PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA: Organizaciones estadounidenses denuncian la presión de la Embajada estadounidense para la aprobación de una ley de Asocio Público-Privado

Comunicado

12 de marzo 2013. SAN SALVADOR, El Salvador - Representantes de las organizaciones estadounidenses de solidaridad el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), Ciudades Hermanas El Salvador-Estados Unidos, la Red Uniendo Manos El Salvador, Voces de la Frontera, y la Fundación SHARE acompañaron a cientos de sindicalistas del Frente Sindical Salvadoreño mientras marcharon a la Embajada estadounidense en San Salvador para denunciar que la señora Embajadora Mari Carmen Aponte ha estado presionando a la Asamblea Legislativa de El Salvador a aprobar una ley de Asocio Público-Privado que enfrenta una fuerte oposición por parte del movimiento sindical salvadoreño. Antes de la marcha, representantes de las organizaciones estadounidenses entregaron una carta firmada por más de mil residentes de los Estados Unidos exigiendo que la Embajadora Aponte deje de intervenir en los asuntos internos de El Salvador. Cuando la marcha llegó a la Embajada, representantes de las organizaciones estadounidenses leyeron el siguiente comunicado a la prensa:

Durante décadas, las organizaciones estadounidenses el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), Ciudades Hermanas El Salvador-Estados Unidos, la Red Uniendo Manos El Salvador, Voces de la Frontera, y la Fundación SHARE han acompañado el movimiento social salvadoreño en sus esfuerzos para construir un país con justicia social, libre de injerencia de gobiernos ajenos, especialmente del gobierno de los Estados Unidos.

Esta mañana, estamos aquí en frente de la Embajada de nuestro gobierno, en representación de las bases de nuestras organizaciones respectivas, después de entregar una carta firmada por más de mil ciudadanos y residentes estadounidenses denunciando la injerencia de nuestro gobierno y de la señora Embajadora Mari Carmen Aponte en violación directa de la soberanía del pueblo salvadoreño.

En este momento, una ley de Asocio Público-Privado está siendo debatido por la Asamblea Legislativa de El Salvador. Esta propuesta de ley fue elaborada por el gobierno salvadoreño y asesores del Departamento de Hacienda de los Estados Unidos como una iniciativa del Asocio para el Crecimiento, un acuerdo bilateral de comercio entre los Estados Unidos y El Salvador.

La ley de Asocio Público-Privado enfrenta una fuerte oposición por parte del movimiento sindical y social de El Salvador, quienes afirman que es una nueva forma de privatización que ofrecería todo, desde los puertos, aeropuertos, carreteras y generación de electricidad a los servicios municipales, el agua, centros penales, y la Universidad Nacional, a subasta a licitadores del sector privado, favoreciendo a las empresas transnacionales y estadounidenses. Además de cuestionarla por posibles violaciones de la Constitución de El Salvador, los trabajadores salvadoreños saben por su experiencia con privatizaciones y concesiones pasadas que esta propuesta de ley perjudicaría a los trabajadores del sector público y causaría aumentos en los costos de los servicios básicos para el pueblo salvadoreño.

Nos preocupa mucho que la Embajadora de los Estados Unidos, la Sra. Mari Carmen Aponte, está presionando enérgicamente a la Asamblea Legislativa de El Salvador para que apruebe la ley de Asocio Público-Privado a pesar del clamor de la sociedad civil salvadoreña que se opone a esta ley. La señora Embajadora incluso ha amenazado la aprobación de un segundo proyecto de FOMILENIO, un proyecto de asistencia para el desarrollo financiado con los impuestos de los ciudadanos y residentes estadounidenses, si la Asamblea Legislativa no aprueba esta ley.

La presión y las amenazas de la señora Aponte representan una clara violación de los procesos soberanos y democráticos de El Salvador. Las diputadas y los diputados de la Asamblea Legislativa deben responder solamente a los intereses del pueblo salvadoreño y a la Constitución de la República de El Salvador, y no tener que tomar decisiones bajo miedo de represalias del gobierno estadounidense. Además, nos indigna que la Sra. Embajadora utiliza fondos que provienen de nuestros impuestos para manipular los procesos y decisiones internas del gobierno salvadoreño.

En todo los Estados Unidos, trabajadores, sindicatos, organizaciones comunitarias, concejos laborales y congresistas se han enterado de las declaraciones intervencionistas de la señora Embajadora, y están enviando cartas y haciendo llamadas telefónicas a ella para exigir que deje de interferir en los asuntos internos de un país soberano.

Exigimos que el papel de nuestro gobierno y nuestra Embajada en El Salvador sea uno de respeto y apoyo para el pueblo salvadoreño, y no un papel prepotente que pone los intereses de las empresas estadounidenses y transnacionales encima de los derechos de los trabajadores y las familias salvadoreñas.

Por lo tanto, esta mañana hemos entregado una carta firmada por más de mil ciudadanos y residentes de los Estados Unidos que exige que la señora Embajadora:

  1. Deja de usar fondos de asistencia internacional para manipular los procesos soberanos y democráticos de El Salvador, y
  2. Deja de presionar al gobierno salvadoreño a aprobar la Ley de Asocio Público-Privado.

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