Hace diez años hoy, el Representante de la División Portuario de los Teamsters, Gilberto Soto, fue asesinado en Usulutan, El Salvador. Soto, un ciudadano norteamericano, había regresado a su país natal para reunirse con sindicalistas centroamericanos y conductores portuarios, y para documentar violaciones de derechos laborales. Su asesinato sigue no resuelto. Hoy, CISPES recordamos a Gilberto y nos unimos a las llamadas para justicia en su muerte.  

Lo siguiente es el contenido de una carta publicada en periódicos salvadoreños el miércoles, 5 de noviembre. Dale click AQUÍ para una copia de la carta, y AQUÍ para ver un video conmemorando el aniversario del asesinato de Gilberto. ¿IMPUNIDAD o JUSTICIA? Una carta abierta a: Luis Martínez, Fiscal General, El Salvador “Sólo tenía dos años de edad cuando mi padre fue asesinado a tiros frente a la casa de mi abuela en Usulután. Tres disparos terminaron con su vida y destrozaron la mía. ¿Quién mató a mi padre? ¿No merezco saberlo?” –MARIANA SOTO LAREDO, 12 AÑOS

El líder sindical de los Teamsters, Gilberto Soto, era un ciudadano estadounidense naturalizado quien en 2004 viajó a El Salvador, su lugar de nacimiento, para reunirse con los sindicatos de transporte del área. Hoy se cumplen 10 años de su asesinato, y su muerte sigue sin resolverse.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Procurador de Derechos Humanos (PDDH) y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA):

• Ese viernes por la noche, tres hombres dispararon a Gilberto Soto por la espalda. Los asesinos no se llevaron nada – ni el reloj, ni la billetera ni su teléfono celular.

• La policía no acordonó la escena del crimen ni tomó medidas para proteger la evidencia, incluida la bicicleta que uno de los hombres armados dejó atrás, y nunca hicieron pruebas de la existencia de huellas dactilares.

• Pocos días después, el Ministro del Interior de El Salvador declaró que Gilberto no fue asesinado por un escuadrón de la muerte—y eso sin que nadie hubiera dicho que ese fuera el caso.

• Dos semanas después, en un desayuno privado celebrado en el hotel Hay-Adams en Washington, René León, embajador de El Salvador en los Estados Unidos, dijo a los dirigentes sindicales estadounidenses que la policía se negaba siempre a enviarle una copia de su informe.

• Por otro lado, la defensora de la PDDH, Dra. Beatrice Alamanni de Carrillo, reveló que la Policía Nacional Civil (PNC) le negó su derecho constitucional de inspeccionar sus archivos y de seguir el avance de la investigación. La Dra. Alamanni de Carrillo y miembros de su personal también recibieron amenazas de muerte.

• Poco después, la PNC arrestó a tres "miembros de pandilas", sometiéndolos a torturas sexuales con el objeto se sacarles una confesión que diera la impresión de comprobar que simplemente se trataba de un “delito común”, tal como lo afirmaba el gobierno.

• El hecho de que la investigadora de la PDDH Zaira Navas se presentara con un médico para documentar la tortura permitió que los prisioneros torturados se retractaran de sus declaraciones, motivo por el cual ella fue perseguida por el Fiscal General hasta el punto de verse obligada a renunciar a su cargo

De acuerdo con Juan Méndez, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Tor- tura, “Es de vital importancia para una nación desgarrada por crímenes contra los derechos humanos descubrir y revelar la verdad con el fin de hacer la transición a una auténtica reconciliación”.

Por el bien de los hijos de Gilberto Soto, por el bien de los trabajadores de El Salvador, por el bien del alma de la nación, le pedimos que se vuelva a abrir este y otros casos emblemáticos de la violación de los derechos humanos. Le instamos a trabajar en colaboración con la PDDH y con organizaciones independientes de derechos humanos para identificar a los que ordenaron estos crímenes y a los que los encubrieron.

James Hoffa - General President International Brotherhood of Teamsters Geoff Thale - Program Director Washington Office on Latin America Gastón Chillier - Director Ejecutivo Centro de Estudios Legales y Sociales Buenos Aires, Argentina Tyler Giannini - Co-Director International Human Rights Clinic Harvard Law School Laurel E. Fletcher - Director International Human Rights Law Clinic University of California Berkeley Leonel G. Rivero Rodríguez - Coordinador General Defensa Estratégica en Derechos Humanos México City, México Viviana Krsticevic - Executive Director Center for Justice and International Law Washington, DC Livingstone Sewanyana - Executive Director Foundation for Human Rights Initiative Kampala, Uganda Richard Trumka - President AFL-CIO James J. Silk - Director Lowenstein International Human Rights Clinic Yale Law School Lance Compa - Professor of International Labor and Human Rights Law Cornell University New York Martín Sigal - Director Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia Universidad de Buenos Aries Argentina Richard J. Wilson - Director International Human Rights Law Clinic American University Washington, DC Knud Foldschack - Advokat Copenhagen Denmark Ron Carver - Associate Fellow Institute for Policy Studies Washington, DC