Grupos de movimientos sociales denuncian la reducción de diputaciones en la Asamblea Legislativa y de municipios como una maniobra para seguir concentrando el poder.

El 10 de julio, el presidente Nayib Bukele volvió a ser noticia a nivel internacional al salir elegido para candidato presidencial 2024 de su partido Nuevas Ideas, en clara violación de múltiples artículos de la Constitución de El Salvador que prohíben la reelección presidencial consecutiva. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de septiembre de 2021, emitido por magistrados leales a Bukele instalados ilegalmente varios meses antes, le dio un barniz de legalidad a su anticipada candidatura para la reelección.

La noticia salió después de una serie de impactantes reformas que rediseñarán por completo el mapa electoral y el sistema de gobierno representativo del país. En junio, la legislatura aprobó la propuesta de Bukele de recortar casi un tercio de los escaños de la Asamblea Legislativa, de 84 a 60, y otra de eliminar más del 80% de los municipios del país, reduciendo el total de 262 a 44.

Las organizaciones de los movimientos sociales aseguran que los cambios drásticos tienen como objetivo proteger a Bukele ante la posibilidad de que alguna disminución en apoyo para los politicos de Nuevas Ideas pueda tener un impacto negativo en las próximas elecciones legislativas y municipales, que están programadas para febrero y marzo de 2024. Aunque menos visibles en la prensa internacional, estas reformas representan un cambio profundo y una amenaza preocupante para el sistema electoral salvadoreño, lo que se suma a las serias dudas que plantean las organizaciones populares del movimiento social salvadoreño sobre si  tener elecciones justas y equitativas sea posible en este contexto.

Las reformas legislativas

Aunque hay pocas dudas sobre el apoyo duradero que recibe Bukele, y la expectativa es que gane nuevamente si el Tribunal Supremo Electoral, como se espera, permite que su candidatura avance, ese apoyo no se extiende necesariamente a los miembros de su partido en la Asamblea. Según las denuncias y análisis de grupos del movimiento social y de la sociedad civil, las reformas electorales tienen como intención, evitar que Nuevas Ideas pierda control sobre el órgano legislativo.

Reflexionando sobre las encuestas de 2022, el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana concluyó que “la opinión de la población salvadoreña está lejos de traducirse en un respaldo unánime hacia [los diputados de Nuevas Ideas], como promulga el oficialismo”. Casi cuatro de cada diez salvadoreños dieron a la Asamblea Legislativa una puntuación inferior a cinco (de diez). El IUDOP también encontró que entre noviembre y mayo de 2021, durante los primeros seis meses del mandato de los nuevos diputados, el porcentaje de encuestados que preferían el partido Nuevas Ideas cayó de 50 a 28, mientras que los que no tenían preferencia partidista aumentó de 40 a 65.

Como explica el Bloque de Resistencia Popular (BRP), una coalición de organizaciones estudiantiles, laborales, rurales y otros movimientos populares, Bukele y Nuevas Ideas no ha logrado resolver muchos de los problemas más apremiantes del país, incluidos “el hambre, el alto costo de la vida, los despedidos y el desempleo, los bajos salarios, la crisis alimentaria, el desalojo de tierras y la persecución, entre otros graves problemas que día a día vive con angustia la población”.

A medida que los partidos de oposición comenzaron el proceso de formar coaliciones, ejercer elecciones primarias internas y anunciar candidaturas para las elecciones de 2024, tenían motivos para esperar recuperar apoyo y votos en las urnas. El gobierno Bukelista tiene la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa y esto ha servido para acelerar la aprobación de su agenda desde 2021 dando legitimidad técnica a las decisiones que van en contra de la Constitución y otros marcos legales. La reforma que redujo el número de escaños de 84 a 60, aprobada el 7 de junio, sin debate, casi que elimina cualquier esperanza de incidencias electorales que tenía la oposición.

“La gente se queja de que [el gobierno] no ha podido resolver problemas reales, como la actual crisis económica del país”, dijo Anabel Belloso, legisladora del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Por miedo a perder escaños ante votantes desencantados, explicó, el gobierno está haciendo un “cálculo electoral” para mantener el control y cerrar cualquier vía para que la oposición gane en las urnas.

Ruth López, jefe jurídica del programa de Justicia y Anticorrupción de Cristosal, compartió otra perspectiva importante.“[Bukele] necesita asegurarse que las instituciones [que le dan contrapeso al presidente] no vuelvan a funcionar y para eso necesita tener un control total de la Asamblea Legislativa”, dijo a CNN.

Más allá de reducir el número de miembros de la Asamblea, la reforma elimina la asignación de escaños en la Asamblea basada en el método del “residuo” para calcular la representación proporcional, que favorece la participación de partidos más pequeños. Esto requerirá una reforma apresurada del código electoral para estar a la altura, aunque los expertos sostienen que la medida aún puede violar la Constitución, que exige una representación legislativa proporcional desde la firma de los acuerdos de paz en 1992..

Utilizando modelos electorales basados en los resultados de las elecciones de 2021, los analistas muestran que el nuevo método otorga a Nuevas Ideas una proporción aún mayor de escaños. Los otros podrían desaparecer por completo, lo que representaría un vuelco radical del pluralismo que el sistema político de posguerra de El Salvador protegió durante décadas como protección contra la concentración de poder. Además, según las últimas encuestas, la población salvadoreña desea que haya varios partidos representados en la Asamblea.

En una entrevista con la radio de la Universidad Centroamericana, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Sydney Blanco advirtió sobre las consecuencias del nuevo sistema. "La democracia no es sólo que la mayoría participe y decida. La democracia representativa va mucho más allá y uno de los temas centrales que consideraron los creadores de la Constitución de 1983 fue precisamente permitir la participación de opiniones minoritarias. aplastar las minorías relevantes es nocivo para la democracia y destruye el pluralismo. La Asamblea representa a toda la población y es importante que se escuchen las opiniones, la diversidad de ideologías. Esto es extremadamente grave".

La reducción de municipios

La segunda reforma elimina un 83% de los municipios, con el pretexto de reducir la carga presupuestaria de apoyar a los gobiernos municipales, aunque Bukele ya los había despojado de los fondos nacionales asignados. Los diputados leales al oficialismo dieron su rápida aprobación el 13 de junio, reduciendo el número de 262 a 44.

Al igual que en la Asamblea, el apoyo a Bukele no se traduce a los miembros de su partido a nivel de gobierno local en los municipios. La decisión de Bukele de retener fondos federales de las alcaldías puede haber sido contraproducente. Según un reciente editorial del Diario CoLatino, “Bukele se llevó [los fondos federales] con la idea de hacer fracasar las 112 alcaldías gobernadas por la oposición, sobre todo las de ARENA y del FMLN. Sin embargo, en las del FMLN y algunas de ARENA, a pesar de que no contaron nunca con el FODES, lograron manejar en lo básico a sus municipios como el manejo de los desechos sólidos, el alumbrado público y una que otra pequeña obra comunitaria. Mientras que los municipios dominados por Nuevas Ideas, la administración municipal hasta este día ha sido un fracaso”.

Si bien las encuestas de la Universidad Francisco Gavidia indicaron que la mayoría de las  personas encuestadas apoyaba la idea de reducir el número de escaños en la Asamblea, donde durante décadas ha habido una percepción de salarios inflados y corrupción, hubo mucho menos apoyo a la eliminación de municipios, con menos del 40% a favor.

Los municipios eliminados se convertirán en “distritos”, representados por administradores no-electos, designados por el poder ejecutivo. No habrá cambios en documentos únicos de identificación, certificados de nacimiento o pagos de impuestos, y los municipios seguirán obligados a cumplir con sus responsabilidades según los contratos actuales. La diferencia fundamental es que no habrá elecciones democráticas en los distritos a nivel local. Los cambios trastocan el principio de autonomía municipal establecido en la legislación vigente.

¿Libre y justo?

Los cambios profundos se producen apenas nueve meses antes de las elecciones presidenciales y legislativas de febrero de 2024, seguidas por las elecciones municipales y del Parlamento Centroamericano en marzo.

A nivel práctico, de acuerdo con el calendario electoral, las elecciones internas de los partidos ya estaban en marcha dentro de los partidos políticos tuvieron que cancelar y rehacer. En muchos casos, el plazo para la inscripción de los candidatos a las primarias ya había cerrado. Al final, es probable que el caos beneficie a Bukele y su partido gobernante Nuevas Ideas, que también pueden contar con el enorme presupuesto de comunicaciones y la operación de propaganda del presidente en el próximo período de campaña.

Pero, en términos más generales, las organizaciones del movimiento popular han expresado  dudas sobre la posibilidad de elecciones libres y justas en el contexto actual de El Salvador. Los derechos constitucionales fundamentales están suspendidos desde marzo de 2022, lo que ha provocado detenciones arbitrarias generalizadas y miles de violaciones de derechos humanos. Zonas grandes del país, incluidos bastiones históricos de la izquierda, han sido objeto de cercos militares en nombre de la "guerra contra las pandillas"; el campus de la Universidad de El Salvador, la universidad pública, sigue ocupada por tanques militares. Líderes del movimiento popular, incluidos dirigentes sindicales y defensores del medio ambiente, periodistas y dirigentes políticos de la oposición sufren persecución selectiva por parte del sistema judicial alineado con Bukele.

En un comunicado, el BRP advirtió que las reformas “cierran los espacios políticos para realizar elecciones libres, democráticas y justas. Se ha interrumpido el proceso electoral, se han cambiado las reglas a medio término, se ha modificado el sistema político del país. No es aceptable ejercer el derecho al sufragio en condiciones de abrumadora desventaja ante un régimen autoritario que atropella los derechos humanos, y en particular los derechos políticos: bajo un régimen de excepción, capturas arbitrarias, represión, persecución política, rompimiento del Estado de Derecho, abuso en el uso de las instituciones y recursos del Estado”.

El BRP llamó a la unidad de las fuerzas progresistas para exigir que se cumplan las siguientes condiciones para que se realicen las elecciones, independientemente de si el Tribunal Supremo Electoral aprueba o no la candidatura de Bukele:

1. Suspensión del Estado de Excepción, garantizando que las elecciones se realicen con plena vigencia de los derechos constitucionales, que las personas detenidas tengan una evaluación justa y se libere a las inocentes;
2. Nulidad de las leyes aprobadas recientemente que reducen a 44 los municipios y a 60 las diputaciones;
3.Nulidad de la resolución de la Sala Constitucional que "habilita" la reelección continua, prohibida categóricamente por la Constitución;
4. Neutralidad del Estado en el proceso electoral, en especial, de las fuerzas armadas y de seguridad pública, de los organismos de inteligencia, fiscalía general y electoral, sistema judicial y particularmente el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de las agencias temporales, garantizando su imparcialidad;
5. Vigencia internacional de todo el proceso;
6. Auditoría y control por parte de la Junta de Vigilancia, así como el cumplimiento de las reglas de propaganda y del  financiamiento, incluyendo el pago de la deuda política;
7. Facilidades para la inscripción de candidaturas [de oposición].

Si no se cumplen estas condiciones, dicen, por lo tanto los partidos políticos como los ciudadanos deben denunciar las irregularidades y considerar bien las condiciones de participación en el proceso electoral de 2024.