Un plan conjunto presentado en Washington DC el mes pasado por los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras propone abordar los pertinaces problemas de violencia y pobreza en la región, pero a la vez amenaza con reforzar la misma inversión corporativa transnacional que fomenta estos problemas.

El Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte de Centroamérica fue redactado por los tres gobiernos centroamericanos a petición del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Cuando el gran número de niños migrantes centroamericanos detenidos en la frontera de Estados Unidos provocó una crisis humanitaria internacional, el pasado verano, Obama invitó a los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras –países de origen de la gran mayoría de los niños detenidos— a Washington. Después de anunciar que la mayoría de los niños serían deportados, Obama sugirió que los presidentes crean una propuesta conjunta para hacer frente a la violencia y la pobreza que impulsa a los niños a migrar.

Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los tres países centroamericanos elaboraron un plan que delinea acciones estratégicas para “estimular el sector productivo a fin de crear oportunidades económicas, desarrollar oportunidades para nuestra gente, mejorar la seguridad pública y el acceso al sistema legal, y fortalecer las instituciones a fin de aumentar la confianza del pueblo en el Estado”.

El plan incluye propuestas para mejorar las oportunidades de educación y la seguridad pública que podrían ser prometedoras si se aplican de una manera que dé prioridad a las necesidades de las personas y ponen en primer plano la inclusión social. Sin embargo, el compromiso de los gobiernos de Guatemala y Honduras de abordar las causas estructurales de la inseguridad es cuestionable, en el mejor de los casos, dada su implicación frecuente en casos de violencia estatal.

El principal objetivo del plan es la mejora del clima de inversión extranjera, con el fin de generar empleo y reducir la desigualdad, pero la historia ha demostrado que los empleos generados por las empresas extranjeras son a menudo inestables y mal remunerados. Cabe destacar que el plan no hace mención a cómo los gobiernos van a garantizar que las empresas cumplan con las normas laborales y ambientales.

Los países proponen grandes inversiones en infraestructuras –carreteras, puertos, aeropuerto y ferrocarriles– diseñadas para beneficiar a la industria y facilitar el comercio. Recientemente, en los tres países, este tipo de megaproyectos han desatado protestas populares y conflictos locales dentro de las comunidades que con frecuencia corren el riesgo de ser desplazadas. Además, la preocupante inclusión de una propuesta de “zonas económicas especiales” evoca las Zonas de Empleo y Desarrollo económico  (ZEDES o zonas con estatuto propio), de Honduras, territorios donde las leyes y el sistema judicial no tiene aplicación y los inversores actúan como gobiernos de facto.

La presentación del plan de noviembre en la capital estadounidense tuvo por objeto principalmente la búsqueda de financiación en Estados Unidos y las instituciones multilaterales. Hasta la fecha no se han anunciado medidas de financiación, sin embargo, y el monto total del plan sigue siendo poco claro.

Al analizar la propuesta completa de los tres países, Dan Beeton, del Centro para Investigación de Política Cconómica (CEPR) advirtió de que “el plan trae a la memoria otros  casos anteriores de crisis que fueron explotados para obtener beneficios económicos, tal como Naomi Klein detalla en su libro de referencia La doctrina del shock [The Shock Doctrine].”

Traducido por Juan Antonio Julián