En un paso histórico hacia el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y su autonomía corporal, organizaciones salvadoreñas feministas y legisladores del gobernante Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) se juntaron para presentar una reforma el código penal de El Salvador que intenta retroceder la prohibición absoluta del aborto que existe en el país. Si es aprobada, la reforma propuesta legalizara el aborto en casos de violación sexual, malformaciones en el feto y casos en los cuales la vida de la madre esta en riesgo.

Esto regresaría el país al marco legal que existía antes de 1997, cuando la asamblea legislativa, controlada por la derecha y bajo presión de organizaciones fundamentalistas, votó a prohibir el aborto bajo cualquier circunstancia. El Salvador es uno de los seis países en el mundo que tienen una prohibición absoluta contra el aborto. El próximo año, la asamblea legislativa siguió reformando la constitución para reconocer que la vida humana empieza al concepción, creando el marco legal en el cual se ha podido acusar a mujeres y proveedores del aborto de homicidio agravado. Históricamente poderosos sectores conservadores en el país han dominado el debate publico acerca del aborto, y su influencia se refleja en encuestas de opinión publica. Tras décadas, hasta políticos de izquierda y progresistas han considerado la defensa de derechos reproductivos de la mujer como un suicidio político, aunque feministas influyentes dentro del partido FMLN han continuado empujando la cuestión dentro del partido y por sus posiciones en el gobierno.

En años recientes el movimiento feminista salvadoreño ha incrementado su organización y movilización para enfrentar la severa prohibición del aborto. La visible campaña internacional “Libertad para las 17” ha luchado por el  indulto de mujeres injustamente encarceladas por aborto o homicidio agravado tras abortos espontáneo o emergencias obstétricas. La campaña ha logrado la libertad de tres mujeres. Además campañas de educación popular llevadas acabo por organizaciones feministas con el apoyo de ONGs internacionales han tenido un impacto en cuanto a opinión publica. Aunque la encuesta más reciente sobre el tema de la Universidad de Centroamérica mostraba que menos de 6% de la población apoya permitir abortos en jóvenes que se sienten desprevenidas por la maternidad o por adultas que se sienten incapaz de apoyar a un niño, se encontraba un apoyo de 57.4% por permitir el aborto cuando la vida de la madre está en peligro, 51% cuando el feto no está viable, y 22.7% en casos en que el embarazo se dio por violación sexual. Como respuesta al éxito del movimiento feminista, en julio del 2016 legisladores derechistas del partido Alianza Nacional Republicana (ARENA) introdujeron una propuesta para incrementar el penal del aborto a 50 años de cárcel.

La respuesta negativa de la derecha empujó al movimiento feminista a buscar alianzas políticas en la asamblea legislativa para aprovechar el creciente apoyo por la causa y productivamente enfrentar esta prohibición cruel; naturalmente encontraron una aliada en la devota feminista y legisladora del FMLN Lorena Peña, que estaba por terminar su plazo como presidenta de la Asamblea Legislativa. El martes 11 de octubre, Peña introdujo legislación, redactada en coordinación con la Alianza por la Salud y la Vida de las Mujeres y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Etico y Eugenésico, para reformar el articulo 133 del código penal para despenalizar el aborto en casos de violación, incesto, feto no viable y cuando la vida de la madre está en riesgo. El grupo entero de 31 legisladores del FMLN en la asamblea legislativa han prometido apoyo para la reforma propuesta.

Feministas esperan que la reforma acabara la persecución de mujeres quienes han sufrida aborto espontáneo y pérdida de su fetus. Valentina Ballesta, una abogada del Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), explicó que “muchas de las mujeres que tienen casos de emergencias obstétricas o partos extrahospitalarios luego son acusadas por sus propios médicos, por el personal de salud y procesadas por homicidio agravado.” Defensores señalan que, en estos casos, actitudes clasistas y misóginas suelen violar el derecho de la presunción de inocencia de la mujer, un derecho protegido en la constitución salvadoreña.

La reforma propuesta proveerá opciones para salvarle la vida a grandes cantidades de jóvenes y mujeres quienes quedan embarazadas en El Salvador. Según un informe por el Ministerio de Salud de El Salvador y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, más de 13,000 jovencitas menores de edad se embarazaron en el 2015; 1,400 de ellas estuvieron entre 10 y 14 años. El informe encontró que estas jóvenes frecuentemente quedan embarazadas por violaciones y otras formas de violencia sexual por hombres mayores, en muchas casos un familiar o amigo de la familia. Según la ley en El Salvador, toda actividad sexual con un niño o niña menor de 15 años constituye un delito. Ya embarazadas, 80% de las jóvenes pierden oportunidades educacionales, terminan haciendo trabajos domésticos, y tienen más hijos con los que las han dejado embarazadas. En respuesta a estos datos, la Ministra de Salud Violeta Menjívar hizo una llamada enfática al Fiscal General a procesar a los predadores sexuales responsables por estos embarazos y lamentó, “No es posible que solo se persiga (a una mujer) porque quiera interrumpir el embarazo y no se persiga a las personas a quien las embarazó, que usualmente es un familiar o un amigo de la familia (…) si no entramos al tema de la justicia, por mucho que queramos hacer no vamos a tener avances.”

Para que se apruebe la reforma en la Asamblea Legislativa va a necesitar presión masiva para convencer a doce más legisladores a unirse con los 31 legisladores del FMLN y votar a favor. Esto va a ser una batalla de cuesta arriba, dado que ARENA y Partido Demócrata y Cristiano han dicho públicamente que votaran en contra de la reforma. Los otros dos partidos con representación en Asamblea, el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) que tiene once representantes y el Partido de Conciliación Nacional (PCN) que tiene seis representantes, todavía no han pronunciado sus posiciones, pero ninguno tiene una historia de apoyar a los derechos de las mujeres. Fastidiosamente, la reciente nombrada Procuradora de Derechos Humanos Raquel Caballero de Guevara, quien fue nombrada por legisladores de ARENA, ha pronunciado en contra de la reforma propuesta y en contra de cualquier otra propuesta que intente despenalizar el aborto.

Sara García de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto dijo a CISPES que las organizaciones de derechos reproductivos tienen “gran expectativa en el proceso.” Según García, un objetivo inicial del movimiento en el futuro es asegurar por primera vez que “se realice un debate serio, científico y laico en la Asamblea Legislativa” sobre el aborto y las consecuencias crueles de su penalización. “Sobre todo, esperamos que luego del debate que se esta realizando en la Asamblea legislativa, medios y sociedad civil se pueda aprobar este cambio en la legislación,” agregó García.

La prohibición total del aborto en El Salvador es una forma de misoginia institucionalizada y representa un castigo reproductivo apoyado por el estado que desproporcionadamente afecta a mujeres pobres y trabajadoras, mujeres con discapacidades, con enfermedades crónicas, y las mujeres con poca educación formal. Sara García dijo a CISPES que en el case de que se adopte de la reforma “será un indicador que en El Salvador se está construyendo políticas públicas desde la democracia y constituirá una acción concreta para la consolidación de una sociedad mas justa y equitativa.” Agrego, “será el fruto de años de trabajo de las organizaciones sociales y feministas, quienes hemos luchado porque este tema no quede en silencio ni olvidado."