En un golpe fuerte a las instituciones democráticas salvadoreñas, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema suspendió uno de los cinco magistrados del Tribunal Suprema Electoral (TSE), el cuerpo independiente responsable de garantizar elecciones libres e imparciales. La suspensión del Magistrado Ulises Rivas representa lo último en una serie de acciones por la Sala de lo Constitucional las cuales han apoyado los intereses derechistas y oligárquicas y han debilitado la independencia y autoridad del TSE en asuntos electorales, una tendencia preocupante mientras que el país se prepara para las elecciones municipales y legislativas en el 2018 y elecciones presidenciales en 2019.

La razón oficial por la destitución del Magistrado Rivas es por su supuesto prejuicio político, debido a pronunciamientos que hizo en 2013 expresando apoyo por el entonces candidato del partido de izquierda FMLN y el actual Presidente Salvador Sánchez Cerén. Aunque acepta haber hecho declaraciones implicando su preferencia por Sánchez Cerén, Rivas niega cualquier afiliación oficial con el FMLN lo cual le descalificaría de su puesto en el TSE. En un reciente viaje a Washington DC, Rivas denunció con anticipación el plan de la Sala de lo Constitucional para eliminarle en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Mientras en Washington, argumentó al CIDHque su destitución sería un sobrepaso jurídico que viola sus derechos civiles y políticos como ciudadano.

Más que el sobrepaso jurídico y el dudoso razonamiento legal para la suspensión, líderes del FMLN y Rivas mismo han señalado que la decisión de la Sala de lo Constitucional efectivamente deja la autoridad electoral más alta en manos de una mayoría de magistrados de derecha. Claro, la Magistrada Suplente remplazando a Rivas es Sonia Clementina Liévano de Lemus, una abogada que ha representado a empresas transnacionales y los elites económicos nacionales en conflictos con sus trabajadores, y su hermana trabajo en el gabinete del ex presidente Francisco Flores del partido de derecha ARENA.

En un editorial del Diario CoLatino, diputada del FMLN Norma Guevara recuerda las elecciones de 1977, hace 40 años, cuando fraude electoral masivo llevó a manifestaciones enormes las cuales fueron reprimidas violentamente por el régimen militar. Para muchos, el fraude y la represión manifestó la total ausencia de cualquier espacio democrático y empujó muchos sectores a apoyar la resistencia armada como la única opción para hacer un cambio. Uno de los logros más importantes de los Acuerdos de Paz de 1992, lo cual terminó el conflicto armado, fue la creación del Tribunal Supremo Electoral como institución plural para garantizar la transparencia y asegurar que ningún sector particular pueda dominar el proceso.

Al final de su editorial, diputada Guevara, quien fue comandante guerrillera durante la guerra, hizo un llamado a no olvidar las lecciones de la historia de El Salvador: “Quienes hemos luchado toda la vida por la democracia en nuestra patria, vemos con preocupación las acciones de la Sala en la transformación del sistema electoral en contra de la misma Constitución.Asoma el recuerdo de los fraudes electorales del pasado y se vuelve imperativo alertar y luchar contra ese peligro. Romper el Acuerdo de Paz, poner en peligro la democracia electoral es algo muy grave que debe llevarnos a pedir un alto, a decir Basta Ya!!”

Esto no es la primera vez que los magistrados electorales se encuentran en el punto de mira de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. En 2014, la Sala destituyó el magistrado Eugenio Chicas, emitiendo un fallo que estableció el precedente que los magistrados no pudieran ser miembros de un partido político. Este fallo fue especialmente irónico dado que el magistrado de la Sala de lo Constitucional Belarmino Jaime fue un asesor al partido de derecha ARENA en la Asamblea Legislativa y las empresas de su familia han sido donantes del partido.

La Sala de lo Constitucional ha sido ampliamente criticada por los movimientos sociales salvadoreños por avanzar una agenda política de la derecha, proteger los intereses de la oligarquía, y debilitar el gobernante partido del FMLN en cualquier manera que pueda. Algunas de las acciones del sobrepaso de la Sala incluyen anulando reformas tributarias y otras medidas aprobadas por la Asamblea Legislativa para resolver la crisis fiscal que el país enfrenta, dirigiendo que la Asamblea Legislativa reescribiera grandes secciones del código electoral y revertiera la elección de 84 diputados suplentes.

Dado el papel que la Corte Suprema tuvo en derrocando el gobierno democráticamente electo de Manuel Zelaya en Honduras, y la manera de que supuestos procesos legales y institucional han sido usados para subvertir la voluntad popular y desalojar los gobiernos de Brazil y Paraguay, miembros del movimiento social de El Salvador y el FMLN han enfocado en la importancia de que la comunidad internacional se mantenga en alerta y este preparada a unirse para defender las instituciones democráticas de El Salvador.