A medida que la financiación que asigna la Corporación del Reto del Milenio (MCC) a El Salvador llega al Congreso de EE.UU. para su aprobación a finales de esta semana, el paquete de 277 millones de dólares destinado al desarrollo es utilizado una vez más como medio de presión a favor de los intereses de la derecha empresarial y como poderoso instrumento de influencia por parte de EE.UU. Desde ambos lados del espectro político opuesto, y probablemente guiados por motivaciones muy diferentes, el senador Patrick Leahy EE.UU. y la columnista del Wall Street Journal Mary Anastasia O'Grady han presionado en contra de la aprobación de los fondos. El 12 de septiembre, el senador Leahy publicó una declaración en la que manifestaba su múltiple preocupación acerca de la aprobación del proyecto de asistencia de la MCC para El Salvador, citando la supuesta corrupción y la debilidad de las instituciones gubernamentales. Campeón reconocido de los derechos humanos en las Américas, el senador Leahy también criticó al gobierno de Funes por permitir que ex funcionarios militares permanezcan en altos cargos de seguridad pública y por no reprimir suficientemente la corrupción policial. Las declaraciones de Leahy llenaron las primeras planas de todos los diarios conservadores de El Salvador. Más tarde, la columnista de derechas Mary O'Grady utilizó los comentarios de Leahy para atacar al gobierno del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y abogar contra la aprobación de los fondos estadounidenses de la MCC. En un mordaz editorial plagado de declaraciones engañosas y falsedades, O'Grady denunció que el actual gobierno “ha hecho El Salvador decididamente más pobre y menos libre”. Su columna fue publicada inmediatamente en la prensa salvadoreña. El presidente Mauricio Funes ha respondido enérgicamente, condenando la declaración de Leahy como un acto “intervencionista”, basado en “desinformación”, y ha añadido: “[El senador] ha dicho que hemos avanzado poco en el combate de la corrupción; bueno, le pongo enfrente al Senador Leahy los más de 169 casos que hemos investigado y que hemos presentado a la Fiscalía”. De hecho, si los procesos en curso contra antiguos funcionarios cargos del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) tienen éxito, será la primera condena por malversación de fondos en cinco años.

El Senador Leahy es el último alto cargo en sumarse a la lista cada vez mayor de funcionarios estadounidenses que están utilizando el proceso de aprobación del MCC para influir en los procesos legislativos y judiciales de El Salvador. A lo largo del año pasado, la Embajadora Mari Carmen Aponte y los presidentes de los Subcomités para el Hemisferio Occidental de la Cámara y el Senado amenazaron mediante la financiación con varios objetivos, entre ellos presionar a la legislatura salvadoreña para aprobar un proyecto de ley de privatización elaborada por Estados Unidos. Recientemente aprobado por el Consejo de Administración de la MCC, el paquete debe pasar ahora por el Senado y la Cámara de Representantes estadounidenses para su votación final. A pesar de la declaración del Senador Leahy y la tormenta mediática que ha provocado, se espera que el Congreso apruebe los fondos debido al apoyo global del Departamento de Estado. Cuando en abril pasado unas declaraciones engañosas realizadas por los diputados federales Salmon (R­–AZ) y Sires (D–NJ), en las que felicitaban al Consejo de Administración de la MCC por detener el proceso de concesión de la ayuda se publicaron en los periódicos salvadoreños, la Embajadora Aponte convocó una conferencia de prensa en 24 horas para aclarar que el proceso no se había detenido y que seguiría su curso hasta el citado Consejo en septiembre como estaba previsto.