El 3 de noviembre, después del voto del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador a favor de su candidatura a la reelección, el presidente actual Nayib Bukele se dirigió a Twitter para declarar que su candidatura era "legal" y "sin votos en contra". Detrás de esta propaganda celebratoria  de Bukele existe un ambiente de intimidación y miedo entre los magistrados del TSE y una serie de peticiones formales presentadas al Tribunal por grupos de la sociedad civil e individuos que instan a los magistrados a rechazar la candidatura de Bukele por violar porla Constitución salvadoreña que prohíbe los mandatos presidenciales consecutivos. Es la primera vez desde la creación del TSE en 1991 que un presidente en ejercicio presenta una solicitud de reelección y la primera vez desde las reelecciones del entonces dictador militar Maximiliano Hernandez Martinez en las elecciones fraudulentas de 1935, 1939, y 1944.

Dos días antes de la aprobación del TSE de la candidatura de Bukele, Julio Olivo, el único de los cinco magistrados que se abstuvo en la votación, compartió públicamente que existe un ambiente de temor entre sus colegas. En una entrevista transmitida por el canal de televisión TVX, habló con franqueza sobre las repercusiones políticas que ha enfrentado durante estos meses previos a las elecciones presidenciales y legislativas programadas para el 4 de febrero de 2024.

Durante la entrevista, Olivo señaló que él y sus colegas se enfrentaron a fuertes presiones para aprobar la solicitud de Bukele de competir como candidato presidencial del partido Nuevas Ideas. Tal vez lo más importante, Olivo resaltó una reforma a la ley de fraude electoral aprobada este año por la Asamblea Legislativa aliada a Bukele. La reforma define la "obstaculización de la inscripción legalmente permitida de un candidato" como un delito sancionable con hasta quince años de prisión. Olivo, quien también fue Decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la la Universidad de El Salvador, indicó que el voto de un magistrado del TSE en contra de la candidatura de Bukele podría bastar para que el Fiscal General actual, aliado de Bukele, ordenara su detención en virtud de la nueva ley.

En referencia a la Fiscalía General de la República, Olivo hizo la pregunta "¿Vendrían a realizar una detención en base a un voto que emite [un magistrado del TSE]? ¿Cómo va a votar usted si le caen 15 años de prisión?". Dos días después, Olivo se abstuvo, en lugar de votar en contra de la candidatura de Bukele.

Más allá de las amenazas legales, Olivo destacó que el Fiscal General no ha completado una investigación tras una protesta llevada a cabo en 2020 por simpatizantes del partido de Bukele, Nuevas Ideas, en la que los manifestantes encerraron a los magistrados del TSE en su edificio para presionarles a que permitieran la inscripción de sus candidatos. También habló de recibir amenazas de muerte con regularidad que la Fiscalía no ha investigado y relató experiencias de trato perjudicial por parte de otras instituciones gubernamentales, como el Ministerio de Hacienda.

Olivo, quien ingresó al TSE por designación del partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y fue presidente del Tribunal entre 2014 y 2019, ha ganado notoriedad por ser la única persona del TSE que se ha pronunciado en contra de la consolidación de poder de Bukele. Durante la entrevista, mostró su aislamiento dentro del TSE al exponer a un compañero magistrado, Luis Guillermo Wellman Carpio, que ha declarado que no votará en contra del gobierno de Bukele en ningún asunto que llegue al TSE, posición con la que Wellman está tan comprometido que le dio permiso a Olivo para repetirla en televisión.

La decisión de Olivo de pronunciarse contra la candidatura de Bukele lo ha puesto en grave peligro en un Estado cada vez más autoritario que ya ha criminalizado a opositores políticos, activistas y ambientalistas. Sus últimas palabras, además de alertar sobre la erosión de las normas democráticas que están dando lugar a una dictadura, fueron dirigidas a su pequeña hija. "Le pido disculpas a mi hija por los riesgos que me debo de tomar, y no sé si, en algún momento dado, ella tendrá que hacer sacrificios también por el papel de su padre".

La Constitución de El Salvador prohíbe expresamente los mandatos presidenciales consecutivos. Sin embargo, en 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un polémico fallo con el que pretendía legitimar el intento de reelección de Bukele. Los aliados de Bukele en la Asamblea Legislativa habían instalado ilegalmente a los magistrados de la Sala meses antes, el 1 de mayo de 2021, en una sesión nocturna que los movimientos sociales populares salvadoreños y organizaciones internacionales denunciaron extensamente como un golpe judicial, incluyendo denuncias de la Embajada de Estados Unidos y de la Vicepresidenta Harris.

Previo a la solicitud oficial de Bukele para inscribirse como candidato, individuos y representantes de diversos sectores de la sociedad salvadoreña, desde abogados, grupos de movimientos sociales y colectivos de salvadoreños residentes en el exterior, hasta partidos políticos de oposición, presentaron cartas abiertas y peticiones formales al TSE, pidiendo a los magistrados que rechacen la solicitud de Bukele; otras peticiones fueron presentadas después de la votación, exigiendo al TSE que anule su decisión. Según los representantes del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, "la Constitución es clara. Hay varios artículos de la Carta Magna que prohíben la reelección continua. Sin embargo, a pesar de esa prohibición literal que dice la Constitución, [Bukele] llegó a inscribirse".

En una carta abierta el 30 de octubre, grupos y colectivos de salvadoreños residentes en el extranjero también pidieron la anulación de la inscripción de Bukele, expresando su apoyo a "los grupos del movimiento social en El Salvador, liderados por campesinos, jóvenes, trabajadores y trabajadoras organizadas e injustamente despedidos, víctimas inocentes del régimen de excepción, profesionales del derecho y colectivos de la sociedad civil, quienes también están alzando su voz" para rechazar la candidatura de Bukele como inconstitucional.

Por su parte, la Administración Biden ha cambiado de tono y ha optado por respaldar la candidatura de Bukele, ignorando la diversidad de denuncias de la sociedad civil, los abogados y los especialistas en derecho constitucional. En una entrevista posterior a la aprobación del TSE de la candidatura inconstitucional, el Embajador de Estados Unidos William Duncan aplaudió la administración de Bukele por promover la inversión extranjera de Estados Unidos, y dijo que no preveía ninguna incertidumbre política a causa del próximo proceso electoral.

Esta declaración se produjo después de que el Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, se reuniera con Bukele en la Casa Presidencial en los días previos a su inscripción. Los comentarios de Nichols en Twitter y a la prensa tras la reunión coincidieron con la narrativa de Bukele: que este es un asunto que puede decidirse en las urnas. Sus comentarios mostraron el claro apoyo de Estados Unidos a Bukele de cara al futuro.