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2 de febrero de 2024

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Manuel Guzmán, [email protected]
Alexis Stoumbelis, [email protected]

El Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), el Hope Border Institute, y el Grupo de Trabajo para América Latina (LAWG) expresan sus serias preocupaciones ante las elecciones ejecutivas, legislativas, municipales, y del Parlamento Centroamericano en El Salvador, programadas para el 4 de febrero y el 3 de marzo de 2024.

Las próximas elecciones determinarán si El Salvador se transformará de una democracia pluralista a un sistema de gobierno de un solo partido. Estas elecciones se llevarán a cabo en un contexto de retrocesos democráticos en el país, que incluyen la socavación de la separación de poderes y la constitución por parte del Presidente Bukele y su mayoría en el Congreso, la represión contra opositores políticos y líderes ambientales y sociales, violaciones generalizadas de los derechos humanos y del debido bajo un Estado de Excepción que se ha vuelto la norma, y la debilitación de los controles y equilibrios a nivel municipal, judicial y legislativo.

Ante este panorama, expresamos seis serias preocupaciones que cuestionan la equidad, transparencia, y naturalize libre de estas elecciones:

1. Primero, y más destacable, está la candidatura del Presidente Bukele, postulándose basando en una cuestionable decisión de la Sala de lo Constitucional que revirtió una jurisprudencia de décadas para interpretar artículos de la Constitución salvadoreña que prohíben la reelección presidencial en favor de Bukele.

2. Segundo, las preocupaciones sobre la independencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y su capacidad para ejercer un control ejecutivo sobre las elecciones y certificar resultados creíbles, ya sea debido a la lealtad de sus miembros al partido gobernante o a amenazas e intimidación.

3. Tercero, una serie rápida de reformas por la Asamblea Legislativa que incluyen la reducción de escaños, un cambio en la fórmula electoral para determinar ganadores y la reducción de municipios en el último año anticipan la eliminación del pluralismo político en el sistema político, fortaleciendo aún más el control del partido dominante.

4. Cuarto, el nuevo sistema electrónico para votar en el extranjero, que si bien aumenta el acceso al voto para los salvadoreños en la diáspora, tal vez no contiene los sistemas de verificación necesarios para comprobar quién vota o para asegurarse que cada votante emita solo un voto, ha permitido una votación generalizada durante la campaña electoral y dirigirá desproporcionadamente los votos legislativos hacia las contiendas en San Salvador, en detrimento de los partidos de oposición.

5. Quinto, la colusión entre instituciones públicas y el partido Nuevas Ideas, así como la falta de disposición del gobierno para dar los fondos necesarios a las campañas de oposición, genera preocupaciones sobre la equidad durante la campaña.

6. Por último, la suspensión de derechos constitucionales y el ambiente de miedo y persecución creado mediante una intensa militarización de la sociedad genera preocupaciones sobre si los salvadoreños sienten que son libres de emitir su voto; el sufragio también se verá negado a los más de 60,000 salvadoreños que han sido encarcelados sin juicio bajo el Estado de Excepción.

El enfoque populista del Presidente Bukele, respaldado por percepciones mejoradas de seguridad basadas en una represión masiva de los derechos humanos, lo ha protegido de escrutinio internacional. Sin embargo, esto no puede justificar un ataque al derecho del pueblo de El Salvador a elecciones libres y justas.

Instamos a misiones internacionales de observación a prestar atención a los niveles de participación en áreas fuertemente impactadas por las políticas de Estado de Excepción, así como a las Estados Unidos, la Unión Europea y otros actores internacionales a reevaluar su enfoque hacia El Salvador, reconociendo la voluntad popular y las precondiciones que ponen en duda las elecciones.

Continuamos con nuestro llamado a la comunidad internacional a escuchar y acompañar la sociedad civil y actores basados en la fe en el país para continuar fortaleciendo la democracia, asegurar el respeto por los derechos humanos y abordar las condiciones subyacentes que llevan a muchos a migrar.

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El Instituto Fronterizo Esperanza (HOPE) aporta la perspectiva de la enseñanza social católica a las realidades únicas de nuestra región fronteriza entre Estados Unidos y México. A través de un proyecto de investigación e incidencia política, desarrollo de liderazgo y acción, trabajamos para construir justicia y profundizar la solidaridad en toda la frontera. Obtenga más información en www.hopeborder.org.

Fundado en 1980 para exigir el fin del apoyo de Estados Unidos al régimen militar salvadoreño, el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) es una organización nacional de base que acompaña al movimiento popular salvadoreño en su lucha por la democracia participativa y la justicia social y económica. Obtenga más información en www.cispes.org.

El Grupo de Trabajo para América Latina (LAWG) moviliza a ciudadanos preocupados, organizaciones y redes para exigir políticas justas de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe. Educamos al público sobre el impacto de la política exterior y de inmigración de Estados Unidos y el poder ejecutivo. Trabajamos con socios de la sociedad civil en América Latina para apoyar sus campañas de derechos humanos y asegurarnos de que sus voces sean escuchadas en los debates políticos que tienen lugar en Washington, D.C., pero que dan forma a la vida de millones de personas en toda la región. Obtenga más información en lawg.org.region.