Un paquete de reforma fiscal modesta se enfrenta con firme oposición por parte de los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa de El Salvador, lo que llevó al presidente Salvador Sánchez Cerén a entablar negociaciones con la poderosa élite económica del país y el partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) en un esfuerzo de avanzar las medidas, las cuales son cruciales para financiar a importantes programas sociales.

Los impuestos sobre la renta y valor agregada financiaron a 86% de los gastos del Estado en 2013, pero en la actualidad los sectores más pobres del país pagan un 30% de sus ingresos en impuestos, mientras los más ricos contribuyen sólo el 11 % de sus ingresos. En sus últimos días, la administración saliente de Funes presentó el paquete de reformas, cuyo objetivo es cambiar más de la carga fiscal sobre el sector más opulento de El Salvador. La propuesta incluye un impuesto sobre las transacciones financieras de más de $750, con excepciones para, retiros de efectivo, pagos de tarjetas de crédito, seguridad social, pago de salarios o de préstamos; un impuesto sobre los bienes inmuebles no productivos de valor arriba de $ 350,000; y la eliminación de la exención de propietarios de periódicos del pago del impuesto sobre la renta.

Como era de esperar, los principales periódicos de El Salvador, propiedad de los miembros de la oligarquía histórica del país y conocidos por su sesgo explícitamente ultra-conservador, han sido particularmente vehemente en su rechazo de las reformas propuestas, alegando un aumento de costos de producción y una censura de la prensa.

Hasta el momento, los partidos de derecha han mantenido un frente unido contra las reformas propuestas, probablemente ansiosos para proteger a los donantes que financiarán sus campañas para las elecciones legislativas y municipales del 2015. La semana pasada, sin embargo, varios partidos de la derecha rompieron filas con ARENA, uniéndose al partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para aprobar la emisión de más de $1 millón en bonos gubernamentales para financiar los gastos urgentes del Estado. El voto sobre los bonos evidencia las posibilidades para la intermediación de un acuerdo sin ARENA, pero la obstinación de la élite nacional y su unidad frente toda amenaza a sus privilegios históricos ha demostrado ser un formidable obstáculo para las medidas de redistribución de riqueza que El Salvador necesita tan desesperadamente.