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Agosto 13, 2024

Contacto para los medios de comunicación: Alexis Stoumbelis, [email protected], +1 202-981-7381

70 organizaciones de 13 países exigieron, por medio de una declaración, la liberación inmediata de diez miembros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz y de un periodista comunitario detenidos en mayo de este año. Leer declaración aquí.

La declaración surge en el marco de la resolución desfavorable del Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado, Jueza Tres, de San Salvador, a una petición de medidas sustitutivas a la detención para José Santos Melara, uno de los dirigentes detenidos, quien además de tener una edad avanzada, presenta un deteriorado estado de salud. Dicha juez denegó una petición similar para Atilio Montalvo, miembro del equipo de negociación de los Acuerdos de Paz de 1992.

Santos y Montalvo fueron arrestados después de que la Alianza convocara a protestas pacíficas en el marco de la toma de posesión del segundo mandato inconstitucional de Nayib Bukele, el 1 de junio.

En su comunicación, grupos de salvadoreños en la diáspora, así organizaciones religiosas, de derechos humanos y de solidaridad internacional, condenaron las detenciones como "otro preocupante caso de persecución política que sigue aumentando en El Salvador, coartando las libertades democráticas fundamentales", ya que aseguran que el gobierno de Bukele acusa a los líderes sin pruebas confiables.

Las organizaciones internacionales, como la Asociación Americana de Juristas y la Oficina de Testigo Público de la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.), calificaron estas acciones como "intentos del gobierno de Bukele de silenciar la disidencia y, lo que es aún más preocupante, de convencer a la población de que los grupos de oposición suponen un peligro para ellos, una táctica que recuerda a las dictaduras militares".

Familiares y abogados defensores informan que Montalvo, Melara y otros no están recibiendo un acceso adecuado a tratamiento para enfermedades como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal y otras condiciones de salud que les afectan. Los grupos advierten que al negarles medidas alternativas a la detención, el gobierno de Bukele corre el riesgo de "cometer crímenes de lesa humanidad” al violar la vida, la integridad física, la salud y la dignidad de los detenidos.

Por ello, y haciendo alusión a la frágil salud de Atilio Montalvo, José Santos Melara, y otros, las organizaciones pidieron su liberación inmediata, ya que su permanencia en las prisiones salvadoreñas pone en riesgo su vida.

Declaró Catherine Gordon, de la Oficina de Testimonio Público de la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.): "En 2022, el propio informe del PC(USA) sobre El Salvador, Guatemala y Honduras destacó las crecientes tendencias autoritarias de la administración Bukele. Mientras mantenemos nuestro compromiso de apoyar los derechos de los centroamericanos, la democracia y el estado de derecho, estamos profundamente preocupados por la acelerada marcha hacia el autoritarismo en El Salvador con la injusta detención de opositores políticos y la consolidación del poder bajo una presidencia inconstitucional.

"Estos presos políticos son sólo algunas de las muchas personas detenidas injustamente bajo el gobierno de Bukele en los últimos años. Como sugiere el reciente informe de la ONG regional Cristosal, estas medidas se dirigen cada vez más contra activistas y defensores de los derechos humanos, y la amenaza de detención o violencia estatal se ha convertido en una fuerza impulsora de los desplazamientos internos y la migración internacional."

Declaró Vicki Gass, del Grupo de Trabajo sobre América Latina:  "Lo que debería ser una medida de emergencia temporal según la Constitución Salvadoreña es ahora una política gubernamental permanente. Bajo el Régimen de Excepción, decenas de miles de salvadoreños han sido detenidos sin motivo, se les ha negado el debido proceso, y han sufrido graves violaciones de los derechos humanos. Más de 260 personas han muerto en circunstancias sospechosas mientras estaban injustamente detenidas y se prohíbe a las familias visitar a sus seres queridos. La detención de los dirigentes de la Alianza, varios de ellos ancianos y todos con graves problemas de salud, es un ejemplo más de cómo el gobierno utiliza esta política draconiana para atacar a sus críticos." 

Declaró Alexis Stoumbelis del Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador: "El reciente fallo que deniega las medidas sustitutivas es otra afirmación alarmante del deterioro del mal llamado sistema de justicia en El Salvador, ya que el gobierno de Bukele lo ha convertido en una arma política y un instrumento de control social. Las familias de personas inocentes detenidas bajo el régimen de excepción han sido abandonadas y violentadas por las instituciones de estado que deberían intervenir en pro de la justicia y de sus derechos, convirtiendo a líderes sociales, como los de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, en la última línea de defensa para estas personas. Pero el mundo también es testigo y fuente de denuncia que ahora también a estos defensores los están encarcelando sin pruebas. Nuestro mensaje a quienes sufren persecución por denunciar los abusos del gobierno es que no están solos."

Declaración de La Nación Salvadoreña El Salvador en Paz

“Como salvadoreños en el exterior comprometidos con la democracia, cuestionamos fuertemente al de facto gobierno de Bukele y sus ataques contra líderes sociales, incluidos Atilio Montalvo, miembro del equipo de negociación de los históricos Acuerdos de Paz que pusieron fin a décadas de una dictadura militar y antesala a una democracia representativa. Por años hemos trabajado de la mano con la dirigencia de la Alianza Nacional El Salvador en Paz quienes siempre han guiado su accionar popular de manera pacifista. Los conocemos personalmente. Previo a la ilegal asuncion al poder de Bukele, este los manda a arrestar bajo falsos y fabricados cargos de terrorismo. Este es otro intento más de silenciar a quienes denuncian y desenmascaran el fracaso como gobernante del demagogo de Bukele.”