Organizaciones internacionales hacen eco a sociedad civil salvadoreña: la renuncia de Bukele a la Presidencia de El Salvador no cambia la inconstitucionalidad de su candidatura para la reelección

En respuesta al anuncio del 30 de noviembre del presidente Bukele de que pidiera ausencia de su cargo presidencial para participar en campaña electoral en función de su candidatura presidencial en las elecciones del 4 de febrero de 2024, el Grupo de Trabajo para América Latina (LAWG, por sus siglas en inglés), el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) y el Instituto Fronterizo Esperanza emitieron la siguiente declaración:

"La petición de licencia a la Asamblea Legislativa de El Salvador por parte del presidente Bukele es un movimiento diseñado para dar la ilusión de que está cumpliendo con la Constitución salvadoreña. Sin embargo, tal y como hemos escuchado de expertos jurídicos y nuestros aliados de la sociedad civil salvadoreña en el territorio, nada puede alejarse más de la realidad, ya que la Constitución prohíbe inequívocamente la reelección consecutiva.

Las acciones del presidente Bukele en adición a las violaciones generalizadas a los derechos humanos, la persecución política y la suspensión de derechos básicos en el marco del actual Estado de Excepción, y las recientes reformas electorales que limitan la representación local y el poder de partidos de oposición, nos llevan a concluir que el proceso electoral de 2024 no puede, en las condiciones actuales, cumplir las normas internacionalmente reconocidas para unas elecciones libres, justas y democráticas.

Dado que el presidente Bukele tiene el control absoluto de todos los órganos del Estado y que ninguna institución pública lo cuestiona, resulta interesante que Bukele haga hasta este intento de darle un barniz de legalidad a su candidatura. Esta maniobra para hacer estas elecciones parecer una verdadera expresión de democracia, en vez de la consolidación formal de una dictadura, es una trampa en la que la comunidad internacional no debe caer.

Es difícil imaginar que un gobierno democrático diga que la popularidad de un presidente debería darle permiso para permanecer en el cargo si hacerlo está prohibido. Y, sin embargo, este es el mensaje que envía la comunidad internacional al mantener silencio al respecto.

Como organizaciones con sede en los Estados Unidos, nos preocupa profundamente las señales que estamos viendo que la administración del presidente Biden, que se dice respetar la separación de poderes y el Estado de Derecho, esté dispuesto a ignorar y ver hacia al otro lado sobre el tema de la participación inconstitucional del presidente Bukele en las próximas elecciones.

Pedimos a los Estados Unidos y a todos los gobiernos y organizaciones internacionales que escuchen a las organizaciones de la sociedad civil de El Salvador que han dejado claro que, a menos de que se reviertan las sentencias y políticas destinadas a consolidar aún más el poder de Bukele, incluido el controvertido dictamen de 2021 de la Corte Suprema dándole luz verde al presidente para presentarse como candidato a la reelección, el pueblo salvadoreño no podrá ejercer su derecho a unas elecciones verdaderamente democráticas”.

Antecedentes:

Expertos constitucionales y organizaciones jurídicas en El Salvador señalan no menos de seis artículos en la Constitución salvadoreña que expresamente prohíben los mandatos presidenciales consecutivos, incluyendo los artículos 75, 88, 131, 152, 154 y 248. El principio de alternancia en el poder es tan fundamental para la democracia salvadoreña que el artículo 75 exige la privación de los derechos de ciudadanía para quienes "[promuevan] la reelección o continuación del Presidente de la República", mientras que el artículo 88 establece: "la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de
esta norma obliga a la insurrección”.

Sin embargo, en septiembre de 2021, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia -impuestos ilegalmente por la supermayoría de Bukele en la Asamblea Legislativa- emitieron una opinión ampliamente cuestionada con el objetivo de dar un barniz de legitimidad a una posible reelección del presidente Bukele. En su sentencia, los magistrados establecieron que Bukele podría ser reelegido siempre y cuando renunciara seis meses antes del inicio del siguiente mandato, centrándose en la siguiente frase del artículo 152, apartado 1: "No podrán ser candidatos a Presidente de la República: 1.- El que haya desempeñado la Presidencia de la República... dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial..." e ignorando los demás artículos que prohíben explícitamente los períodos presidenciales consecutivos. Esta interpretación marcó una dramática inversión de décadas de precedentes, bajo los cuales ningún presidente salvadoreño ha buscado un mandato consecutivo.

Múltiples organizaciones jurídicas y de la sociedad civil salvadoreña presentaron peticiones al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la autoridad electoral de El Salvador, para que descalificara la candidatura de Bukele a la luz de las violaciones constitucionales. Sin embargo, cuatro de los cinco magistrados votaron a favor de su candidatura el 6 de noviembre de 2023, lo que plantea dudas sobre si el actual TSE puede ejercer una autoridad independiente sobre el próximo proceso electoral. El magistrado del TSE y ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador, Julio Olivo, que se abstuvo en la votación, describió a la prensa salvadoreña el ambiente de miedo e intimidación al que se enfrentan él y sus compañeros magistrados, recibiendo amenazas de muerte de manera regular que, según dijo, la Fiscalía General no ha investigado. Refiriéndose a una reforma del código electoral que el partido de Bukele aprobó en enero de 2023 y que tipificaba como delito "impedir la inscripción legalmente permitida de un candidato", castigado con hasta quince años de cárcel, Olivo preguntó, retóricamente: "¿Vendrían a realizar una detención en base a un voto que emita [un magistrado del TSE]? ¿Cómo votaría usted si supiera que eso le puede llevar a la cárcel durante quince años?".

De igual modo, leyes aprobadas anteriormente han debilitado la independencia judicial.

A pesar de la popularidad de la que goza Bukele, las protestas de defensores del medio ambiente, familiares de víctimas de detenciones arbitrarias y persecución política, trabajadores del sector público despedidos ilegalmente, sindicatos despojados ilegalmente de sus credenciales y comunidades rurales en riesgo de ser desplazadas de sus tierras se han mantenido constantes desde el 15 de septiembre de 2021, momento en el que estallaron protestas masivas en la capital para oponerse a la instauración de una dictadura.

El Secretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental de EE.UU., Brian A. Nichols, viajó a El Salvador en octubre de 2023 para reunirse con el presidente Bukele en los días previos a que registrara formalmente su candidatura. Durante una conferencia de prensa, el secretario Nichols eludió en gran medida la cuestión de la constitucionalidad de la reelección de Bukele, enmarcándola como un asunto de debate que se decidirá en las urnas, un marcado cambio de tono respecto a la anterior "condena" del Departamento de Estado al fallo de la Corte Suprema por "contradecir claramente la Constitución salvadoreña que establece que no se permite la reelección inmediata".

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Contacto con los medios de comunicación, también para concertar entrevistas con organizaciones de la sociedad civil y del movimiento social en El Salvador: Alexis Stoumbelis, CISPES, [email protected] (202) 521-2510 ext. 205

Para más información sobre el golpe judicial de mayo de 2021:
Informe de la Fundación para el Debido Proceso Legal, Justicia amordazada. Disponible aquí en inglés.

Para mayores antecedentes sobre la sentencia de la Sala de lo Constitucional de 2021
Informe de Cristosal, Análisis Jurídico del Principio de Alternancia en el Ejercicio de la Presidencia. Disponible aquí.