La Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, considera que el caso sufrira un gran revés ya que Guzman es "la persona que más prueba ha acumulado de quiénes perpetraron la masacre de El Mozote”, en referencia a las reformas a la Ley de la Carrera Judicial que cesa en sus cargos a jueces mayores de 60 años o con 30 años de servicio y tras las cuales juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, decidió dejar sus funciones.

Guzmán que conoce la causa de la masacre desde hace cinco años, cuando reabrió el caso luego de la derogatoria de la Ley de Amnistía; ha dicho en reiteradas ocasiones a la prensa que no aceptará volver al cargo a menos que deroguen las reformas a la Ley de la Carrera Judicial “no se trata de un capricho, sino más bien, de respeto a la Constitución”.

Según organismos de derechos humanos las reformas judiciales podrían retrasar el proceso judicial en el caso de El Mozote, “representan un obstáculo más en la investigación del caso” admitió Ovidio Mauricio, director de Tutela Legal María Julia Hernández. Es por eso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado salvadoreño informar sobre los impactos que tendrán sobre la investigación de la masacre de El Mozote y lugares aledaños.

El caso de El Mozote es el único proceso que ha tenido avances después de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Actualmente, al menos 13 miembros de las Fuerzas Armadas fueron identificados y se encuentran bajo proceso judicial en fase de investigación, sin embargo, ninguna persona ha sido aún sancionada.

(Tweet por el ex Procurador de Derechos Humanos, David Morales.)

En su función de impartir justicia, el juez Guzmán ha enfrentado diversos obstáculos como  la insistente negativa del Ministerio de Defensa de reconocer la existencia de archivos militares y dar acceso a información que resulta clave en el juicio, esto pese a que el presidente Nayib Bukele ofreció, en cadena nacional, desclasificar y entregar dichos archivos.

Este 2021 se cumplen 40 años desde que se cometió el genocidio por parte de miembros del ejército salvadoreño. Es un año cargado de reveses, pero también de esperanzas para avanzar en la justicia y reparación para las víctimas, siguiendo el ejemplo del inclaudicable y recién fallecido Wilfredo Medrano, miembro de Tutela Legal “María Julia Hernández” abogado que venía acompañando a las víctimas en el establecimiento de responsabilidades penales por la masacre, aunque desde 1990 participó en la documentación de los hechos hasta la localización de las diferentes personas que habían sido asesinadas.