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo también han alertado de los riesgos de la adopción de la criptodivisa como moneda curso legal. Previo a la aprobación de la Ley Bitcoin, el gobierno estaba negociando un acuerdo con el FMI que contemplaba una serie de ajustes económicos y fiscales, y que se ha entorpecido tras el anuncio de dicha normativa.

Al respecto, Villalona plantea que con un endeudamiento público del alrededor del 92% del PIB, “si se reduce mucho la dependencia del dólar, disminuirían drásticamente las importaciones y se dificultaría el pago de la deuda”. “Hay que tomar en cuenta que el 65% de las importaciones son de materia primas y bienes de capital, por lo que su disminución podría afectar la actividad productiva interna, resultando en una baja de producción y aumento del desempleo”, agregó.

Si bien la nueva Ley establece que todo agente económico “deberá aceptar bitcóin como forma de pago", el presidente Bukele ha insistido en reiteradas ocasiones que su uso será opcional; lo anterior contradice declaraciones hechas por el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, quien dijo en una entrevista televisiva que aquellos empresarios que no utilicen la billetera del gobierno, Chivo Wallet, y se nieguen a hacer transacciones con bitcóin, estarían sujetos a sanciones de ley.

El gobierno también anunció que otorgará un incentivo equivalente a $30 en la criptomoneda a cada persona que se registre en la billetera virtual y comunicó que instalaría 200 cajeros automáticos vinculados con la misma. Ambas iniciativas serían financiadas como parte del Fideicomiso del Bitcóin aprobado por la Asamblea.

Por otra parte, el 6 de septiembre, Bukele informó a través de su cuenta de Twitter que el país adquirió 200 nuevos bitcóins, con lo que contaría con un total de 400, más no dió detalles de la procedencia de los fondos para adquirirlos.

Cientos de personas convocadas por organizaciones de diversa índole se manifestaron el 7 de septiembre en contra de la entrada en vigencia de la ley, con consignas como “No queremos el bitcóin en El Salvador”, “Bitcóin igual a corrupción” y “no al lavado de dinero corrupto”, así como otras demandas relacionadas con frenar la militarización y el autoritarismo de la administración Bukele.

Según una encuesta publicada por LPG Datos, “el 76.6% de los salvadoreños opina que lo más conveniente para el país es que se use una sola moneda; de estos, el 78% señala que debería ser el dólar, el 8% el colón y el 2.8% por el dólar o el bitcóin”.

 

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