Informe especial: Expresidente derechista principal sospechoso en fraude fiscal; el Presidente Funes exige que se tomen medidas

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El sábado 5 de octubre, el presidente Mauricio Funes reveló en su programa semanal de radio que el Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS) ha solicitado una investigación sobre un posible fraude fiscal por un monto de 10 millones de dólares perpetrado por funcionarios de anteriores gobiernos salvadoreños, última en una serie de acusaciones de corrupción contra el partido de derechas Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Funes no ha revelado los nombres de los funcionarios involucrados; sin embargo, todo parece señalar al expresidente Francisco Flores, asesor de campaña del actual candidato presidencial de ARENA Norman Quijano “Tengo conocimiento, en base a fuentes fidedignas, de la solicitud que le vino a plantear el IRS de los Estados Unidos de una investigación por el delito de defraudación del fisco, o evasión del fisco, y probable lavado de dinero, y que involucra a conocidos exfuncionarios de gobiernos anteriores y a un expresidente de la República”, afirmó Funes. El miércoles 9 de octubre, Funes manifestó que los 10 millones de dólares en cuestión fueron donados a una fundación con sede en EE.UU. del expresidente. Tras el final de su mandato en 2004, Flores se desempeñó como director de la derechista International Foundation for Liberty (Fundación Internacional para la Libertad) en Washington DC, que define su misión como “una respuesta a la ola de neopopulismo cuya victoria supondría un grave retroceso en el proceso de modernización en América Latina”. Funes reveló, además, que los fondos provenían de una empresa europea de energía eléctrica y de una empresa minera que está en la actualidad demandando al gobierno de El Salvador, lo que alimenta las especulaciones de que la compañía energética italiana Enel Green Power y la empresa minera canadiense Pacific Rim –las dos únicas empresas que se ajustan a la descripción hicieran donaciones de varios millones de dólares a la fundación de Flores a cambio, respectivamente, de contratos y permisos del gobierno. Es particularmente significativa la implicación de que Enel pagara a Flores por los derechos en el polémico contrato asocio público-privado de 2002 con la empresa pública de energía CEL, que está siendo investigada por corrupción por el Fiscal General de la República. De hecho, los periodistas estiman que la solicitud que hizo el fiscal de información financiera a Flores y otros funcionarios implicados en el caso CEL-Enel por encargo de las autoridades estadounidenses probablemente hayan sido la causa de la demanda del IRS. Funes instó al Fiscal General Luis Martínez a atender la petición del IRS, y en alusión a las conocidas relaciones de Martínez con ARENA manifestó: “Si el señor fiscal, con todo respeto, se demoró horas en abrir una investigación porque la pidió ARENA, con todo respeto, yo le pediría que no se siga demorando en entregar los resultados del caso CEL-Enel, que ya lleva varios meses”. Martínez afirmó que su oficina solicitaría más información a las autoridades de Estados Unidos, pero agregó que “aquí tenemos maestros de la intriga política, y no vamos a prestarnos a temas electorales  ni a permitir que ningún tipo de investigación seria sea utilizada por partidos políticos.” El Presidente también acusó a ARENA del uso de estos fondos mal obtenidos para desestabilizar el país, haciendo referencia a los esfuerzos de la derecha para desprestigiar al partido de gobierno, el izquierdista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), a los ojos del gobierno de EE.UU. “Lo que más me preocupa es que con estos recursos se ha montado toda una operación de desprestigio contra el gobierno y el pais. No ha mayor actor de traición para el pais que a contratar lobbistas para desprestigiar al pais para que no se apruebe el Fomilenio II”, declaró Funes. ARENA, por su parte, ha respondido negando las acusaciones del Presidente y lanzando amenazas veladas en su contra: “Él (Mauricio Funes) como tiene fuero sabe que no podemos procesarlo. Él debería pensar que en pocos meses ya no va a ser presidente de la República. Se va a convertir en un ciudadano común y corriente”, afirmó el vicepresidente de ideología de ARENA, Ernesto Muyshondt.

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