Embajadora estadounidense condiciona cooperación para desarrollo a la aprobación de la Ley de Asocios Públicos Privados

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Como la ponente principal en un desayuno el 29 de octubre con la Cámara Salvadoreña de la Industria de Construcción, la Embajadora Mari Carmen Aponte sostuvo que una renovación del Fondo del Milenio (FOMILENIO), un programa estadounidense de asistencia para el desarrollo, dependería de la aprobación de la propuesta Ley de Asocio Público Privado en la Asamblea Legislativa salvadoreña.

FOMILENIO es una iniciativa de asistencia extranjera de la Corporación Reto del Milenio (MCC) estadounidense, lo cual fue creado por el Congreso en 2004, y está financiado por impuestos estadounidenses. Proyectos de desarrollo de la MCC se otorgan a países a base de su ejecución en categorías como ‘Libertad Económica’, ‘Inversión Humana’ y ‘Gobernación Justa’. El primer proyecto de FOMILENIO construyó una mega-carretera en el norte del país. El proyecto propuesto de FOMILENIO II, todavía esperando la aprobación de la dirección del MCC, invertirá en infraestructura en toda la costa pacífica de El Salvador, el sitio del aeropuerto primario y los puertos principales del país.

“Es fundamental en la visión de FOMILENIO II tener la posibilidad de asocios públicos privados”, dijo la Embajadora Aponte el 29 de octubre. Los asocios públicos privados, declaró, son “un requisito para un compacto segundo con la Corporación Reto de Milenio”. Las afirmaciones de la Embajadora fueron proclamados en artículos por los dos periódicos más grandes del país, la Prensa Gráfica y el Diario de Hoy, tal como en la página de la Embajada estadounidense. En el desayuno con las empresas de construcción más grandes del país, Aponte prometió que otro acuerdo de FOMILENIO incluiría $50 millones exclusivamente para empresas privadas trabajando a través de asocios públicos privados.

La Ley de Asocio Público Privado (APP) es una iniciativa del Asocio Para el Crecimiento, un acuerdo de desarrollo bilateral estadounidense-salvadoreño que busca promover y incentivizar la inversión extranjera en El Salvador. La propuesta de ley crea un mecanismo para subastar los servicios públicos y infraestructura a corporaciones privadas para administración y propiedad parcial, desde los aeropuertos y carreteras hasta las universidades y servicios municipales. Por lo tanto, la Ley de APP sería enormemente beneficial para empresas estadounidenses y transnacionales que esperan sacar ganancias de los proyectos propuestos de infraestructura costera de FOMILENIO II.

Pero líderes del movimiento sindical y social salvadoreño ven a la iniciativa como un intento disfrazar a privatizaciones profundamente impopulares como ‘desarrollo.’ Economista salvadoreño Raúl Moreno describe la ley como una “modalidad de asociar empresas públicas con capital privado, principalmente inversiones extranjeras, como una nueva forma para darle empuje a este modelo neoliberal que en El Salvador y en el mundo está demostrando su agotamiento”. Él considera la Ley de APP como un mecanismo para brindar ganancias a corporaciones extranjeras y principalmente estadounidenses, desviando los ingresos del estado a manos privadas a costa de los servicios públicos y los trabajadores del sector público.

La Embajadora Aponte protesta que “el asocio público privado no implica la privatización”, pero los movimientos sociales y sindicales salvadoreños no están de acuerdo. José Alberto Cartagena Tobias, un líder del sindicato de trabajadores del aeropuerto SITEAIES, tema que la aprobación de la ley traería represión sindical, recortes salariales y flexibilización a trabajos del sector público. “Para nosotros”, dice, “el asocio público privado no es nada más que la privatización”.

Fondos para infraestructura como los $300 millones propuestos en el proyecto de FOMILENIO II son escasos en El Salvador, donde el sistema tributario ya regala exenciones generosos a empresas privadas y, especialmente, extranjeras. No es la primera vez que funcionarios estadounidenses han condicionado estos fondos muy necesarios a sus propios intereses políticos y económicos. En julio de este año, senadores estadounidenses amenazaron a los fondos de FOMILENIO II para influir en un conflicto político interno que se desarrollaba en El Salvador en ese tiempo. Y el acuerdo del Asocio Para el Crecimiento también ha sido utilizado por los Estados Unidos para presionar por cambios en el liderazgo del Ministerio de Seguridad de El Salvador.

Las últimas declaraciones de la Embajadora Aponte socavan el deber soberano de la Asamblea Legislativa salvadoreña de responder a las necesidades de la ciudadanía en aprobar legislación. El gobierno estadounidense es efectivamente exigiendo la aprobación de la Ley de APP a cambio de los fondos del FOMILENIO II para que estos sean invertidos bajo los términos de los EEUU – terminos que solo enriquecerían el 1% más rico del mundo a costa de familias salvadoreñas trabajadoras.

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