Coalición de Movimientos Sociales Rechaza la Reforma de las Pensiones de la Administración Bukele

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Protester in San Salvador holds sign that reads "¡Fuera AFP!" ("Out with AFP!). AFP: Private Pension Funds Administration. Photo credit: CISPES

En una sesión nocturna el 20 de diciembre de 2022, la Asamblea Legislativa, controlada por el partido Nuevas Ideas que responde al presidente Bukele, aprobó tres iniciativas de ley que cambiarán el sistema de pensiones de El Salvador. Aunque las nuevas leyes cumplen la promesa del gobierno de Bukele de reformar el sistema de pensiones de El Salvador--un sistema quebrado y desangrado por la re-estructuración neoliberal de las últimas décadas--las organizaciones del movimiento social han rechazado rotundamente las reformas por "poco prácticas, insuficientes e irresponsables".

La lucha por pensiones equitativas que garanticen una jubilación digna ha sido uno de los pilares de lucha del movimiento social por la justicia económica por varias décadas en El Salvador. En 1998, el sistema de pensiones se privatizó parcialmente durante las reformas neoliberales respaldadas por Estados Unidos que caracterizaron el país bajo sucesivos gobiernos de derecha. El nuevo sistema se bifurcó, colocó a los nuevos cotizantes de pensiones en planes privados con ánimo de lucro (denominados AFPs, administradoras de fondos de pensiones), mientras que el plan público -que contenía el mayor número de receptores de pensiones- continuó pagando del fondo público que se reducía rápidamente. El resultado: las administradoras privadas del nuevo plan vieron cómo sus beneficios se disparaban mientras el Estado se endeudaba (con esas mismas empresas privadas).

En los años siguientes, la Alianza Sindical por una Reforma Integral al Sistema de Pensiones, una amplia coalición laboral que representa a trabajadores de diversos sectores, contra-atacó, abogando por el control público del sistema de pensiones. Sin embargo, se encontraron con la feroz oposición de las alianzas empresariales y los funcionarios gubernamentales de derechas, que impulsaron una privatización aún mayor. Para más detalles sobre esta lucha histórica y sus diversas fases, véanse el artículo aquí. En pocas palabras: "La crisis a la que se enfrenta el sistema de pensiones es, por desgracia, el resultado típico de las políticas económicas neoliberales; se desfinancian y descuidan las instituciones públicas, y luego se piden más privatizaciones para rescatarlas."

En este contexto, las organizaciones de movimientos sociales mantienen como exigencia central el cumplimiento de la promesa de Bukele de modificar el sistema de forma equitativa para "garantizar una pensión digna para todos los salvadoreños", tal y como se comprometió a hacer "en un plazo de 30 días" hace más de un año. Sin embargo, las reformas contempladas en las tres nuevas leyes no hacen nada de eso, según los movimientos sociales, sino que seguirán enriqueciendo "a los mismos de siempre."

En una declaración emitida el 21 de diciembre, la coalición de movimientos sociales Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular detalló por qué "rechazan rotundamente" las reformas como una concesión más a los ricos a expensas de los pobres:

“Ese proyecto del gobierno para reformar la ley de pensiones es puro maquillaje, no atiende los problemas estructurales y es más de lo mismo que las élites de derecha le han dado a la clase trabajadora.

El proyecto de Bukele busca confundir a la población con falsas promesas y mantiene el lucrativo negocio privado de las AFP. Con esa reforma, el próximo año ganarán $2 millones de más, pues la comisión que cobran por administrar los fondos aumentará de 0.9% a 1%.

También continuará el lucro de las empresas de seguro, que seguirán cobrando el 1% de comisión por   cotizaciones por seguros de muerte e invalidez. Y serían contratadas por el Instituto Salvadoreño de Pensiones, con el dinero de la cuenta solidaria de quienes cotizan. O sea, el negocio sigue.

La ley no enfrenta los tres problemas del sistema de pensiones, que son: baja cobertura, bajas pensiones y carga financiera generada al Estado por la administración privada (AFP).

La nueva ley no incluye al sector informal, o sea, no aumentará la cobertura. En El Salvador, de cada 100 personas de la PEA [población económicamente activa], solo 25 cotizan. Eso seguirá igual o peor, ante el creciente desempleo con este régimen.

Tampoco crecerán las pensiones no contributivas ni la cantidad de personas que las reciben. Dichas pensiones fueron creadas por los Gobiernos anteriores.

La mayoría de pensiones seguirán bajas, pues del aumento de un punto porcentual de la aportación patronal, una parte irá a las AFP. Y lo que irá a la cuenta individual de la gente solo crecerá de 8.10% a 9%. En promedio, el fondo de las cuentas individuales no crecerá ni en $80 al año. Una cifra irrelevante.

Como no se cambia la forma de cálculo de las pensiones (fondo acumulado entre 250 meses), y como los salarios son muy bajos, lo que una persona puede acumular en su cuenta no alcanza para pensiones dignas. El 95% de las pensiones andarán por la mínima.

El Estado seguirá endeudándose para pagar pensiones a 88,000 personas jubiladas del ISSS [Instituto Salvadoreño del Seguro Social] y el INPEP [Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos] y para darle complementos a quienes se pasaron de forma "voluntaria" a las AFP. Esos pagos rondan los $700 millones al año.

Una parte de ese dinero saldrá de la cuenta solidaria de las personas en las AFP y otra parte la obtendrá el Estado vendiendo Certificados de Obligación Previsional, COP, (títulos valores), que comprarán las AFP de forma obligatoria con los fondos de las cuentas individuales, según el artículo 9 de creación de los COP.

De la cuenta solidaria también se echará mano para pagar algún aumento de la pensión mínima. Esa cuenta, que sirve para pagarles pensiones a quienes vivan más de 20 años  después que se jubilen, podría quebrar en poco tiempo.

¿Qué propone en su lugar la coalición de movimientos sociales?

La única solución es:
1) Nacionalizar el sistema de pensiones, es decir, eliminar el lucro privado;
2) Crear un sistema solidario;
3) Modificar la forma de cálculo de la pensiones (que sea el 60% del salario promedio de los últimos tres años):
4) Mejorar los salarios, y
5) Ponerles altos impuestos directos a los ricos, para que el Estado frene su endeudamiento y cumpla con sus obligaciones previsionales.

Propuesta del BRP: Crear un sistema público de pensiones.

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular lanzó en su Proclama al País "Por un Gobierno de Rescate Nacional", en agosto de 2022, una propuesta que atienda de manera integral y estructural el problema de las pensiones. Esta propuesta consiste en lo siguiente.

a) Aprobar el proyecto de ley "Sistema Nacional de Pensiones para los trabajadores del sector privado, público y municipal, así como para las personas mayores de setenta años", presentado ante la Asamblea Legislativa, en octubre de 2019, por un grupo de organizaciones populares, muchas de ellas pertenecientes al BRP, para crear un sistema público donde coticen todas las personas que hoy lo hacen en las AFP, en el INPEP y en el ISSS.

b) Dicho sistema sería administrado por un ente público, con pensiones vitalicias, beneficios definidos, un pilar solidario y un pilar no contributivo.

c) La aportación patronal sería de 8.75% e incluiría el pago durante los períodos de maternidad e incapacidad, comisión del ente administrativo de 0.5%.

d) La tasa de reemplazo de la pensión solidaria sería de 50% y la pensión no contributiva se le otorgaría toda la población adulta mayor que no cotizó.

El BRP reitera a la fuerzas revolucionaras, democráticas y progresistas del país, la propuesta de crear un Frente Amplio de organizaciones sociales y políticas que luche contra el actual régimen dictatorial, que rescate al país del retroceso y lo ponga en la ruta democrática de los Acuerdos de Paz de 1992."

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