Amplia coalición opositora rechaza los ataques a la democracia y los derechos constitucionales

El 15 de septiembre, miles de salvadoreños salieron a las calles para denunciar la inconstitucionalidad de la reelección del presidente Nayib Bukele, las recientes reformas que eliminan más del 80% de los municipios del país y casi un tercio de los diputados de la Asamblea Nacional, y la suspensión prolongada del debido proceso y de varios derechos constitucionales. La marcha era una refutación a la celebración oficial del Día de la Independencia, organizada por el gobierno en plena temporada electoral, con elecciones presidenciales, legislativas y municipales en febrero y marzo del año que viene.

Tras cuatro años de Gobierno de Bukele, una amplia coalición de grupos del movimiento popular salvadoreño y que se oponen a las políticas de Bukele entre ellos el Bloque de Rebeldía y Resistencia Popular (BRP), la Alianza Nacional por la Paz en El Salvador y Sumar por El Salvador, convocaron la marcha, en palabras de José Santos Melara, dirigente de la Alianza Nacional por la Paz en El Salvador, "no sólo para celebrar la democracia, sino para defenderla".

Miles de personas asistieron a la marcha, a pesar de los esfuerzos ya no sorprendentes del gobierno de Bukele por obstaculizar la participación, limitando el acceso con retenes policiales en las autopistas que conducen a la capital tanto desde el oriente como del occidente y cerrando carreteras en toda la capital. También hubo que cambiar el punto de encuentro de la marcha el día anterior, después de que el gobierno anunciara una ruta para su desfile militar que chocaba con la marcha.

El 15 de septiembre, que marca la conmemoración de la independencia de los países de la Federación Centroamericana de España, se ha convertido desde 2021 en un día de acción y toma de las calles para denunciar las políticas de la administración Bukele. Ese año, tras una serie de protestas cada vez más grandes, decenas de miles de personas marcharon, en gran parte en oposición a la reciente adopción de Bitcoin como moneda nacional. Según un organizador del BRP, la fecha ha sido ampliamente adoptada por todos los grupos y sectores que se oponen a las medidas de la administración.

Este año, una de las demandas centrales de la movilización fue el rechazo a la erosión de las normas democráticas en el país, especialmente en renuncia a la campaña de reelección que el presidente Bukele anunció el año pasadooo, ya que está explícitamente prohibida por múltiples cláusulas de la Constitución salvadoreña. Las reformas que eliminan 218 municipios y 24 escaños legislativos también están siendo denunciadas por grupos de movimientos sociales populares y analistas electorales del país como un intento de mantener todo el poder politico en manos de Bukele y su partido Nuevas Ideas. Estas reformas se aprueban de manera acelerada tras una drástica reducción de fondos que los gobiernos municipales.

El ahora indefinido Estado de Excepción del país, instituido en marzo del año pasado, se ha convertido en un enfoque central de las protestas desde su aprobación y volvió a ser un eje central de la marcha del viernes. La suspensión en todo el país de las protecciones constitucionales básicas y de los derechos al debido proceso, promovida como una guerra contra las pandillas, ha convertido a El Salvador en el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Más de 70.000 personas han sido detenidas en virtud de la medida, y las organizaciones jurídicas de El Salvador estiman que casi 20.000 de ellas no tienen ningún vínculo con la delincuencia. Los informes de las organizaciones de derechos humanos también han detallado más de 180 muertes, pruebas de tortura sistemática y falta de servicios básicos en las prisiones del país. El BPR ha afirmado que en este contexto no son posibles elecciones justas y libres.

Los manifestantes representaban a un amplio sector de la población salvadoreña. El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), formado por familiares de personas inocentes detenidas bajo el Régimen de Excepción, tuvo una gran presencia, con pancartas y fotos de sus seres queridos encarcelados. También marcharon grupos de defensores de la tierra, pequeños agricultores, familiares de presos políticos y sindicatos, que denunciaron los crecientes ataques contra los trabajadores públicos y sus sindicatos.

Un memorando que circuló en las redes sociales indica que los empleados públicos, por ejemplo en el Instituto de Servicio Social, fueron presionados para unirse al desfile del gobierno en su día libre, ya que sus supervisores registrarían datos de asistencia. El municipio de Soyapango, donde trabajadores han sido encarcelados bajo el Régimen de Excepción, también presionó a sus empleados que apoyaran el desfile progubernamental.

Miembros de la diáspora salvadoreña y aliados de la solidaridad internacional también se reunieron en el Capitolio de Washington, D.C., reflejando las demandas de las personas que protestaban en El Salvador. La manifestación en D.C. se produce luego de una reciente visita a la región por parte de  funcionarios de alto rango del partido gobernante Nuevas Ideas, que también fueron recibidos con una protesta.

En San Salvador, las consignas de los manifestantes tuvieron que competir con el estruendo del sonido  de los helicópteros y avionetas militares que volaban sobre sus cabezas como parte de las celebraciones gubernamentales del Día de la Independencia. Los manifestantes dirigieron su ojos al al cielo, desafiando al creciente autoritarismo del gobierno, gritando "¡No te tenemos miedo, Bukele!".

A sólo 6 meses de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales-- y con Bukele postulándose de nuevo, en violación de la Constitución, varios sectores de la oposición no están necesariamente de acuerdo sobre cómo abordar las elecciones de 2024, que muchos califican ahora de fraudulentas, otros de ilegítimas. Pero la marcha fue una poderosa muestra de unidad entre los movimientos sociales populares. El BPR llama a estos movimientos a unirse en un frente amplio que "trascienda la lucha electoral, que procure la derrota de la dictadura y el establecimiento de un gobierno democrático y al servicio de su pueblo, que logre una la paz con justicia social, sin presos ni presas políticas, sin persecución de opositores y opositoras, sin arrestos arbitrarios, con salarios y pensiones dignas; un gobierno que le garantice al pueblo los más fundamentales derechos.