CISPES condena las especulaciones públicas de ex embajadora estadounidense sobre posibles represalias por parte de Estados Unidos contra inmigrantes y sus familias salvadoreñas debido a la destitución de magistrados de la Corte Suprema de la Justica y el Fiscal General de la República por la Asamblea Legislativa

Como CISPES, Comite en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, expresamos nuestra oposición a las declaraciones hechas a la prensa salvadoreña por la ex embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, en las que insinúa que el gobierno estadounidense podría bloquear remesas, suspender el Estatus de Protección Temporal (TPS) o aumentar las restricciones a la migración desde El Salvador, a causa de la reciente destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República en El Salvador.

Medios de comunicación de gran circulación en El Salvador, como La Prensa Gráfica, circularon las afirmaciones alarmistas que hizo la ex embajadora Aponte durante una entrevista televisiva el lunes 10 de mayo, causando miedo y ansiedad generalizada entre los y las salvadoreñas que viven en Estados Unidos, quizá de forma intencional. Difundir lo que la propia Aponte describió como “rumores” y posibilidades que pueden ser “exploradas” o “discutidas” en el Congreso, sin ninguna prueba, fue una irresponsabilidad.

La violencia política y los ataques sistemáticos contra la democracia provenientes de la administración de Bukele y de la legislatura controlada por su partido, Nuevas Ideas, merecen una fuerte y generalizada condena internacional. Sin embargo, usar como moneda de cambio política el estatus legal y las herramientas de sustento de las que dependen las familias salvadoreñas que han sido destrozadas por décadas de migración forzada, es inhumano e inaceptable.

Como organización estadounidense con sede en Washington, DC, no hemos escuchado ninguna discusión o sugerencia sobre el bloqueo de remesas o la suspensión del TPS por parte de la Administración Biden o el Congreso. Múltiples declaraciones han sido emitidas por miembros de la Administración Biden, como las realizadas por la vicepresidenta Kamala Harris y durante la visita a El Salvador del Enviado Especial del Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, así como por líderes del Congreso e integrantes de los comités de Relaciones Exteriores de la Cámara y el Senado, denunciando la acciones del Presidente Bukele y de la asamblea legislativa.  En ninguno de estos espacios se han sugerido tales acciones dirigidas a inmigrantes o sus familias.

Cabe señalar que las remesas son transacciones privadas y, salvo determinadas circunstancias, están fuera del ámbito del gobierno de los Estados Unidos. Según un informe electrónico de 2019 del Servicio de Investigación del Congreso, "El gobierno de EE. UU. solo restringe las remesas a países, individuos o empresas que son sujetos de sanciones y embargos de EE. UU." Este no es el caso actualmente para El Salvador.

Con respecto a la designación del TPS para El Salvador, la cual fue previamente cancelada por el presidente Trump, la Administración Biden está respondiendo actualmente a un fallo de la Corte de Apelaciones que cuestiona la decisión de Trump. CISPES exige y espera que Biden se mantenga a la altura de su promesa de campaña de "proteger a las personas con TPS" en este caso, tal como lo hizo al incluir en su propuesta de legislación migratoria un camino a la ciudadanía para titulares de TPS. La Cámara de Representantes aprobó recientemente un proyecto de ley para otorgar la residencia permanente a muchas personas con TPS y actualmente se está considerando legislación paralela en el Senado, lo que demuestra un apoyo general al TPS, incluso para El Salvador, por parte de la mayoría demócrata en el Congreso y en la Casa Blanca, lo que contrasta con lo que sugirió la ex embajadora.

Lamentablemente, no es la primera vez que actores políticos estadounidenses manipulan con fines políticos a inmigrantes salvadoreños, incluso a la comunidad TPSiana, como parte de una estrategia de control a través del miedo. Los políticos republicanos hicieron pronunciamientos similares antes de las elecciones presidenciales de El Salvador de 2004, publicando declaraciones falsas en los principales medios de comunicación salvadoreños para presionar a la ciudadanía a votar de cierta manera. Tales acciones eran inaceptables en ese tiempo y lo siguen siendo, independientemente de quién las lleve a cabo. 

Queremos expresar que si tales acciones llegarán a ser implementadas por el Congreso o la administración de Biden, organizaremos una fuerte oposición contra ello. La comunidad salvadoreña no debe ser castigada por las peligrosas acciones del presidente Bukele y sus aliados.

Al contrario, exigimos que el gobierno estadounidense ponga fin a su complicidad con la concentración de poder de Bukele y con la perpetuación continua de abusos a los derechos humanos en El Salvador poniendo fin a la cooperación, capacitación y armamento de las fuerzas de seguridad salvadoreñas que llevan a cabo desde hace décadas.

El gobierno estadounidense también debe poner fin a su agenda económica que, al igual que los planes de Bukele, daña el medio ambiente, las vidas y los medios de vida de lxs trabajadorxs, y de las comunidades marginadas y empobrecidas. Hacemos eco a las denuncias de movimientos sociales progresistas y de la clase obrera organizada en El Salvador del aumento de la represión militar y policial contra comunidades criminalizadas y contra quienes se oponen a Bukele.

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