El 24 de Septiembre, el Gobierno de Nayib Bukele nombro un nuevo funcionario al frente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), institución autónoma encargada del manejo, tratamiento y distribución de recursos hídricos a nivel nacional. Durante la juramentación, el Presidente Nayib Bukele dio a mostrar un video-saludo por parte del Embajador estadounidense Ronald D. Johnson, quien avaló el nuevo nombramiento, y es que durante 12 años, Rubén Alemán, nuevo presidente de ANDA, fue empleado de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo International (USAID) donde trabajo como experto en área de medio de ambiente. El nombramiento de Alemán ha generado dudas y preguntas sobre la neutralidad del gobierno estadounidense sobre el control del recurso hídrico y el derecho humano al agua.

Desde más de 10 años, organizaciones ambientalistas y defensores de agua han luchado por la aprobación de una Ley General de Agua para garantizar el derecho humano al agua, protección para juntas de agua comunitarias, y para prevenir la comercialización y contaminación de recursos hídricos. En El Salvador, más del 90% del agua potable está contaminada. En el 2018 los partidos de derecha en la Comisión de Medioambiente de la Asamblea Legislativa intentaron aprobar una ley privatizadora por vía rápida denominada Ley Integral de Aguas. Estos  intentos fueron denunciados ampliamente por el movimiento ambientalista, sindicalista, feminista, estudiantil, y organizaciones internacionales, entre otros. Hasta el momento, la embajada se había mantenido al margen de este debate, por lo menos públicamente.

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha mostrado historicamente un interés sobre el control de los recursos naturales e hídricos. De hecho, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) fue creada en 1961 por lineamientos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que concedió un préstamo de 2.7 millones de dólares que provenían del Fondo Fiduciario de Progreso Social “Alianza para el Progreso.” Como condición para acceder al fondo, se requirió la creación de instituciones autónomas que realizaban funciones específicas y que en ese momento se encontraban en manos de otros entes del Estado. Anterior a la creación de ANDA, instituciones vinculadas a Obras Públicas estaban encargadas de la distribución de agua potable.

Los movimientos sociales lograron salvar el agua contra la ola de privatización de los años 90s y la primera década del 2000. Pero en el 2013 la embajada de EEUU en El Salvador intentó presionar por aún más privatizaciones, después de la aprobación de la ley de asocios públicos privados. Escrita en colaboración con el gobierno estadounidense y el gobierno del Presidente Mauricio Funes, del partido Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y denunciada por los movimientos sociales y ambientalistas como una ley privatizadora, diputados del FMLN lograron excluir de la ley instituciones esenciales - como son la educación, la salud, el sistema penitenciario y el agua. Aunque en el 2013 se logró combatir las presiones y amenazas de la ex embajadora estadounidense, Mari Carmen Aponte, quien insistió en reformas a la ley que incluyeran las instituciones que se salvaron, a fines de 2017 la asamblea Salvadoreña aprobó reformas a la ley que terminaron por permitir que el tratamiento de aguas residuales también fuera sujeta a contratos privatizadores.

A pesar de los cambios, la distribución y el manejo del agua se ha ido deteriorando aún más durante la actual administración por circunstancias vinculadas a la mala administración de la institución autónoma y hostigamiento hacia juntas de agua comunitarias. La situación de emergencia debido al COVID19 también hizo que mucha gente se quedara en sus casas lo que elevó sustancialmente la necesidad del uso de agua potable en las viviendas. La cuarentena nacional también resintió con mayor fuerza la falta de este recurso en las distintas zonas populosas del país, generando una situación desesperada en distintos lugares y motivando a la gente a desarrollar acciones de calle exigiendo una verdadera distribución equitativa y de calidad.

En la medida que el tiempo iba pasando y la situación crítica respecto al tema de distribución del agua iba creciendo, las denuncias sobre la mala administración también fue en aumento, lo que motivó de alguna manera que la Administracion se viera en la obligación de destituir del cargo al Presidente de ANDA Frederick Benitez, que hasta ese momento había jugado un mal papel al frente de la institución. A pesar del mal manejo, la administración de Bukele termino promoviendo a Benitez a un nuevo puesto como “comisionado del agua” dentro del ejecutivo y además se espera que sea indemnizado por 60 mil dólares  debido  al despido.

Sumado a las denuncias por la mala distribución del recurso, también hubo denuncias desde las comunidades por posibles intentos de apoderamiento de algunos pozos construidos y manejados por juntas de agua comunitarias para abastecer las zonas que ANDA no abastecía por falta de recursos a nivel nacional.  La Asociación Comunal Santa Eduviges (ACSE) en Soyapango presento un amparo en contra de ANDA en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por intentos de arrebatar el sistema de agua comunitario. Carlos Flores, coordinador de ECO El Salvador y quien ha accompañado la communidad, condeno, “Es grave que el expresidente de ANDA llegara a cortar la tubería de la comunidad en plena pandemia del COVID-19…Y ahora el nuevo presidente, Rubén Alemán, llegó también con policías y soldados para ingresar de manera ilegal a la sede de ACSE.”

La polémica sobre el nuevo nombramiento se da también en un contexto donde la institución atraviesa serias denuncias sobre el deterioro de la calidad del agua y la mala distribución. Esta falta de recursos ha servido para profundizar las amenazas de la privatización parcial del servicio, ya sea concesionando específicamente el saneamiento de las plantas potabilizadoras, entre otras funciones que representarían medidas neoliberales disfrazadas. Sobre este contexto realza la aprobación del Embajador de Estados Unidos Johnson sobre el nuevo nombramiento a la dirección de ANDA en cadena nacional “no me cabe duda que es la persona indicada en este nuevo reto, nos complace que él va colaborar con el gobierno ” a lo que Rubén Alemán contesto en su cuenta de Twitter: “Gracias @USAmbSV por ser un socio importante para el desarrollo sostenible de El Salvador. Tengo confianza que haremos grandes cosas por @ANDASV y El Salvador.”

En un column de opinion, el periodista y director ejecutivo de la Asociacion de Radiodifusion Participativa de El Salvador (ARPAS), Leonel Herrera, denuncio la influencia del gobierno de EEUU en políticas exteriores de El Salvador, incluyendo la reciente elección del nuevo presidente del Banco InterAmericano de Desarrollo (BID) donde Bukele “apoyo y celebro” la nominación de Mauricio Claver-Carone como nuevo presidente, quebrando un acuerdo continental y multilateral que dice que la presidencia debería ser representada por alguien de Latinoamerica. Herrera también expresso preocupación sobre el nuevo nombramiento del presidente de ANDA e indico que, “la influencia del gobierno de Donald Trump está, incluso, en decisiones domésticas del Ejecutivo salvadoreño.”

Una amenaza permanente ha estado sobre el control del agua desde hace mucho tiempo en El Salvador y con este nuevo nombramiento impulsado desde la embajada Estadounidense esas amenazas cada vez se ven más ciertas. A casi dos meses desde que tomo posecion Alemán de la institución, organizaciones siguen demandando la approbacion de una Ley General de Aguas que regule el funcionamiento de ANDA y proteja las juntas de agua communitarias que abastecen communidades abandonadas historicamente por el gobierno.

Actualizacion:
El 15 de octubre del presente año 2020, la Asamblea legislativa  con 78 votos a favor de una reforma al artículo 2 de la Constitución de la República, que reconoce el acceso al agua como un Derecho Fundamental. Esta ha sido una lucha histórica de las organizaciones populares, principalmente las ambientalistas,  pero esta reforma solo será efectiva cuando la siguiente asamblea legislativa que será electa el próximo año 2021 la ratifique. Por lo tanto esta reforma queda en pausa y se da en un momento electoral donde todos los partidos de derecha que han estado a favor de la privatización han dado los votos para tener el beneplácito de la población que mayoritariamente se ha manifestado en contra de la privatización.