Mientras El Salvador enfrenta la posibilidad de un impago en sus aproximadamente $1,700 millones de dólares en deudas internacionales, la oposición derecha recalcitrante está utilizando la situación como una ventaja política mientras obstruye soluciones sustentables propuestas por el gobierno. Desde que el partido de izquierda Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional fue elegido a la presidencia en el 2009, terminando veinte años consecutivos de la gobernación del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), ha propuesto una serie de medidas y reformas para abordar la inminente crisis fiscal; sin embargo legisladores de ARENA y la Cámara de lo Constitucional de la Corte Suprema han obstruido casi todas las soluciones propuestas por el gobierno.

En una entrevista el 26 de septiembre, el Secretario Técnico Roberto Lorenzana señalo que 80% de la deuda original fue acumulado durante administraciones de ARENA, mucho de ello resultado del defectuoso plan de privatización del sistema de pensiones. Cuando el sistema de pensiones públicas fue parcialmente privatizada en 1998, el gobierno retuvo la responsabilidad de pagar las pensiones de los jubilados del sistema anterior, mientras que los fondos de pensiones en el sistema privado coleccionaba las cotizaciones del los trabajadores no jubilados. El resultado de esto fue que el gobierno tenía que endeudarse de los mismos fondos privados de pensiones para poder pagar sus obligaciones actuales de pensiones. En febrero el FMLN presentó una propuesta de reforma de pensiones para convertir la un modelo público-privado más sustentable, sin embargo los partidos de derecha de la Asamblea Legislativa los han obstruido mientras que los elites económicos han confabulado con los medios de la derecha en un intento a reunir apoyo en contra la propuesta. Las pensiones fueron solo una parte de una ola de privatizaciones empujado por los EEUU y implementado por administraciones de ARENA.

Otro factor importante que ha delimitado la capacidad del gobierno a refrenar la deuda es la falta de ingresos presupuestarios, debido en parte a la persistencia de una estructura de impuestos extremadamente regresiva con abundantes tecnicismos además de evasión masiva de impuestos por empresarios. Un estudio reciente por el Departamento de Economía de la Universidad de Centroamérica (UCA) señalo que la evasión de impuestos puede costar el estado hasta $1,500 millones de dólares por año, y que las empresas nacionales evaden hasta 50% de sus impuestos sobre la renta. Para dirigirse a esta evidente carga fiscal, en los últimos años el gobierno ha tomado medidas para fomentar el pago de impuestos reactivos además de cerrar los tecnicismos y cobrar ingresos de nuevas fuentes. Algunas de las medidas incluyen periodos de amnistía para pagar impuestos reactivos sin sanciones, publicando los nombres de evasores de impuestos en los medios, y nuevos impuestos como un mínimo de 1% impuesto sobre la renta, un impuesto en llamadas entrantes del exterior, y un impuesto en vehículos motorizados. La Cámara Constitucional ha usado dudosos argumentos legales a derogar todas estas medidas, provocando que sindicatos y grupos del movimiento social hayan acusado a la Cámara Constitucional de intentar a privar de recursos del gobierno del FMLN. En múltiples manifestaciones han llamado por la renuncia de los cuatro magistrados de la Corte Suprema al centro de estos fallos, uno de los cual fue recientemente revelado de ser un evasor de impuestos.

En julio, el presidente Salvador Sánchez Cerén del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) convocó una reunión de los dirigentes de los distintos partidos políticos para discutir soluciones de corto y largo plazo al inminente crisis fiscal. En el corto plazo el gobierno necesita $1,200 millones de dólares en bonos para poder reestructurar las letras del tesoro a deuda de largo plazo, para que pueda pagar pensiones, salarios, obligaciones operacionales y pagos de deuda para lo que queda del año. Durante las negociaciones ocasionales, ARENA ha condicionado cualquier apoyo a la aprobación de los bonos en variables demandas, desde una auditoría de empleados del gobierno a la aprobación de una Ley de Responsabilidad Fiscal que intenta limitar gastos gubernamentales con medidas de austeridad y cortes a gastos públicos. Presión de actores como el gobierno de los EEUU, el Fondo Monetario Internacional (IMF) y hasta el Obispo Católico han mantenido que ARENA asista las negociaciones, aunque las negociaciones han sido algo escurridizo, en cuanto el partido de derecha ha dicho que va a apoyar la emisión de los bonos y posteriormente ha puesto más condiciones.

Desde la publicación de este articulo, el FMLN y ARENA habían llegado a un acuerdo aprobando $550 millones en bonos, muy lejano del solicitado $1,200 millones, junto con la aprobación de una Ley de Responsabilidad Fiscal. La Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (Arpas)llamo al acuerdo “insuficiente y contraproducente,” y notó que el acuerdo condiciona como el gobierno puede gastar el dinero, limita gastos gubernamentales con la Ley de Responsabilidad Fiscal; todo mientras ARENA niega a abordar la reforma de los sistemas de pensiones e impuestos los cuales son las causas de base de las problemas fiscales en el país.

El FMLN ha acusado a ARENA de preferir una situación de crisis y inestabilidad en vez de resolver los problemas fiscales que enfrenta el país. Eugenio Chicas, Secretario de Comunicaciones del Presidente, dijo que “Están en la vía de generarle grandes problemas no al gobierno sino a El Salvador; es una visión muy miope y de irresponsabilidad, porque solo ven elecciones para recuperar poder... ellos quieren llevar a los trabajadores del país a la desesperación.” El rechazo de ARENA de aprobar más que $550 millones en bonos casi asegura que los problemas fiscales van a seguir. De hecho, la agencia calificadora de riesgos Moody´s recientemente expresó su preocupación de que el país casi definitivamente enfrentara otro crisis fiscal dentro de los próximos 12 meses. La estrategia de ARENA es claramente dar justo que el gobierno no caiga en impago, pero insuficiente para resolver la crisis fiscal a largo plazo, asegurando que volver a ver otra crisis para que el partido pueda aprovechar políticamente en el futuro cercano.