Voces de diversos sectores del movimiento social, de la sociedad civil, los gobiernos municipales y las instituciones religiosas en El Salvador se unieron para denunciar la creciente presencia militar en la frontera El Salvador-Honduras. El reciente aumento de tropas militares, apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, incluso mediante financiamiento militar y de seguridad, plantea preocupaciones sobre la violencia estatal, los Derechos Humanos y la profundización, bajo la administración de Bukele, sobre la  incursión de las fuerzas armadas en la vida cotidiana.

La policía y las fuerzas militares restringen el movimiento a través de las fronteras y estigmatizan comunidades enteras con largas historias de lucha

El 20 de octubre, el presidente Bukele ordenó duplicar las fuerzas militares y policiales a los municipios fronterizos de San Fernando, Nueva Trinidad, Arcatao y San Ignacio en el departamento de Chalatenango, El Salvador, alegando varias cosas, entre ellas el tráfico transfronterizo de drogas, armas y seres humanos. Sin embargo, no se han presentado pruebas y líderes de la iglesia católica de la diócesis local, hablando en nombre de sus comunidades, rechazaron rotundamente las acusaciones como infundadas. Los residentes están luchando por sobre vivir, haciendo sus vidas, trabajando en granjas de café locales, visitando a parientes, y asistiendo a servicios de la iglesia "en busca de una existencia más digna y humana'', dijo la diócesis en su declaratorio. Debido a los repetidos desplazamientos de salvadoreños a Honduras desde esta región —antes, durante y después de la guerra— muchas familias permanecen separadas por la "frontera porosa.” Los viajes transfronterizos son parte necesaria de la vida diaria y un derecho garantizado por el Acuerdo de Movilidad Libre de Centroamérica-4 de 2006 (C-4). La restricción del movimiento a través de la frontera, que tambien resulta por la voluntad del Presidente Bukele de hacer cumplir los esfuerzos de los Estados Unidos para expandir su frontera sur en territorio centroamericano a través de los acuerdos "Tercer País Seguro", es, por lo tanto, una violación del C-4 y otros acuerdos internacionales.

Los residentes de los municipios también han denunciado acoso por parte de agentes militares, ocupaciones en las escuelas y hogares, y otras violaciones de derechos humanos, y  hacen mención que este tipo de militarización "recuerda y abre heridas de hechos dolorosos del pasado". La historia confirma que estas comunidades fronterizas sufrieron algunos de los peores terrores y violencias bajo las antiguas dictaduras militares. Los líderes del movimiento social también condenan la estigmatización de comunidades enteras, junto con alcaldes municipales que han denunciado la militarización como ilegal e inconstitucional. Si hay pruebas de tráfico de drogas, dicen, la policía debería hacer arrestos, pero toda la población no debe someterse al despliegue indiscriminado de las fuerzas militares.

Los municipios de Chalatenango son notables por ser comunidades de clase obrera con mucho apoyo hacia el FMLN, un gran nivel de organización comunitaria y una profunda historia revolucionaria. Algunos militantes de izquierda han acusado a la administración de atacar a estas comunidades con el fin de causar disturbios e intimidar a los residentes antes de las elecciones municipales y legislativas de febrero de 2021. La ex comandante de la guerrilla y ex presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, dijo en una visita a la comunidad de Arcatao el fin de semana que los trabajadores municipales y los residentes no pueden realizar tareas diarias debido a la ocupación militar. Y haciéndose eco del doloroso recordatorio de los residentes sobre las heridas históricas, advirtió que el gobierno “poco a poco mete a todo a los policías y a los militares" en un esfuerzo de volver a acostumbrar a la población a una presencia militar y de silenciar la disidencia. Pero, señaló, "no vamos a permitir que nunca más vuelvan a ser militarizados, así se llame cerco sanitario, así se llame narco, porque lo que está detrás es ver hasta dónde nos dejamos militarizar de nuevo".
Los cercos "sanitarios" que Peña menciona son otro pretexto controvertido para la presencia militar en y alrededor de varias comunidades que el Presidente comenzó a desplegar, ostensiblemente como una medida de contención frente al COVID19, después de la terminación del período de bloqueo de cuarentena por orden de la Corte Suprema en junio. Esencialmente, los llamados cercos son recintos militares o barricadas y han sido rechazados rotundamente por defensores de Derechos Humanos, líderes en el sector de salud pública, el movimiento social y más. Profesionales para la Transformación de El Salvador (PROES), por ejemplo, ha dicho que los recintos son ineficaces en el mejor de los casos como medidas de prevención. Indican que, aunque en el pasado se han utilizado cercos epidemiológicos para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas como el sarampión y el tétanos, la iteración actual carece de los componentes que las hacen útiles: como son la educación y otras herramientas de salud pública. En lugar de esas herramientas, dice PROES, la administración emplea helicópteros, armas, tanques y personal militar. Además de las críticas por la naturaleza represiva de los bloqueos, la administración ha sido denunciada  por instalarlas —algunos dicen estratégicamente— alrededor de comunidades como San Francisco Gotera que albergan archivos militares de la masacre de El Mozote, creando un inaccesibilidad conveniente para los investigadores y los abogados de Derechos Humanos involucrados en el juicio en curso, que buscan acceder los archivos, violando la orden de un juez de que se abran. En Chalatenango, las actuales "cercas narco" fueron desplegadas sólo después de que los alcaldes pidieran que se retiraran los cercos sanitarios, ya que no estaban justificadas por el bajo número de casos COVID19. Entre las denuncias de la comunidad,  está el hecho de que un bloqueo militar ha sido esencialmente reemplazado por otro.

El aumento de presencia policial y militar se planeaba desde antes del COVID19

Desde antes de la ceremonia de inauguración de Bukele, en la que llegó acompañado por aviones de combate de bajo vuelo, los movimientos sociales advirtieron sobre las amenazas de militarización que presentaba la retórica de campaña autocrática del candidato - particularmente su retórica sobre el Plan de Control Territorial y su alineación con la política estadounidense. Pero el nivel al que ha llegado la acumulación de tropas a través del país en el primer año y  medio de los cinco de su mandato parece superar esos tempranos temores. Durante este período, además de los cercos sanitarios y el bloqueo estilo “guerra contra las drogas” en Chalatenango, las justificaciones de los despliegues militares a gran escala contra las comunidades del país  han oscilado entre la intervención anti-pandillas, la delincuencia, el control de plaga de langosta y la ejecución de cuarentena por el COVID19. Activistas denuncian lo que para elles está claro - que Bukele ha recurrido a la fuerza armada para responder a todo tipo de temas sociales, desde la seguridad hasta la agricultura y la salud pública, y, en el proceso, intenta establecerse como una presencia diaria en la vida de los salvadoreños, dicen activistas.

Si bien el presidente Bukele ha intentado justificar sus acciones como necesarias en "el año que nadie predijo", este giro a la represión se estableció un año antes en su propuesta de presupuesto para 2020, que por primera vez en muchos años aumentó el gasto en defensa (un aumento que en si sobrepaso los presupuestos de algunos ministerios, como el  de ministerio de medio ambiente o cultura) con recortes a los servicios económicos y sociales. Gracias al apoyo, cooperación y financiamiento de Estados Unidos, especialmente con respecto a las fronteras y la prohibición de la migración, la militarización se ha convertido en una característica definitoria del gobierno de Bukele. Esto tomó  su forma más cruda y visible el “9F” (9 de febrero de 2020), cuando, por orden del presidente, las fuerzas armadas del país tomaron el salón de la Asamblea Legislativa en un intento de coaccionar a la asambleapara que aprobaran el financiamiento de préstamos para el Plan Control Territorial del gobierno, que, irónicamente, implicaba más financiación militar y policial.

El papel de la solidaridad internacional en las denuncias contra la militarización que respalda el gobierno estadounidense

El movimiento social salvadoreño ha advertido que el control territorial en su sentido más fascista y siniestro es lo que está en juego en El Salvador bajo la administración actual y subyace a lo que está sucediendo en Chalatenango. CISPES comparte esa profunda preocupación, especialmente dado que la creciente represión tiene el claro respaldo de los Estados Unidos. Por ejemplo, n 2019, El Salvador recibió $1.9 millones en financiamiento militar (gracias a la presión pública, el Congreso propuso recortar esa ayuda hasta que la administración de Bukele demuestre un compromiso al mantenimiento de las normas democráticas y a la protección de los derechos humanos). Y, es particularmente alarmante que la reciente concentración de tropas en la frontera El Salvador-Honduras coincidiera con una visita del jefe del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), Craig Faller, quien se reunió con el Ministro de Defensa de El Salvador, Rene Merino Monroy, para "discutir el papel de SOUTHCOM en asuntos de seguridad" en El Salvador. Históricamente, SOUTHCOM sólo ha traído terror y violencia a El Salvador al servicio de los intereses geopolíticos estadounidenses. Y actualmente, con Ronald Johnson, ex jefe de SOUTHCOM que actúa como embajador de los Estados Unidos en El Salvador, el posicionamiento militar de Estados Unidos en el país y la región está aún más arraigado.
El giro cada vez más fascista y militarista del capitalismo del siglo XXI es una amenaza internacional que requiere una lucha de movimiento social internacional.  Y como estamos viendo en todo el mundo, a medida que se expande la amenaza —y la realidad— de la represión, también se expande la lucha contra ella. En Los Angeles, el 29 de octubre, los salvadoreños de la diáspora estadounidense y sus aliados se reunieron fuera del Consulado salvadoreño para exigir el fin del hostigamiento y la militarización de las comunidades fronterizas en Chalatenango. "Demandamos un alto a las amenazas y la militarización en dichos municipios a través de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional Civil", dijeron los manifestantes. "Estas acciones son una violación escandalosa de los derechos humanos de la población. El presidente Nayib Bukele trajo el ejército a las calles. Pero desde aquí, como salvadoreños que amamos mucho a nuestro país, estamos comprometidos a fortalecer y preservar la democracia".

Dile a tu representante en el congreso que corte fondos de seguridad para El Salvador. Toma accion aqui: cispes.org/CutMilitaryAid