Por Hilary Goodfriend

Este artículo fue originalmente publicado en NACLA, ver el original aquí.

En la tarde del 9 de agosto, Joel Ernesto Ramírez Acosta, alcalde del pequeño pueblo del suroeste de Tacuba, El Salvador, fue detenido después de traspasar un reten policial. Fue detenido, acusado con manejar bajo los efectos del alcohol, en posesión de dos armas ilegales, y en la compañía de supuestos pandilleros.

El incidente salió en los periódicos nacionales. Pero para los residentes de Tacuba, el alcalde Ramírez tiene mayores crímenes de los cuales responder. Por más de una década, el alcalde ha luchado contra siete comunidades de Tacuba sobre la posesión del sistema local de agua que provee agua potable a más de 1,000 habitantes.

“Ya fuera tiempo que estuviera capturado,” declaró el residente de Tacuba de 66 años José Gabriel Amaya en una entrevista después de su arresto. “Nosotros nos preocupa porque cualquier cosa pueda suceder, si él no anda en su buen estado, qué cosa nos puede hacer con esas armas.” En una conferencia de prensa que tuvo lugar en las afueras de la oficina del Fiscal General en la capital de San Salvador días después de la detención del alcalde, Amaya llamo por justicia. “Como que somos nosotros terroristas nos trata, porque defendemos el derecho humano al agua,” dijo a los medios.

“Existe en diferentes puntos del país una guerra, o conflictos, por el agua,” dijo Karen Ramírez de la organización PROVIDA basada en San Salvador, que es parte de la coalición nacional el Foro del Agua, la cual ha estado acompañando las comunidades de Tacuba en los cortes, los medios y en las calles. “Al final la gente lo que hace es resistir, la lucha como en el caso de las comunidades de Tacuba que les han llevado preso, los han, han vivido todo un proceso difícil con sus familias.”

La lucha en Tacuba ocurre dentro de un vacío legal generado por décadas de desregulación en El Salvador, donde organizadores están luchando por una Ley del Agua al nivel nacional para defender el recurso escaso de la privatización, la contaminación y la disminución. También se desarrolla después de la reciente victoria histórica ambientalista en la cual El Salvador fue el primer país en el mundo de implementar una prohibición nacional sobre la industria de minería metálica, justo después de que el gobierno salvadoreño venció a la empresa transnacional minera (PacificRim, la cual fue comprada por la empresa australiana Oceana Gold) en el controversial tribunal de disputa inversionista-estado del Banco Mundial. La campaña anti-minera fue una batalla para que el agua valga más que el oro.

Represión y Resistencia en Tacuba

Las comunidades de Tacuba comparten una historia larga y difícil. Es la sede de algunas de las concentraciones más grandes del pueblo indígena Pipil, el pueblo fue el enfoque de una de las masacres más grandes de América en 1932. Siguiendo una fracasada insurrección en contra de la dictadura miliar y la elite de terratenientes liderado por el partido comunista y los campesinos, las fuerzas estatales desataron una ola de violencia genocida en contra de los campesinos indígenas que dejó alrededor de diez a treinta mil muertos. Después de las masacres, los sobrevivientes abandonaron expresiones de la cultura indígena, incluyendo sus idiomas y formas de vestir. El conservadurismo político sigue siendo el principal legado de esta masacre, pero un espíritu de resistencia organizada ha sobrevivido también.

El alcalde Ramírez, conocido localmente como “el Águila,” ha gobernado Tacuba durante los veinte años pasados bajo el partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el partido de la elite oligárquica salvadoreña, la cual inaugura cada campaña electoral en el cercano pueblo de Izalco, otra victima de la matanza de 1932, para celebrar la victoria contra el comunismo. Los colores del partido, rojo, blanco y azul adorna el arco que recibe visitantes a Tacuba, claramente marcando el pueblo como territorio de ARENA.

Por décadas, ARENA ha buscado la privatización de sistemas de agua al nivel nacional. En Tacuba, el objetivo del alcalde es más modesto: apropiarse del sistema comunitario.

En 1995, residentes de las siete comunidades de Tacuba se organizaron para construir un sistema local de agua potable; cado uno de los 900 recipientes hizo trabajo voluntario  por varios meses para instalar la infraestructura necesaria, la cual había sido donada por grupos de cooperación internacional. Formaron una asociación para administrar el sistema y eligieron un comité para supervisar sus operaciones, incluyendo cobrando por el servicio y haciendo el mantenimiento.

Este tipo de proyecto se había vuelto muy común en comunidades rurales salvadoreños durante los 1990s. “Desafortunadamente, debido a la irresponsabilidad del estado, zonas rurales han básicamente sido totalmente excluidas de ciertos servicios y bienes durante más de veinticinco años,” dijo Karen Ramírez. Cuatro administraciones consecutivas de ARENA (1989-2009) usaron las consecuencias de la brutal guerra civil de 12 años para implementar una restructuración económica neoliberal devastadora, la cual obligó a que varias comunidades tuvieran que proveer sus propios servicios básicos.

“En El Salvador, en la década de los noventas se de ese proceso de ajuste estructural,” explicó Carlos Flores, un activista ambientalista de largo tiempo y el actual coordinador del Foro del Agua. “De 1989-1999, tuvo una orientación clara a la desregulación del agua. Se desmontan estructuras que habían para regular, se abandonan distritos de riego, se abandonan los proyectos de agua potable en el sector rural, se emprenden marcos regulatorios orientados a la mercantilización de la naturaleza.”

Bajo estas presiones emergentes neoliberales, la organización militante de base que alimentó la lucha armada de los 1980s empezó a cambiarse a la expansión de ONG´s y la promoción del emprendedurismo en búsqueda del elusivo “desarrollo” de pos-guerra. La construcción de sistemas comunitarias de agua fue síntoma de este gira neoliberal, pero también se hizo un instrumento importante organizativo para la resistencia a estos mismos procesos.

“Esta gestión comunitaria podía abrir brecha en una situación bastante difícil porque el estado y el gobierno les daba totalmente la espalda,” recordó Karen Ramírez. “Entonces con mucho esfuerzo comunitario desde la perspectiva del interés social de toda la comunidad de los bienes colectivos, ellos han venido tejiendo y esforzándose para tener esta agua. Creemos importante que la privatización del agua no se logró en los años noventa principalmente por un gran esfuerzo de las comunidades.”

El Águila asalta

En Tacuba, el trabajo fuerte de la colectiva comunitaria en su sistema de agua creó un profundo sentido de orgullo y propiedad. Así que cuando el alcalde intentó tomarlo, los residentes lucharon en contra.
En 2007, el alcalde Ramírez no quiso reconocer el nuevamente elegido liderazgo del comité de agua. A su vez, instaló un comitéparalelo que estaba a su favor, el cual rápidamente “donó” el sistema comunitario a la alcaldía. “Nosotros formamos parte de esa junta directiva, la cual el alcalde nunca quiso legalizar,” recordó residente de Tacuba David Díaz Aguirre, de 65 años. “Nosotros cerramos la calle por 8 días para presión al alcalde para legalizar, ni así la quiso legalizar. Nos echó la UMO el mero 22 de marzo, que se celebra el día internacional del agua, ese día nos echaron la UMO, desastrosas las zonas—un helicóptero tirando bombas, y fue duro eso para la gente nuestra que estaba luchando ahí, toda la gente durmiendo adentro de las oficinas, cuidando para que no pudieron llegar los del alcalde o los de la asociación a tomarse nuevamente la oficina.”

Con el apoyo de grupos del Foro del Agua, las comunidades pusieron varias denuncias en contra del alcalde por corrupción, intimidación y abusos. La utilidad pública del agua lo denunció por fraudulenta administración del sistema comunitario- un cargo que la oficina del Fiscal General todavía no ha procesado. Mientras los procesos legales se movieron lentamente, los líderes comunitarios siguieron administrando su sistema. El alcalde, por otro lado, empezó a exigir pagos del agua para residentes buscando servicios básicos municipales como la emisión de certificados de nacimiento o matrimonio, y hizo amenazas intensificadas en contra del comité del agua.

“Dinero necesita. Eso es. Trata del dinero,” explicó Aguirre. “Nosotros lo administramos porque nosotros lo gestionamos y nosotros lo construimos, es nuestro. No lo hacemos con la idea de dinero ni nada, sino con la idea de brindarles el servicio de agua a las comunidades.”

Karen Ramírez estuvo de acuerdo. “el alcalde estaba acostumbrado a que todo lo que pasaba en Tacuba era como en su finca,” dijo.

El pueblo contra alcalde Ramírez

Durante un par de años, la Corte Suprema ha logrado contener el conflicto entre las comunidades y el Alcalde por emitir medidas protectoras provisionales mientras revisaba el caso de la comunidad. Pero en 2014, la Corte Suprema mandó el caso a juicio civil, dejando vulnerables a los organizadores locales. El alcalde logró usar su influencia con la policía local y la oficina de procuraduría para renovar su ataque contra las comunidades.

En las horas tempranas del 22 de julio de 2016, la policía hizo una redada en las casas de seis miembros del comité del agua. Los hombres, muchos mayores, fueron arrastrados de sus casa en sus pijamas bajo la lluvia y puesto en la cárcel.

“Creo que el alcalde pensó que con eso iba a intimidar a las comunidades con [las redadas],” dijo Ramírez. “Pero a pesar de esto de las capturas las comunidades retoman—las mujeres principalmente y los ancianos—retoman el sistema de agua y dicen: no, esta lucha, no vamos a entregar por nada el sistema” Los residentes manifestaron en apoyo de los detenidos, y después de seis días, los defensores del agua fueron puestos en libertad.

La batalla legal, sin embargo, sigue en camino. Mientras tanto, el alcalde anunció sus planes de correr para la reelección con el partido ARENA en 2018. Lo va a hacer sin ningún obstáculo legal: el 18 de agosto, un juez local desestimó todos los cargos en su contra del arresto del 9 de agosto.

“Nos preocupa grandemente la seguridad de los defensores y de los habitantes de las 7 comunidades de Tacuba,” advirtió Karen Ramírez. “Se ha pedido a la PDDH se archive este hecho también puesto que lo que hace es poner en gran vulnerabilidad no solo a los defensores sino a sus familias y a todos aquellos que nosotros en diferentes momentos hacemos las denuncias en contra del alcalde.”

La lucha nacional por una Ley del Agua

Conflictos como lo de Tacuba existen en todas partes de El Salvador. Desde alcaldes areneros inescrupulosos en Tacuba a la ciudad del puerto de la Libertad, hasta la planta de Coca Cola en el pueblo de Nejapa o comunidades cerradas de lujo en la Cordillera del Básalmo, comunidades pobres y trabajadoras están enfrentando con poderosos intereses sobre el derecho al agua.

“Los problemas territoriales son la prueba fehaciente de la existencia de un problema de agua en general,” dijo Carlos Flores. “estos que son casos ejemplarizante únicamente, no es que solo esos casos existen. Ni siquiera es que son los más críticos. […] Estos son ejemplos de lo que está pasando por esa falta de legislación, de falta de una ley o un marco normativo que ordene el tema del agua en El Salvador.”

El Foro de Agua ha luchado por la aprobación de una Ley General el Agua desde el 2006. Esta propuesta está apoyada por el actual gobierno, pero el debate ha sido constantemente frustrada por partidos de derecha buscando lucrarse del recurso. A pesar de la ascendencia del partido de izquierda Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) a la presidencia en 2009, el partido ARENA mantiene una mayoría en la legislatura. En 2012, una medida, propuesta por el FMLN, para cambiar la constitución a consagrar el derecho al agua y al alimento pasó, pero fracasó en 2014 cuando los partidos de derecha unificaron en la oposición de su ratificación. En 2013, la oposición fuerte del movimiento social a la Ley de Asocios Públicos Privados, apoyado por los EEUU, logró proteger la apertura de servicios de agua potable de ser abierto para concesiones privadas. En junio del 2017, la derecha presentó su propia ley, la cual pondrá representantes de la Asociación Nacional de Empresa Privada (ANEP) en la administración nacional de los servicios del agua.

La lucha para garantizar el acceso igualitario al derecho humano del agua, dice Flores, “entonces ahora es un tema entre ARENA y el Frente. Es decir, entre el Foro del Agua y la ANEP.” Y ARENA y ANEP, respectivamente son los instrumentos políticos y económicos de la elite recalcitrante, son oponentes formidables.

Comentando en la propuesta de ARENA, la Ministra del Medioambiente del FMLN Lina Pohl observó: “Esta vez, a diferencia de lo que pasó con la Ley de Minería, el oro le ganó al agua. Un recurso tan importante para el país como es el agua no puede estar privada.” Grupos del movimiento social también rechazaron la propuesta. En un pronunciamiento, la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) declaró que la propuesta de la oposición fue “elaborada a la medida de los mezquinos intereses de la gran empresa privada y busca convertir al vital líquido en mercancía.”

En marzo de 2017 la aprobación de la ley contra la minería metálica pareció pregonar un emergente consenso en defensa de los recursos naturales sobre ganancias corporativas. El Presidente Salvador Sánchez Cerén llamó por la aprobación de Ley del Agua. Pero Flores dijo que los desafíos que los protectores del agua en El Salvador se enfrentan son más grandes de los que se encontraron en la lucha contra la minería. “El dueño de la mina del oro fue una corporación transnacional, y no hay representantes nacionales [de la industria minera],” señaló. “En el caso de la ley [del agua], lo que tenemos son intereses nacionales- algunas transnacionales, pero mayoritariamente son intereses nacionales con gran poder de presión.”

Mientras el cambio climático se acelera, la guerra por el agua está siendo cada vez más crítica en El Salvador. “No solamente en Tacuba sino que en otros lugares, como los grupos de poder quieren acceder a las fuentes de agua más próxima,” dijo Karen Ramírez de PROVIDA. “El estado salvadoreño debería de garantizar el derecho de los pequeños, puesto que en este caso las empresas y los grandes usuarios tanto los cañeros, la gran industria, ellos se defienden solitos, no necesitan que—hay todo un aparataje al servicio de ellos para obtener el agua.”

Hilary Goodfriend es una escritora y investigadora basada en San Salvador, El Salvador. Ella escribe sobre imperio, neoliberalismo y resistencia.