Este 5 de enero de 2024, 185 académicos y abogados y 13 organizaciones legales de 26 países enviaron una carta abierta al Fiscal General de la Republica de El Salvador.  La carta solicita “que la Fiscalía abandone inmediatamente el caso en contra de los Defensores del Agua salvadoreños”.

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Entre los y las firmantes de la carta se encuentran Robin Broad, profesora de la American University y Guggenheim Fellow; el profesor de derecho internacional Richard Falk, de la Universidad de Princeton y de la Universidad de California en Santa Barbara; Andreu Oliva, Decano de la Universidad Centroamericana (UCA); Mirna Perla, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia El Salvador; y otros y otras distinguidas académicas y abogadas.

La carta fue publicada en vísperas del primer aniversario del arresto y detención, el 11 de enero de 2023, de cinco lideres comunitarios conocidos como Defensores del Agua en el departamento de Cabañas. Los hombres arrestados—Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega—ayudaron a liderar la lucha para salvaguardar el precario suministro de agua de El Salvador de la notoriamente contaminante industria minera metálica la cual consume grandes cantidades de agua. Ellos desempeñaron un papel central en los acontecimientos que llevaron a que el gobierno salvadoreño aprobara la histórica, y primera a nivel mundial, prohibición de la minería metálica en 2017. Fueron liberados bajo arresto domiciliario en septiembre de 2023, pero los cargos en contra de los cinco persisten y se espera su audiencia en los juzgados para los próximos meses de este año.

La carta presenta una serie de argumentos que evidencian que el caso iniciado en contra de los cinco Defensores del Agua no estuvo fundamentado en pruebas, estuvo en violación de la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, en violación del derecho al debido proceso consagrado en la Constitución de El Salvador y, muy probablemente tiene motivaciones políticas.

La carta también expresa una “grave preocupación por la criminalización de los ambientalistas, la violación sistemática de los derechos humanos y el flagrante menoscabo de la democracia en El Salvador, que está siendo perpetrado bajo el actual estado de Excepción”.

Rafael Paz Narváez, Profesor de Sociología de la Universidad de El Salvador, quién firmo la carta, dijo:

“Continuar con la detención injusta los lideres de la Comunidad Santa Marta y la asociación ADES, atenta contra ellos como dirigentes históricos, pero en esencia es un ataque directo a la dignidad y los derechos de todo un pueblo que luchó durante 22 años de resistencia popular por su libertad, contra la opresión impuesta por sectores económicos poderosos y gobernantes tiránicos. Su encarcelamiento, sin pruebas concretas, bajo acusaciones infundadas por un presunto crimen del pasado, es un atropello a la justicia y una afrenta a los logros obtenidos tras décadas de lucha contra gobiernos autoritarios. Encarcelando injustamente a la dirigencia no detienen la lucha popular, destruyendo monumentos no anulan la memoria popular. Acompañamos la exigencia por su libertad inmediata y el reconocimiento de los derechos de acceso a la tierra, al trabajo y a la libertad, por los cuales el pueblo salvadoreño se alzó.”.

Angela Zambrano, Abogada y activista laboral, de inmigración y derechos humanos de los Estados Unidos, dijo:

“El proceso contra los cinco Defensores del Agua representa un precedente extremadamente peligroso, ya que los defensores están protegidos por la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, que fue fundamental para las negociaciones de los Acuerdos de Paz de Chapultepec negociados por la ONU en 1992. Como tal, los cargos contra los cinco Los Defensores del Agua son una violación de la letra y el espíritu de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil”.