Feministas salvadoreñas y organizaciones de mujeres han montado una campaña internacional para exigir el indulto para 17 mujeres encarceladas en El Salvador por aborto, con la esperanza de modificar las leyes punitivas anti-aborto en el país y comenzar a cambiar las opiniones en contra del aborto que prevalecen en la gran mayoría de la sociedad salvadoreña.

Cada una de las 17 mujeres acusadas fueron arrestadas mientras buscaban atención médica para complicaciones del embarazo, cuando los médicos notificaron a la policía por sospechas de que se habían interrumpido el embarazo a propósito. Todas son mujeres de bajos recursos, con nivel de educación bajo; ninguna recibió el examen forénsico necesario, y no fueron sujetas al debido proceso judicial antes de haber sido condenadas a 12-40 años de prisión. Grupos feministas declaran que el tratamiento de cada una de las mujeres encarceladas viola convenios internacionales ratificados por El Salvador, un país con las leyes más estrictas contra el aborto en el hemisferio occidental, donde interrumpir un embarazo de cualquier modo es ilegal sin ninguna excepción. Múltiples agencias de las Naciones Unidas han condenado y recomendado cambios a las leyes contra el aborto, que desproporcionadamente afectan a mujeres pobres y de la clase trabajadora, mientras mujeres de altos recursos pueden buscar atención para su salud reproductiva en el extranjero o en hospitales y clínicas privadas con pocas restricciones.

Se necesitan todas las tres ramas del gobierno para aprobar el indulto, un desafío particular en el país en donde la ultra-conservadora derecha política y el sector religioso conservativo Opus Dei de la iglesia Católica todavía ejercen un poder enorme. El primero de abril, grupos feministas presentaron una petición de indulto a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Nacional. Como requiere la ley salvadoreña, la Comisión notificó la Corte Suprema el 10 de julio, quienes tienen ahorra hasta el 9 de agosto para decidir si la Asamblea puede o no procedir. La petición requiere una mayoría simple en la Asamblea antes de que pase al Ejecutivo, donde el presidente lo puede aprobar o vetar la petición.

Las administraciones izquierdistas pasada y actual del Frente Farabundo Martí Para Liberación Nacional (FMLN) han tomado pasos extraordinarios para promover y proteger los derechos y la participación de la mujer. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa es liderada por un diputado del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y solo el año pasado, la Corte Suprema conservadora le negó a una joven, de apodo ¨Beatriz¨, un aborto terapéutico para salvarle la vida después de que el director del Instituto de Medicina Legal, un miembro del Opus Dei, recomendó en contra del procedimiento. La administración de Funes fue la primera en tratar el tema controversial de una modificación modesta de prohibiciones al aborto; la ex-Ministra de Salud Dr. Isabel Rodriguez defendió a Beatriz y su necesidad de un aborto terapéutico y, cuando se le fue negado, se le aprobó una cesárea de último minuto, salvandole la vida a la joven. También Julia Evelyn Martinez, previa directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), firmó un convenio internacional para revisar las leyes anti-aborto en el país. La controversia después en los medios de comunicación resultó en el renunciamiento de Martinez como directora del Instituto, mostrando el peso de la oposición al aborto en la mayoría del público salvadoreño.

Sin sorprender, los partidos de derecha en El Salvador se opusieron al indulto de las 17 mujeres. Como en el pasado, el FMLN no ha declarado una posición pública en el tema, probablemente por miedo de perder el apoyo de aliados socialmente conservativos, aunque algunos líderes del partido han expresados públicamente su apoyo a las detenidas.

 El movimiento organizada de mujeres ha avanzado el debate en el último año, movilizando atención internacional significativa. Sin embargo, la discusión sigue siendo tabú en una gran parte de la sociedad salvadoreña, y las organizaciones del movimiento de la mujer todavía tienen una gran batalla por delante para poder cambiar la opinión pública y forzar aberturas hacia la justicia reproductiva en El Salvador.

 Traducido por Samantha Pineda.