Washington, DC - El Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) condena categóricamente la decisión de los recién juramentados diputados de los partidos Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC quienes el sábado 1o. de mayo con una mayoría en el Congreso y con el respaldo del Presidente de la República, Nayib Bukele, votaron a favor de destituir inconstitucionalmente a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en lo que se ha denunciado en El Salvador como un golpe de estado. Ver comunicado en pdf aqui.

Si bien es cierto que algunos magistrados de la Corte Suprema históricamente han representado los intereses de la oligarquía, y que la nueva Asamblea fue democráticamente electa - aunque que el proceso electoral estuvo plagado de violaciones al Código Electoral por parte del Presidente y su partido, Nuevas Ideas - ello no justifica el asalto a la institucionalidad del país y sienta un precedente peligroso en detrimento de los avances democráticos desde la firma de los Acuerdos de Paz.

La decisión de destituir a los cinco magistrados y reemplazarlos no fue fundamentada en las causas establecidas en la Constitución, ni se ha garantizado el derecho a audiencia y defensa de los magistrados, como lo dictamina la ley. Por el contrario, ha sido una decisión que tiene como fundamento eliminar cualquier oposición institucional y convertir todos los poderes del aparato estatal en instrumentos del presidente. Esto explica por qué los mismos diputados también destituyeron al Fiscal General de la República, Raúl Melara, y próximamente podrían destituir al Procurador de Defensa de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar Serrano, quienes durante la pandemia denunciaron graves violaciones a los derechos humanos y corrupción por funcionarios del partido oficialista.

Del mismo modo, rechazamos la reacción del Presidente Bukele quien en un tweet sentenció que esta acción no es “incumbencia” de la comunidad internacional. A él le comunicamos: CISPES NO responde a gobiernos autoritarios, sino al movimiento social salvadoreño, con el que durante 40 años hemos tenido una relación de pueblo a pueblo y al que hemos acompañado en los momentos más sangrientos de las últimas dictaduras y en momentos históricos como fue la transición a una democracia. Si bien esta democracia no ha sido perfecta, como tampoco lo es en Estados Unidos, fue resultado de una lucha popular y una negociación pluralista, no el antojo de un demagogo.

CISPES sigue firme en su acompañamiento a la clase trabajadora y organizada del país y es por eso que hacemos un llamado al gobierno de los Estados Unidos a:

1. RESTRINGIR DE INMEDIATO los fondos de asistencia policial y militar de Estados Unidos a El Salvador
2. RESTRINGIR DE INMEDIATO los fondos que van en beneficio de los intereses económicos élites que busquen privatizar los recursos naturales y los servicios públicos, violar los derechos de los trabajadores y/o destruir tierras indígenas y comunales, entre otras.

Dada la clara intención de la administración Bukele de gobernar de forma unilateral y sin ningún respeto a la Constitución de la República, el gobierno EEUU tiene la obligación moral de restringir su asistencia a las fuerzas de seguridad que ya desempeñan sus mandatos inconstitucionales y seguramente serán utilizados para reprimir al movimiento social y a defensores de derechos humanos, quienes constituirán la única fuerza opositora en el país próximamente.

Como ha hecho evidente el Presidente Bukele en su tweet, este nuevo poder político busca el apoyo a nivel internacional para implementar sus políticas económicas del saqueo de los recursos naturales y los bienes públicos sin respeto a los derechos del pueblo. Por eso es aún más urgente que el gobierno EEUU deje de promover un modelo económico de explotación, incluso a nivel internacional a través de su influencia en los bancos multilaterales.

La crisis actual de persecución política y represión estatal en Honduras nos sirve como un ejemplo grave de los resultados de las decisiones del gobierno de los Estados Unidos de legitimar y mantener el apoyo internacional al gobierno después de un golpe de estado, como en el 2009, y la elección ilegítima de Juan Orlando Hernandez en 2017 que resultó de una serie de constantes violaciones del estado de derecho, incluso para hacer obediente la Corte Suprema, muy parecido a las acciones de Bukele hoy en dia.

Charlas condescendientes por parte de la Administración Biden no impedirán el avance de esta violaciones; ya tiene muy claro el Presidente Bukele y su partido el tipo de dictadura que quieren instalar en El Salvador. Si el gobierno de EEUU no actúa inmediatamente para restringir fondos de asistencia policial, militar y de otros que fortalezcan su régimen, no cabe duda que lo que ocurra después también será responsabilidad del gobierno estadounidense.

A MÁS AUTORITARISMO MÁS RESISTENCIA!
#elgolpeseparraenlascalles