La noche del 31 de julio, la bancada oficialista de Nuevas Ideas aprobó de forma exprés una serie de alarmantes reformas a la Constitución salvadoreña referentes a la elección presidencial. Las modificaciones constitucionales permiten la reelección indefinida, amplían el período presidencial a seis años, eliminan la segunda vuelta electoral y adelantan las elecciones presidenciales de 2029 a 2027, haciéndolas coincidir con las legislativas y municipales. Las reformas fueron aprobadas y ratificadas en una sola sesión, sin debate y sin ningún proceso previo de consulta ciudadana.

Las reformas amenazan el principio de alternancia en el poder, que ha sido un pilar fundamental de la Constitución salvadoreña. Antes de estas modificaciones, la Constitución de la República establecía dicho principio mediante la prohibición de la reelección presidencial inmediata, algo que ha formado parte de varias versiones de la Constitución desde 1841, incluida la de 1886, que convirtió los artículos que se refieren a la no reelección en cláusulas pétreas, es decir, que no pueden ser reformadas sin una Asamblea Constituyente (lee aqui para mas sobre como disputados de Nuevas Ideas se otorgaron el poder de una Consituyente empezando desde abril de 2024). Esto, con el espíritu de que los principios plasmados en ellas rigieran la forma de gobierno. Contrario a dichos principios, la cuestionada candidatura de Bukele para un segundo periodo consecutivo fue autorizada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, realizado por magistrados  impuestos de forma ilegal por la bancada de Nuevas Ideas. Con las recientes reformas aprobadas de forma exprés por Nuevas Ideas, las barreras pensadas para evitar que una sola persona se perpetúe en el poder fueron eliminadas.

La segunda vuelta electoral fue introducida con la Constitución de 1983, al inicio del proceso de democratización del país, después de décadas de dictadura militar.  Esta requeria que, para ganar una elección presidencial, se obtuviera mayoría absoluta (50% +1); de no ser así, las dos candidaturas más votadas pasaban a una última ronda, y resultaba electo quien obtuviera más votos. Ahora, el requisito para ser electo será menos exigente, algo que beneficia a Bukele, quien ya se encuentra en su segundo mandato presidencial y cuenta con el control de los demás poderes del Estado, en un contexto en el que la persecución sistemática y encarcelamiento de voces críticas se ha convertido en una política de Estado.

Estas reformas son el ataque más reciente contra el sistema de democracia pluralista que El Salvador estableció tras la guerra civil - una democracia que muchas personas y grupos del movimiento social y sociedad civil han estado luchando por defender en los últimos seis años.

La reacción del pueblo organizado

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) denunció en un un comunicado público que se trata de “modificaciones al sistema político o electoral [que] son ilegítimas e ilegales”, impuestas por “un poder de facto, surgido de una reelección continua que es inconstitucional”. Según el BRP, esta nueva arremetida del régimen busca profundizar la concentración de poder en el Ejecutivo, y se suma a los cambios ilegales realizados antes de las elecciones de 2024, como la eliminación de municipios y diputaciones y la alteración del cociente electoral.

“Con todas esas reformas ilegales,” sigue el comunicado, “el régimen consolida su poder sobre el estado y su capacidad de atemorizar y perseguir a la oposición. Sin embargo, el uso de la ilegalidad y la fuerza también expresan que el régimen está perdiendo hegemonía”.

De acuerdo al comunicado, “el clan gobernante sabe que las esperanzas de mejorias que le han vendido al pueblo son irreales” y lo que se ve en el país es “desempleo, alza de precios, erosión de ingresos, deterioro de los servicios de salud, educación y agua” con aumentos en “el hambre, la pobreza, y la emigración” - cosas que aseguran seguirán empeorando bajo el acuerdo con el FMI que exige recortes a las finanzas públicas, “más despidos, nuevos impuestos, y [resultará en] más pobreza.”

Denuncian que “el clan gobernante sabe que una amplia franja de la población se decepcionara” y que “por eso aumenta la represión y concentra el poder, alertando que “el exceso de poder no garantiza la estabilidad política del país”, señalaron, “sino que degrada las condiciones de vida del pueblo y concentra la riqueza en una minoría muy opulenta”.

Reacción del gobierno de los EUA

El 6 de agosto, varios medios de comunicación informaron sobre las declaraciones de un portavoz del Departamento de Estado en defensa de las reformas, declarando que “la decisión de realizar cambios constitucionales es suya”. Por supuesto, esa postura de neutralidad y respeto por la autodeterminación es algo que las naciones de América Latina y de todo el mundo llevan mucho tiempo exigiendo a Estados Unidos, pero parece que solo se aplica a los movimientos políticos y gobiernos de derecha. El portavoz se apresuró a justificar la contradicción, describiendo a la Asamblea Legislativa salvadoreña como “elegida democráticamente” y rechazando las comparaciones de las reformas en El Salvador con las de “regímenes dictatoriales ilegítimos en otras partes de nuestra región”.

El gobierno estadounidense ha desempeñado durante mucho tiempo un papel clave en la legitimación de la concentración de poder de Bukele. Si bien la colaboración entre Estados Unidos y el gobierno de Bukele ha intensificado bajo la administración Trump, la postura de aprobación, a pesar de las flagrantes violaciones constitucionales e ilegalidades cometidas durante la consolidacion de poder del regimen de Bukele, también era la que mantuvo la administración Biden. Estos comentarios del Departamento de Estado de Trump no difieren mucho de los de Brian Nichols, ex subsecretario bajo Biden, quien afirmó antes de las elecciones presidenciales de enero de 2024 que el pueblo salvadoreño resolvería la cuestión de la elección inconstitucional de Bukele «en las urnas». Los comentarios de Nichols ignoraron convenientemente el asedio militar y la suspensión de los derechos constitucionales que limitaron la posibilidad de unas elecciones libres y justas ese año y dieron entender que las elecciones presidenciales podían sustituir el papel de una asamblea constituyente, que se lo que exigue la Constitución salvadoreña. 

En marzo de 2024, tras unas elecciones marcadas por graves acusaciones de irregularidades, el Departamento de Estado de Biden emitió un comunicado felicitando a Bukele y omitiendo las acusaciones de malversación de recursos públicos, el colapso de las instituciones electorales y la cooptación del sistema judicial. Una delegación bastante significativa de alto nivel del Departamento de Estado de Biden tambien asistió a la toma de posesión del inconstitucional segundo mandato consecutivo de Bukele, por lo que el secretario Blinken también emitió unas palabras de felicitación y se comprometió a «continuar con la asociación y la colaboración».

La postura pública de neutralidad y «colaboración» adoptada por Biden contribuyó a la normalizacion del autoritarismo de Bukele y es un precursor significativo de las declaraciones del Departamento de Estado de Trump, lo que refleja el consenso bipartidista en Washington: denunciar a los gobiernos como ilegítimos y dictatoriales solo cuando desafían los intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos y sus élites empresariales.

Reformas consolidan un proceso hacia una dictadura iniciado años atrás

Si bien los comentarios del Departamento de Estado intentan legitimar a la Asamblea Legislativa y sus acciones, estas reformas son la culminación de ilegalidades y maniobras destinadas a socavar la democracia pluralista de El Salvador.

En abril de 2024, a un mes de cerrar la última sesión legislativa 2021-2024, la bancada de Nuevas ideas presentó y aprobó una enmienda al artículo 248 de la Constitución, el cual establece el proceso de reforma constitucional*. Esta enmienda eliminaría el requisito de contar con dos legislaturas consecutivas para que se apruebe y ratifique cualquier reforma a la Constitución. Antes, si una legislatura aprueba una reforma a la Constitución por mayoría simple, esta tendría que ser ratificada por dos tercios por la siguiente, es decir,por un nuevo grupo de funcionarios. Bajo la reforma aprobada por Nuevas Ideas, se puede ratificar un cambio a la Constitución dentro de la misma legislatura con un voto de 4/5. 

Posteriormente, en enero de 2025, la Asamblea Legislativa actual — nuevamente controlada por Nuevas Ideas y sus aliados— ratificó la enmienda, adjudicándose as, el poder de reescribir la constitución en un solo periodo legislativo. Numerosas organizaciones sociales y analistas calificaron la maniobra como un golpe constitucional consumado en pleno siglo XXI.

Las y los diputados que impulsaron las reformas recientes llegaron al poder a través de un proceso electoral altamente cuestionado. En 2023, el gobierno de Bukele, a través de la bancada de Nuevas Ideas, redujo el número de escaños legislativos, eliminó más de 200 alcaldías, modificó el sistema de asignación de curules y manipuló las reglas del juego electoral.  Esta reforma también fue aprobada de manera exprés y sin consulta pública, a pocos meses de las elecciones de 2024.

El cambio en el número de diputados y en el sistema electoral favoreció a Nuevas Ideas, ya que redujo la representación proporcional y limitó las oportunidades de los partidos minoritarios para obtener escaños, concentrando aún más el poder en el partido mayoritario. Al reducir el tamaño de la Asamblea de 84 a 60 diputados y eliminar el sistema de residuos —que permitía que partidos con menos votos también accedieron representación— sólo los partidos con votaciones altas podrían obtener representación legislativa, excluyendo a los demás y reforzando el control de Nuevas Ideas, que aún contaba con una amplia mayoría.

Expertos que han analizado los resultados de las elecciones 2024 han explicado que sin las reformas, la representación del partido de izquierda FMLN, por ejemplo, hubiera incrementado de 4 a 6 diputaciones; en la Asamblea actual, hay 0. Asimismo, la jornada electoral de 2024, en la que se eligieron diputados, presidente y concejos municipales, además de desarrollarse en un contexto de represión bajo el Régimen de Excepción, estuvo marcada por serias denuncias de fraude electoral.

En su respuesta a las reformas, el BRP también puso en duda el respaldo del que goza esta asamblea diciendo que, “El pueblo rechaza a sus alcaldes y diputados [de Nuevas Ideas], por eso ahora pretenden alinear la elección presidencial con las elecciones legislativas y municipales”, advierte el Bloque. Frente a ello, hicieron un llamado urgente a “fortalecer la organización en las comunidades, las colonias, los barrios y los territorios para luchar por la defensa de sus derechos y construir una sociedad con justicia social, libertad y dignidad”.

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*El momento en que se presentó y aprobó dicha enmienda por la legislatura previa constituyó una violación al artículo 248 de la Constitución, ya que este establece que no se pueden presentar ni aprobar reformas constitucionales durante el período de transición entre gobiernos. Además, el artículo exige que entre ambas votaciones de la reforma debe haber una elección legislativa para que la ciudadanía pueda expresar en las urnas su respaldo o rechazo a las diputadas y diputados y a sus propuestas de reforma constitucional.

En este caso, la primera aprobación de las reformas ocurrió apenas meses después de las elecciones legislativas del 4 de febrero de 2024, sin que se hubiera cumplido con el procedimiento establecido para respetar el período de transición ni con la realización de elecciones intermedias. Esto incumplió el requisito constitucional y negó a la ciudadanía la posibilidad de evitar la ratificación definitiva de la reforma durante el período 2024-2027 en caso de no estar de acuerdo.