Mientras la derecha corre a privatizar recursos hídricos, movimientos sociales resisten

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Líderes del movimiento social manifiestan en contra de la privatización del agua. Fuente: Foro de Agua.

Desde la aprobación histórica de la prohibición de cualquier minería metálica en El Salvador, los movimientos ambientales y sociales han seguido movilizando entorno a otra vieja demanda- una Ley General de Agua que sostenga el acceso al agua como un derecho humano y que garantice el control comunitario, equitativo sobre los preciosos recursos hídricos. Sin embargo, en un intento de quitarles la ventaja a estos movimientos, los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa han presentado su propia propuesta acerca de la regulación de recursos de agua. Los movimientos sociales y ambientales, quienes han empujado la Ley de Agua desde el 2006, han rechazado la propuesta de la derecha y la han denunciado como un intento de privatizar el agua.

La propuesta del sector privado, llamada “Ley Integral de Agua”, fue introducida por los partidos de derecha ARENA, GANA, PNC y PDC, y crearía una institución privada responsable de manejar y regular el agua en el país. Esta institución estaría compuesta por 2 representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), 2 de la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES), y 1 del  gobierno. Esta estructura esencialmente daría control de los recursos de agua del país a la elite empresarial, porque ambos ANEP y COMURES están controladas por el oligarquía económica. Si esta ley pasará, estaría una privatización furtiva de los recursos hídricos en el país.

La lucha sobre la privatización del agua no es algo nuevo en El Salvador. La privatización de recursos hídricos ha sido un objetivo do largo plazo de la elite empresarial de la derecha, y recientemente  intentaron incluir agua en la Ley de Asocios Públicos Privados del 2013. Durante ese tiempo el movimiento social y el partido de izquierda FMLN exitosamente lucharon para prevenir intentos de privatizar el agua, y al final el agua y otros servicios públicos esenciales como educación y salud fueron excluidos de la Ley de Asocios Públicos Privados.

Este nuevo intento ha sido enfrentado con un estridente “NO” por el movimiento social, además de varias instituciones públicas respetadas. Carlos Flores, un representante del movimiento popular el Foro del Agua, dijo “Estamos listos para estar en la calle y para boicotear cualquier intento de privatización del agua.” El Foro del Agua ha consistentemente mantenido el derecho humano al agua y ha luchado para asegurar que el agua se mantiene como un bien público y no un producto. El movimiento sindical, dirigido por trabajadores organizados de la agencia pública de agua ANDA, también ha salido a las calles a defender el derecho al agua porque el intento de privatizar el agua amenaza la subsistencia de los trabajadores del ANDA pero también el acceso al agua para todos los salvadoreños.

Adicionalmente la fuerte y enfurecida respuesta del movimiento social a la propuesta de la derecha se ha enfrentado a una condena por la Universidad de Centroamérica (UCA) y la Procuraduría de Derechos Humanos (PPDH). En una declaración, la UCA mantiene que “Priorizar la comercialización del agua cuando tanta gente carece de ella es simple y sencillamente una traición al espíritu democrático y al texto de la Constitución, que exige el bien común y la justicia social.” La Oficina de la Procuradora de Derechos Humanos también fue fuerte en reconocer que el agua es un derecho humano y que sí debe mantener en manos públicas.

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