El 21 de Septiembre se pretendía dar inicio a una revisión de archivos internos de una base militar en San Francisco Gotera relacionados con una de las masacres más conocidas en la historia de El Salvador: la masacre de El Mozote en 1981. El Presidente Nayib Bukele, después de haber prometido divulgar los archivos militares relacionados con el conflicto armado de 1980-1992 en su campaña electoral el año pasado, ha ordenado un cerco sanitario en San Francisco Gotera, donde se encuentra la base militar que está sujeta por orden judicial a una revisión de sus archivos internos por una comisión de peritos (comité experto). No podrá entrar nadie en el municipio, incluso los expertos designados para llevar a cabo la indagación de archivos en la base militar allí. Una vez más  usando la pandemia como pretexto para militarizar y negar el acceso a la información pública, el Presidente Bukele ha dado continuidad a la impunidad de la que han gozado los perpetradores militares de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Durante los gobiernos de la extrema derecha, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) (1989-2009) negó en varias ocasiones el cometimiento de dicha masacre y en muchos de los casos no hubo ninguna acción de reparación para las víctimas de esta zona de Morazán. Es hasta la llegada de los gobiernos de la izquierda el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) (2009-2019) que iniciaron algunas acciones de reparación moral y material, entre las que se pueden mencionar: la construcción de monumentos, la petición de perdón por parte del representante del Estado, el mejoramiento de la infraestructura de la zona, entre otras acciones mínimas.

El 13 de junio de 2016, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en El Salvador declaró inconstitucional la ‘Ley de Amnistía’ de 1993 que había concedido una “amnistía amplia, absoluta e incondicional” a las personas que cometieron crímenes durante el conflicto armado salvadoreño. Es así que la investigación para la búsqueda de la verdad en El Mozote se ha continuado y el pasado mes de Junio se nombró a unos peritos especialistas en indagación de archivos por parte del Juez que dirige dicho caso y se definió dar inicio por parte del equipo, en la fecha mencionada.

La administración Bukele en reiteradas ocasiones ha mencionado que está al lado de las víctimas, caracterizándose como el único gobierno que ha tomado en cuenta a estas personas. Sin embargo y como ha sido costumbre últimamente, el discurso suena muy consecuente y las acciones son muy distantes a las palabras. Recientemente, el actual Ministro de Defensa Rene Merino Monroy presentó un escrito al pleno de la Corte Suprema de Justicia solicitando que se negara la inspección de los archivos y argumentando que no había sustento legal. Tanto el Ministro Merino Monroy como la Presidencia de la República de El Salvador coinciden con la defensa de los militares acusados que “la apertura de los archivos militares de hace 4 décadas podría poner en riesgo la seguridad nacional.”

Al tener una respuesta negativa por parte del pleno de la Corte Suprema de Justicia a la petición del Ministro de Defensa Monroy, dijo que no acataría la resolución judicial, lo que representa varias acciones antijurídicas y delictivas, entre las que se pueden mencionar; acciones arbitrarias, desacato y desobediencia a una orden judicial.

Sumado a esto, el día domingo 20 de septiembre por la noche a horas de iniciar las investigaciones, el Ministro de Salud Francisco Alabi decretó un “cerco sanitario” en San Francisco Gotera, cabecera departamental de Morazán y sede del Destacamento Militar número 4 que es uno de los lugares mencionados para realizar dichas indagaciones en los archivos, aludiendo un supuesto rebrote de casos COVID-19 en el municipio. Con  estas medidas ‘sanitarias', el Presidente Bukele impidió el ingreso de otras personas a la base militar, incluyendo a la comisión de la investigación mencionada. Como CISPES ha documentado en su informe, “Respuesta COVID-19 alza alarma sobre abusos a Derechos Humanos”, la administración del Presidente Nayib Bukele se ha aprovechado de la pandemia provocada por COVID-19 para militarizar la seguridad pública e impedir el acceso a la información pública y estatal.

Varias organizaciones defensoras de Derechos Humanos se han pronunciado sobre la manera maliciosa en la que el Presidente Bukele está obstaculizando la búsqueda de la verdad para las víctimas de la masacre de El Mozote, entre las que podemos mencionar al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, quien manifestó en una entrevista “Es lamentable, triste, vergonzoso y día oscuro. Recientemente en España se tuvo una sentencia condenatoria a 133 años a una persona que se le procesó por participar en el asesinato y masacre de los sacerdotes jesuitas en el 89. Ese proceso debe servir de ejemplo en El Salvador, porque no se puede continuar en la impunidad”. De igual manera otros organismos internacionales para la Defensa de los Derechos Humanos han condenado este tipo de acciones.

El bloqueo de la apertura de los archivos que permitan dar con los responsables intelectuales y materiales de este atroz delito cometido contra la población civil por parte de la Fuerza Armada en el contexto del conflicto armado, representa otro grave retroceso en la búsqueda de la Justicia. La posición del Ministro de Defensa Merino Monroy y de la Presidencia de la República del gobierno de Bukele también da claras señales sobre la intención de  defender a los militares involucrados en este y otros delitos, haciendo más difícil el camino para alcanzar la tan anhelada justicia con verdad y reparación.