Declaración de solidaridad con querellantes amenazadas en el caso Flores

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El 3 de diciembre de 2015, activistas celebraron la decisión del Juez Ángel García de agregar el cargo de lavado de dinero al listado de acusaciones de la corrupción que enfrenta el ex-Presidente de El Salvador, Francisco Flores, y mandarle de regreso a la cárcel para la duración del proceso jurídico. Sin embargo, la victoria resultó breve: el 18 de diciembre, los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador que luego recibió el caso revocó el cargo de lavado de dinero y volvió Flores a su casa, donde pasó la navidad con su familia bajo arresto domiciliar lujoso. Las abogadas de la sociedad civil que han luchado heroicamente para hacer responsable a la prosecución y hacer justicia en el caso han anunciado que presentarán un recurso de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia sobre la decisión. Mientras tanto, ellos mismos han sido víctimas de amenazas e intimidaciones preocupantes. CISPES emitió la declaración siguiente en solidaridad con estos actores valientes en su búsqueda incansable de la verdad frente adversarios poderosos y peligrosos.

Declaración de solidaridad con querellantes amenazadas en el caso Flores

El Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) expresa su profunda preocupación frente las denuncias de Bertha De León y Teresa Naves, abogadas defensoras de derechos humanos de la Fundación para el Estudio de la Aplicación del Derecho (FESPAD) y querellantes en el juicio en contra del ex-Presidente de la Republica de El Salvador, Francisco Flores (1999-2004).

Flores enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito, peculado, y desobediencia a particulares; también enfrentaba un cargo de lavado de dinero, hasta que la Cámara Primera de lo Penal lo revocó el 18 de diciembre del 2015. Al largo del proceso, desde la audiencia preliminar en contra de Flores realizada el 5 y 6 de noviembre 2015, hasta la decisión polémica de revocar el cargo de lavado de dinero y reinstalar el arresto domiciliar para el ex-presidente, De León y Naves han sufrido diversos actos de intimidación y acoso judicial.

En múltiples ocasiones, De León y Naves han sido perseguidas por vehículos con sujetos desconocidos; el 17 de noviembre del año pasado, Naves recibió una amenaza por vía telefónica; en varias ocasiones, tanto la Fiscalía General de la República como supuestos representantes de la Policía Nacional Civil han amenazado a FESPAD con investigaciones y procesos penales, y el día 10 de noviembre el vehículo de la institución fue dañado en un acto de violencia cometido por desconocidos mientras De León y su colega estaban realizando una entrevista radial. El 17 de diciembre, De León reveló que su hijo también había recibido amenazas por vía telefónica.

Frente a estos graves acontecimientos, CISPES llama al gobierno de El Salvador a cumplir con la recomendación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que el día 24 de noviembre emitió medidas cautelares a favor de las dos abogadas, y pidió que el Estado garantice su protección.

Durante mucho tiempo, el sistema judicial de El Salvador ha funcionado a servicio de los sectores más poderosos y élites del país, generando un clima de impunidad que ha protegido los casos de corrupción de los gobiernos anteriores. El protagonismo de los querellantes en llevar este caso emblemático a juicio, a pesar de múltiples retrocesos al largo del proceso judicial, evidencia el papel fundamental de la sociedad civil en la transformación del sistema judicial salvadoreña que tanto se necesita. CISPES se solidariza con las valientes abogadas defensoras de derechos humanos Bertha De León y Teresa Naves, y afirmamos nuestro apoyo para su lucha incansable a favor de la justicia y la verdad.


4 de enero de 2016
Washington, DC
Estados Unidos

 

 

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