En El Salvador reclaman por tres años de retrocesos, autoritarismo y violaciones a derechos humanos

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A tres años de la salida de los gobiernos de izquierda, los movimientos sociales y populares de El Salvador denuncian que el país se enrumba peligrosamente hacia la consolidación de una dictadura. Así lo expresaron los cientos de personas que se concentraron en diversos puntos de El Salvador y en otras ciudades del extranjero, como Washington D.C., para denunciar los retrocesos en materia de derechos humanos de la gestión de Nayib Bukele, el pasado 01 de junio, en el marco del aniversario de tres años de mandato.

La representante del Bloque de Rebeldía Popular, Marisela Ramírez, señaló que la gestión de Bukele ha significado “tres años de las más graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos después de los Acuerdos de Paz, con persecución a la prensa, a personas opositoras políticas, religiosas y académicas; con un dramático aumento de personas desaparecidas y una población migrante que se ha multiplicado por tres veces, que huye del país por miedo a la violencia o por hambre, en busca de una mejor vida y también de asilo político. Un retroceso inadmisible, intolerable y condenable”.

Asimismo, las organizaciones criticaron acciones que atentan contra la institucionalidad democrática como la anulación de facto de los otros poderes del Estado, la restricción del derecho a la información pública y el rol que desempeña el Instituto de Acceso a la Información Pública, así como la declaratoria de reserva de  mucha de la información que relacionada con el gasto público.

El vicerrector de la Universidad José Simeón Cañas (UCA), Omar Serrano, señaló en una entrevista que, en los últimos tres años, “la desaparición de la división de poderes, la cooptación de toda la institucionalidad pública, las distintas medidas para coartar la libertad de expresión, la libertad de prensa, han confirmado que el camino que escogió el presidente de la República es un camino autoritario, autocrático y que parece que está dispuesto a seguir andando”.

Al respecto, el coordinador del Capítulo Nacional de Transparencia Internacional, Roberto Rubio, afirma que  "definitivamente tenemos una deriva autoritaria que se manifiesta en varios campos: la misma concentración de los tres poderes en prácticamente una persona lo muestra. La toma de decisiones es totalmente vertical, es la consumación de la Santísima Trinidad".

Por su parte, las organizaciones ambientalistas reclaman la falta de compromiso con la ratificación del derecho humano al agua y la ausencia de logros en materia ambiental y advierten una posible “agudización de la crisis ambiental que ya está impactando en el país, la deforestación y destrucción de los manglares serán causados por estos megaproyectos” impulsados por el gobierno, como la Ciudad Bitcoin, el Aeropuerto de Oriente y el Tren del Pacifico.

Una de las reformas ambientales cuestionadas más ampliamente ha sido la aprobación de una Ley General de Aguas la cual, según dichas organizaciones, favorece intereses corporativos en perjuicio de la sostenibilidad ambiental y no garantiza el acceso a aguas para las grandes mayorías.

A estas demandas se suma el creciente descontento por el alza en los precios de la canasta básica.  Solo en el último año, la inflación se disparó en un 7%, una cifra que no se alcanzaba desde el 2011, con la cual el costo de la canasta básica ha llegado a los $650, casi doblando el salario mínimo para el sector formal. 

Lo anterior se da en un contexto de un régimen de excepción que está vigente desde el 27 de marzo de este año, aprobado por la Asamblea Legislativa la cual aprobó, a petición del Ejecutivo, como respuesta al rompimiento de un supuesto acuerdo entre el gobierno y las pandillas que dejó un saldo de más de 80 muertes en 72 horas.

Organizaciones de derechos humanos advierten que esta medida criminaliza principalmente a jóvenes provenientes de comunidades estigmatizadas, a la vez que han registrado más de mil denuncias de detenciones arbitrarias, e incluso golpizas y muertes a causa de las malas condiciones de las cárceles.

En el marco del Régimen de Excepción también se han capturado y encarcelado a líderes sindicales y voces críticas al oficialismo; mientras que decenas de personas han tenido que abandonar el país, incluyendo periodistas y activistas de derechos humanos, por temor a correr con la misma suerte.

Ante este escenario, las movilizaciones, la reconfiguración y el reagrupamiento del movimiento social también avanza. Las marchas convocadas por los movimientos sociales y populares para luchar por los derechos de la población, han sido multitudinarias. 

En los últimos tres años, tanto la lucha contra el autoritarismo y los megaproyectos privatizadores, como las movilizaciones por los derechos de las mujeres y de los pueblos originarios y las acciones de solidaridad internacional, se han ampliado y fortalecido, de cara a sumar voces por la justicia social para el pueblo de El Salvador.

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