A pesar de la creciente represión contra la protesta social y la defensa de los derechos humanos en El Salvador, el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) marchó a la Asamblea Legislativa el 25 de junio para pedir a la Asamblea Legislativa la no prorrogcion la prisión preventiva para decenas de miles de personas detenidas injustamente bajo el Estado de Excepción. Acompañadas Justicia Social y Contraloría Ciudadana, decenas de personas cuyos seres queridos han sido detenidos arbitrariamente, en muchos casos desde 2022, presentaron una solicitud formal a la Asamblea Legislativa para que no prorrogue el Decreto 803, medida aprobada en julio de 2023 que extendió de facto la detención provisional hasta por dos años más para que el Fiscal General pueda preparar juicios masivos. Las familias denunciaron que el decreto, que vence en agosto, facilita que el Estado procese a personas inocentes junto a presuntos miembros de estructuras criminales, pues no tendrán acceso a una defensa individualizada.

Antes de la aprobación del Decreto 803, la Fiscalía debía solicitar al juez la extensión de los periodos de instrucción cada seis meses y justificarla caso por caso.  Con el decreto, se eliminó esta revisión judicial periódica para quienes habían sido detenidos bajo el Regimen de Excepción, una «medida de emergencia» instituida en marzo de 2022 que suspende los derechos constitucionales básicos y el debido proceso. Esta medida se ah convertido en medida permanente y ah facilitado las detenciones sin orden judicial de más de 86.000 personas y resultado en que ahora El Salvador cuenta con la población carcelaria per cápita más alta del mundo.

Decenas de miles de personas sin antecedentes penales ni pruebas presentadas en su contra ya llevaban más de un año encarceladas cuando la Asamblea Legislativa, dominada por el partido Nuevas Ideas de Bukele, aprobó el Decreto 803. Al conceder sumariamente al Fiscal General hasta dos años más para su fase de «investigación» antes de vista preliminar, el resultado es que la mayoria de personas arrestadas bajo el regimen de excepcion han sido detenidas por mas de tres anos, aun sin que se haya presentado evidencia en su contra. En una entrevista con YSUCA en octubre del año pasado, Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico, denunció que, como consecuencia del decreto, cientos de personas han muerto bajo custodia mientras esperaban una audiencia preliminar.

Asimismo, esta herramienta legal le permite y facilita a la Fiscalía General de la República (FGR) agrupar a las personas detenidas en bloques, según su supuesta pertenencia a estructuras criminales, y a procesarlos colectivamente bajo un solo expediente. Esto da lugar a que personas sean juzgadas en conjunto (han habido audiencias iniciales de casi 500 personas), sin individualización de pruebas ni de hechos, y con audiencias que se desarrollan de forma masiva y generalizada.

La lógica de este procedimiento, según el MOVIR, parte de la presunción de culpabilidad por asociación y debilita por completo la garantía del debido proceso.

Para el vocero del MOVIR, Samuel Ramírez, “Lo más peligroso del Decreto 803 es que institucionaliza la idea de que es aceptable mantener presa a una persona aunque no existan pruebas en su contra”, advierte. A su juicio, lo que se está consolidando es un modelo de justicia que responde a una lógica de castigo colectivo, en el que una persona capturada bajo el régimen esta sujeta a ser tratada como culpable y a detenciones prolongadas sin juicio.

Este decreto se suma a una serie de reformas legales aprobadas en los últimos tres años que han contribuido al debilitamiento del sistema de garantías procesales en El Salvador, legitimando el modelo coercitivo y represivo establecido bajo el estado de excepción. En marzo de 2022, con la aprobación del Decreto Legislativo 339, los legisladores eliminaron el acceso a alternativas a la prisión para las personas acusadas de delitos relacionados con las pandillas, incluso si no han sido condenadas por un tribunal, y eliminaron por completo el límite de tiempo de la prisión preventiva para las personas acusadas de «delitos graves», incluidas las «asociaciones ilícitas» y cualquier delito cometido por alguien acusado de pertenecer a una pandilla. Esto, por lo tanto, se aplica a la mayoría de las personas detenidas arbitrariamente bajo el estado de excepción. El mismo decreto también permitió el uso de jueces anónimos, lo que suscitó preocupaciones sobre la transparencia judicial y el derecho a una defensa adecuada.

Recientemente, en febrero de 2025, se aprobó otra enmienda al artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, por la que se establece que, para todos los demás delitos, la prisión preventiva puede prolongarse hasta la mitad de la pena máxima prevista para el delito imputado. Esto significa que una persona acusada de un delito con una pena de 30 años podría pasar hasta 15 años en prisión antes de ser juzgada, y mucho menos condenada.

Según el oficialismo, la medida busca evitar que los imputados evadan la justicia, pero el MOVIR advierte que, en la práctica, la prisión preventiva ha dejado de ser una medida excepcional para convertirse en el eje de la política penal. Al promover un discurso que justifica un modelo punitativo y la aplicacion de estas medidas violatorias de derechos como parte de una estrategia para combatir la violencia y restaurar la seguridad pública, el regimen de Bukele refuerza la idea de que cualquier persona detenida es automáticamente culpable.

Esta narrativas, difundidas por medios oficiales y replicada en redes sociales, que criminalizan a grandes partes de la poblacion salvadorena, tambien acusa a quienes cuestionan las detenciones arbitrarias de ser “enemigos de la paz” o “defensores de criminales”. Pero el discurso oficial invisibiliza a las miles de familias que no han recibido información sobre el paradero o la situación de sus familiares detenidos, así como las denuncias de condiciones inhumanas de detención, negligencia médica, tortura y al menos 400 muertes bajo custodia del Estado, de acuerdo con datos de Socorro Jurídico Humanitario.

Pese a estas denuncias, presentadas tanto ante instituciones estatales como ante organismos internacionales, no se han establecido mecanismos de transparencia ni se han rendido cuentas sobre la legalidad de las detenciones, las desapariciones forzadas, ni sobre las condiciones en los centros penitenciarios, a pesar de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas restablecer los derechos y las garantías procesales que han sido suspendidas.

Por el contrario, se han ampliado los argumentos para continuar implementando prácticas represivas y de control. El 21 de junio, cuatro días antes de la movilización del MOVIR, más de 2,000 militares y policías fueron desplegados en la comunidad de San Bartolo, Ilopango, bajo el argumento de que estructuras criminales intentaban reorganizarse en la zona. El operativo fue anunciado por el presidente Nayib Bukele en redes sociales, sin ofrecer detalles ni pruebas sobre los motivos de dicha acción. Para Samuel Ramírez, este tipo de medidas, supuestamente extraordinarias, forman parte de una estrategia que combina represión con propaganda, para normalizar el irrespeto de los derechos fundamentales de la población.

A medida que se acerca la fecha límite del 23 de agosto para los dos años adicionales que el Decreto 803 concedió a los fiscales del Estado para preparar sus juicios masivos, las familias de las víctimas del régimen temen que la fiscalía solicite más tiempo, ya sea mediante una prórroga del decreto o a través de otros mecanismos. En cambio, exigen la liberación inmediata de las víctimas de detenciones arbitrarias para las que el Fiscal General no ha aportado pruebas de irregularidades. En su petición para que no se prorrogue el Decreto 803, MOVIR también pidió que se revisara su aplicación, que se individualizaran los casos y que se garantizara el acceso a una defensa jurídica eficaz y a condiciones dignas en prisión. 

Si no se satisfacen estas demandas, según MOVIR y Justicia Social y Contraloría Ciudadana, existe el riesgo del debilitando permanentemente de el estado de derecho. “Nos estamos alejando de un sistema de justicia”, advierte Ramírez. “Si al régimen le molesta nuestra lucha, que se paren las capturas arbitrarias y se libere a los inocentes. MOVIR va a seguir existiendo mientras sigan las violaciones a los derechos humanos”.