El 16 de julio, tras varias semanas de una campaña internacional para visibilizar la exigencia de su liberación, la hermana de Ruth, Claudia López, informó a la prensa que había podido visitarla a mediados de mayo. Durante ese encuentro, señaló que Ruth enfrentaba complicaciones de salud que ponían en riesgo su vida y exigió respuestas sobre los resultados de una biopsia.

El 18 de mayo de 2026, la reconocida defensora salvadoreña de derechos humanos y abogada constitucionalista Ruth López cumplió un año detenida sin acceso a un juicio público y permaneciendo, en gran medida, incomunicada. A lo largo de este período, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales de derechos humanos y legisladores estadounidenses exigieron su liberación y, con motivo del primer aniversario de su detención, impulsaron una serie de acciones para reclamar su liberación inmediata y el respeto de sus derechos fundamentales.

Al cumplirse un año de su arresto, más de 100 organizaciones de la sociedad civil de América y Europa emitieron un pronunciamiento conjunto en el que expresaron su profunda preocupación por su detención y exhortaron al gobierno salvadoreño a informar sobre su paradero, garantizarle acceso a representación legal y asegurar su integridad física y psicológica. Asimismo, instaron a la comunidad internacional a alzar la voz en defensa de Ruth López y del Estado de derecho, al considerar que su detención en incomunicación constituye una grave violación al debido proceso y que, en determinados momentos, ha llegado a configurar una desaparición forzada.

Al mismo tiempo, nueve relatores especiales y expertos independientes de las Naciones Unidas instaron al gobierno salvadoreño a liberar de inmediato a Ruth López mediante la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, al considerar que su prolongada detención era irrazonable, desproporcionada y equivalía, en la práctica, a un castigo anticipado antes de ser juzgada.

Los expertos advirtieron que las circunstancias de su detención y las irregularidades procesales sugerían que estaba siendo perseguida por su legítima labor en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Además, señalaron que su caso forma parte de un patrón más amplio de intimidación dirigido a silenciar a mujeres líderes en la vida pública. De igual forma, Amnistía Internacional exigió la liberación inmediata de López, la celebración de un juicio justo y público, y el pleno cumplimiento por parte de El Salvador de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
En el Congreso de Estados Unidos, el representante Jim McGovern intervino en el pleno de la Cámara de Representantes para exigir la liberación de Ruth López.

Dirigiéndose a sus colegas, el congresista McGovern calificó su encarcelamiento como una "detención arbitraria, una violación de los derechos humanos", y afirmó que estaba siendo "perseguida por motivos políticos por un régimen autocrático". También reveló que había "pedido a la embajada de Estados Unidos que ayudara a Ruth. No hubo respuesta", y expresó su preocupación de que el gobierno estadounidense "esté del lado de los abusadores en lugar de los defensores de los derechos humanos".

McGovern también participó en una vigilia en solidaridad frente al Capitolio de Estados Unidos el 3 de junio, donde organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos se reunieron para exigir la liberación de Ruth. Al inaugurar el acto junto con Kerry Kennedy, presidenta de la organización Robert F. Kennedy Human Rights, reiteró su respaldo a Ruth López y la necesidad de defender los derechos humanos y el Estado de derecho en El Salvador. McGovern afirmó estar "harto y cansado" de "esta indiferencia hacia los derechos humanos" y de "arrodillarse para elogiar a dictadorzuelos como Bukele".

Durante la vigilia, Yesenia Portillo, del Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), llamó la atención sobre las causas que Ruth López había defendido, entre ellas la de las personas "injustamente detenidas bajo el régimen de excepción". También rindió homenaje a las decenas de presos políticos que, al igual que Ruth, están "siendo perseguidos políticamente" por denunciar "los crímenes de lesa humanidad y los ataques contra la democracia que están ocurriendo en este momento en El Salvador". Un exintegrante de la junta directiva de Cristosal, presente en la actividad, sostuvo que la detención arbitraria de López "se ha convertido en uno de los ejemplos más claros de la creciente represión del gobierno de Bukele contra defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones independientes de la sociedad civil".

Amanda Strayer, asesora jurídica principal para Rendición de Cuentas de Human Rights First, sostuvo igualmente que la detención de Ruth López debería preocupar a Estados Unidos porque pone en evidencia "el abuso y la corrupción de un gobierno autoritario extremadamente represivo". Asimismo, enfatizó que, dada la estrecha relación entre Washington y San Salvador —que incluye el traslado de personas migrantes desde Estados Unidos a cárceles salvadoreñas—, "es importante que la población de Estados Unidos exija la liberación de Ruth López para fortalecer a la sociedad civil en El Salvador y hacer frente a estas prácticas abusivas".

Tras las actividades frente al Capitolio, otros miembros del Congreso se pronunciaron públicamente a favor de la liberación de Ruth López. Delia Ramírez condenó los intentos de silenciar la disidencia y afirmó: "Quieren acallar la disidencia y criminalizar a quienes estén dispuestos a decirle la verdad al poder". Por su parte, Ilhan Omar declaró que "el régimen de Bukele está pisoteando el derecho internacional y los derechos humanos fundamentales con total impunidad", y sostuvo que "Estados Unidos debe dejar de respaldar inmediatamente al régimen de Bukele", al tiempo que pidió la liberación de todos los presos políticos. Durante una audiencia de confirmación en el Senado, Chris Van Hollen también planteó directamente el caso de Ruth López al candidato para subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, a quien la describió como "claramente una presa política" y preguntó si el Departamento de Estado trabajaría para lograr la liberación de los presos políticos en El Salvador.

Estos congresistas demócratas fueron acompañados por varios de sus colegas en el envío de una carta formal al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que instaron al gobierno estadounidense a adoptar medidas concretas para lograr la liberación de Ruth López. Los legisladores pidieron a la administración "abogar activamente por su liberación" y ordenar que un representante de la embajada de Estados Unidos la visite en prisión. La carta sostiene que Estados Unidos no puede defender los derechos humanos "en función de sus afinidades políticas con el gobierno que mantiene detenidas a estas personas".

En septiembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Ruth López, al considerar que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud se encontraban en una situación de gravedad y urgencia. La Comisión instó al Estado salvadoreño a proteger esos derechos, poner fin de inmediato a su prolongada detención en incomunicación, garantizar el acceso regular de su familia y su defensa legal, y revisar la necesidad de mantener la prisión preventiva conforme a los estándares internacionales. A pesar de estas medidas, no fue sino hasta más de nueve meses después —más de 400 días después de su detención— que su familia pudo visitarla por primera vez.

Tras esa visita, su hermana, Claudia López, informó que observó "un evidente deterioro en su salud". "Después de un año sin poder ver a mi hermana Ruth, recientemente tuve la oportunidad de abrazarla y hacerle saber cuánto la ama su familia y cuánta solidaridad y apoyo tiene tanto a nivel nacional como internacional", recordó. Asimismo, subrayó que su detención sigue siendo injusta y que el derecho al contacto con la familia debe garantizarse para todas las personas privadas de libertad.