Preparado por el Comite en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES)

¿Qué ha sucedido?

El 22 de julio la Policía Nacional Civil detuvo ilegalmente a cinco exfuncionarios del partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y anunció la intención de detener a otros cinco.  A estas personas no se les mostraron órdenes de detención al momento de su arresto y los cargos en su contra no fueron revelados sino hasta la noche de la detención en una conferencia de prensa llevada a cabo en las instalaciones de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) por el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, el Fiscal General de la República de facto y el Director General de la PNC. Fue hasta este momento que las personas detenidas y sus abogados conocieron la intención del Fiscal General de imputarles cargos por Lavado de Dinero y Activos, y Enriquecimiento Ilícito.

En una audiencia preliminar el 28 de julio, el Juez Segundo de Paz de San Salvador ordenó seis meses de detención provisional para los cinco imputados y emitió órdenes de arresto para otros cinco exfuncionarios, incluyendo el expresidente Salvador Sánchez Cerén.  Los prisioneros fueron transferidos al Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, y a Cárcel de Mujeres en Ilopango, mientras sus abogados esperan instrucciones para iniciar con el proceso de apelación.  El plazo excesivo para detenciones provisionales es un hecho común y lamentable en los procesos judiciales en El Salvador, además de que viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) en lo referente a la presunción de inocencia. (Haga clic aquí para descargar un PDF de este recurso).

¿Quiénes han sido detenidos?

Las personas detenidas eran integrantes del gabinete de gobierno de la primera administración del FMLN a cargo del presidente Mauricio Funes (2009-2014). La primera persona detenida fue la Dra. Violeta Menjívar, ex Ministra de Salud y ex alcaldesa de la ciudad capital, San Salvador (2006-2009); la Dra. Menjivar encabezó la histórica reforma de salud para garantizar el derecho a la atención médica y es una firme defensora del acceso de las mujeres a la salud reproductiva.  También se detuvo a Erlinda Hándal, ex Viceministra de Ciencia y Tecnología (e hija del fundador del FMLN, Schafik Hándal).  Las otras tres personas detenidas son Calixto Mejía, ex Viceministro de Trabajo y ex diputado; Hugo Flores, ex Viceministro de Agricultura; y Carlos Cáceres, ex Ministro de Hacienda.

Asimismo, se han emitido órdenes de arresto en contra del profesor Salvador Sánchez Cerén, líder histórico del FMLN y ex Presidente de El Salvador (2014-2019); Gerson Martínez, ex Ministro de Obras Públicas; Lina Pohl, ex Ministra de Medioambiente y Recursos Naturales; y José Guillermo López Suárez, ex presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Anónima y ex Ministro de Agricultura y Ganadería.

¿Por qué son preocupantes estas estas detenciones?

Violación del debido proceso

Desde el principio, la policía violentó el derecho al debido proceso de las personas detenidas.

• A los detenidos se les negó información sobre el lugar al que serían trasladados.
• El acceso a sus abogados fue negado por varias horas.
• No fue hasta una conferencia de prensa llevada a cabo la noche del arresto por el Fiscal General de facto, Rodolfo Delgado, y el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, que los abogados y sus clientes conocieron los cargos en su contra por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.

Violación de la presunción de inocencia

En un claro intento de desarrollar un juicio paralelo de la opinión pública, se hizo desfilar frente a los medios de comunicación a las personas detenidas esposadas, custodiadas por un soldado fuertemente armado, y les difamaron, injuriaron y calumniaron, haciendo uso de los medios de comunicación gubernamentales, fotografiándoles en la privacidad de sus celdas y publicando sus fotografías en las cuentas de redes sociales de instituciones del Estado.

These actions directly violate the detainees’ legal right to presumption of innocence and serve as a political strategy to slander and humiliate these former public functionaries in the eyes of the public without the need for a trial.

Cargos criminales por actos no criminales

Expertos legales en El Salvador han expresado alarma debido a que los exfuncionarios están siendo acusados penalmente por acciones no criminales. Si bien el Fiscal General presentó cargos de “malversación de fondos y lavado de dinero y activos”, no ha presentado ninguna prueba creíble en ese sentido. Además, los peritos legales argumentan que los sobresueldos u honorarios que el Fiscal General alega que recibieron los detenidos durante el gobierno de Funes son legales bajo la ley salvadoreña.

En una entrevista reciente, el exembajador de El Salvador en los Estados Unidos y posteriormente representante del país ante las Naciones Unidas, Rubén Zamora, aclaró que existe un código contable para los sobresueldos en el Ministerio de Hacienda, lo que significa que son legales.

Por esta razón, la Asociación Americana de Juristas Rama El Salvador (AAJ-ES), condenó “la actitud y el objetivo del régimen [de Bukele] de perseguir políticamente a sus opositores, criminalizando acciones que no constituyen delito, buscando distorsionar por la fuerza las leyes penales para aplicarlas a acciones no criminales atribuidas a la oposición.”

Autoridad judicial ilegitima 

Representantes de la oposición en El Salvador, tanto de la izquierda como de la derecha, consideran inválida cualquier acción del Fiscal General de facto, Rodolfo Delgado, dado que Delgado fue nombrado inconstitucionalmente por el partido de Bukele en la Asamblea Legislativa por medio de un golpe de Estado,  ejecutado el 1 de mayo en contra las autoridades judiciales legalmente electas.
¿Cuál es el contexto político en el que estas detenciones están teniendo lugar?
Los cargos presentados contra los exfuncionarios de gobierno son otro ejemplo de la amenaza que el autoritarismo de Bukele representa para el estado de derecho en El Salvador.

Como lo expresaron los abogados salvadoreños que forman parte en la AAJ-ES, “cada día es más evidente la violación del Estado Constitucional de Derecho de El Salvador - es de conocimiento público e internacional - todo facilitado a través del control absoluto que tiene el Presidente de la República de todos los órganos del Estado, incluida la Oficina del Procurador General de la República ”.
Asimismo, estas detenciones parecen ser un intento de distraer de la corrupción ampliamente documentada de la que han participado funcionarios de la administración Bukele, incluyendo gastos relacionados con la pandemia del COVID-19, los cuales estaban siendo investigados por el Fiscal General antes de ser removido inconstitucionalmente por el congreso oficialista.  Varios funcionarios de alto rango de la administración de Bukele también han estado bajo un intenso escrutinio internacional después de haber sido nombrados por Estados Unidos en una lista de personas acusadas de corrupción, conocida como la lista Engel.

Si bien algunos exfuncionarios simbólicos del partido de derecha ARENA también están siendo investigados por malversación de fondos y otros delitos, muchos casos de alto perfil de administraciones anteriores de ARENA (1989-2009) permanecen impunes, esto a pesar de la existencia de una lista de más de 150 casos de corrupción documentados y presentados para su investigación ante el ex Fiscal General en 2009.

¿Cuál ha sido la respuesta de la embajada de los Estados Unidos?

La embajada de los Estados Unidos en El Salvador y su Encargada de Negocios interina, Jean Manes, han guardado silencio sobre este caso.

Estados Unidos no ha hecho declaraciones públicas contra esta reciente ronda de persecución política. Esto a pesar de que otras acciones de Bukele y su partido, incluida la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia -nombrados por una legislatura controlada por la derecha-, provocaron una respuesta de alto nivel de parte de los Estados Unidos, como la del vicepresidente Harris. Cabe destacar que durante su mandato como embajadora, Jean Manes apoyó abiertamente "juicios de la opinión pública" similares en contra funcionarios del FMLN, en particular, el ex presidente Mauricio Funes.

La caravana del presidente Bukele se vio entrando en la embajada de los Estados Unidos la noche de los arrestos. A la fecha, ni la Embajada ni la administración Bukele han brindado información pública sobre el contenido de esa reunión.

¿Qué están pidiendo las organizaciones de derechos humanos en El Salvador?

Las organizaciones de Derechos Humanos en El Salvador y el recién formado Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) demandan que las autoridades salvadoreñas retiren los cargos. Asimismo, los abogados defensores tienen previsto apelar la prisión preventiva ordenada el 28 de julio.

COFAPPES realizó una conferencia de prensa el 4 de agosto para denunciar que se les negó el acceso a medicamento y atención médica a las prisioneras y prisioneros políticos, y que el estado de salud de la Dra. Violeta Menjívar, quien es sobreviviente de cáncer, se estaba deteriorando.

La Asociación Americana de Juristas llamó a la administración a respetar las protecciones garantizadas a mujeres en custodia establecidas en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. También exigieron respeto a las leyes que protegen a los adultos mayores y a los pacientes de edad avanzada y con condiciones de salud crónicas y de corto plazo.

¿Qué formas de presión internacional se pueden aplicar para garantizar que exfuncionarias y exfuncionarios del gobierno no sean encarcelados ilegalmente o condenados injustamente?

Las organizaciones internacionales y miembros del Congreso pueden:

• Hacer declaraciones públicas para expresar preocupación por la persecución política y exigir respeto al debido proceso y presunción de inocencia de las y los afectados.
• Solicitar que la Embajada de Estados Unidos en El Salvador y el Departamento de Estado de Estados Unidos emitan un comunicado condenando las detenciones y pidiendo respeto al debido proceso, en virtud del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles (ICCPR) que Estados Unidos ha ratificado.

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