CISPES y 130 organizaciones envían carta al congreso durante solicitud de financiamiento de Biden

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Más de 130 organizaciones se unen carta al Congreso ante discusiones presupuestarias, instan reconsideracion de fondos de desarrollo para Centroamerica bajo Plan de Biden

Washington, DC - Después del primer viaje de la vicepresidente Harris a Centroamérica, más de 130 organizaciones en Guatemala, Honduras, El Salvador y Estados Unidos instan al Congreso a "reconsiderar varios aspectos claves" de la asistencia de desarrollo económico de EE.UU. hacia Centroamérica.

En su carta a Congresistas que lideran los Comités de Asignaciones Presupuestarios de la Cámara y el Senado, escribieron que "los esfuerzos de buena fe por parte de los Estados Unidos para atender a las causas principales de la migración forzada empezarían con un proceso de rendición de cuentas sobre cómo los Estados Unidos ha contribuido, históricamente y en años recientes, a las condiciones actuales en El Salvador, Honduras, y Guatemala que causan que miles de personas tengan que dejar sus hogares para sobrevivir”.

La política actual de Los Estados Unidos ha contribuido, "con demasiada frecuencia", a la pobreza y el hambre que se han convertido en principales impulsores de la migración para personas y familias de Honduras, Guatemala y El Salvador, dado que esta política se impulsa a través de la asociación con el sector privado para promover y financiar proyectos de infraestructura que desplazan a comunidades de sus tierras ancestrales y destruyen los ecosistemas locales.

Los grupos citan una asociación entre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la empresa detrás de la represa Agua Zarca en Honduras, causa por la cual la líder indígena Berta Cáceres fue asesinada en 2016. David Castillo, quien era director ejecutivo de DESA, la empresa que financia la represa, se encuentra actualmente en juicio por su asesinato; otros dos empleados ya han sido condenados.

Comunidades impactadas por estas políticas en la región dicen que el apoyo financiero y político de Estados Unidos a las plantaciones de aceite de palma y a las represas hidroeléctricas, así como la promoción de un mayor control sobre los servicios públicos por parte de empresas privadas a través de asocios los asocios públicos-privados, han eclipsado la posibilidad de una vida digna para millones de personas.

Las organizaciones estadounidenses e internacionales que trabajan en políticas para la región están pidiendo al Congreso que imponga restricciones a los fondos adicionales que la administración de Biden ha solicitado para abordar las causas fundamentales de la migración.

"Aunque se presente en como un motor para el desarrollo económico, al final del día, los beneficios son muy limitados y contribuyen al aumento de la desigualdad y a la concentración de riqueza y poder en manos de la élite", escribieron, agregando que, "Estados Unidos tiene su parte de responsabilidad por estos resultados tanto a través de su peso en los bancos multilaterales y otras instituciones financieras internacionales como también a través de su propia política exterior que se lleva a cabo a través de USAID, el Departamento de Estado y otras agencias". Se espera que el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes comience a redactar proyectos de ley de gastos este mes.

“Aunque son promovidos como motor del ‘desarrollo económico,’ al final, los beneficios [de estas políticas] son muy limitados y contribuyen a la tasa creciente de la desigualdad y la concentración de la riqueza en manos de las elites”, escribieron, agregando que “parte de la responsabilidad del gobierno estadounidense por estas condiciones es debido a su liderazgo en los bancos multinacionales pero también por su propia política exterior a través de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), el Departamento del Estado y otras agencias.”

Los firmantes incluyen grupos que lideran luchas de populares y de comunidades Indígenas y Negra en defensa de las tierras y el medioambiente en Honduras como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), organizaciones religiosas nacionales como el Comité de Servicio de Amigos Americanos y la Conferencia de Liderazgo de Mujeres Religiosas, organizaciones políticas y legales como la Center for Economic and Policy Research (CEPR) y el Grupo de Trabajo del Gremio Nacional de Abogados en las Américas, y organizaciones de derechos de los inmigrantes lideradas por centroamericanos, incluida la Organización Nacional de Jornaleros (NDLON) y el Centro de Recursos Centroamericanos de Los Ángeles (CARECEN).

La carta con adhesiones disponible aquí.

Contacto de medios, Samantha Pineda, [email protected] or call (202) 521-2510 ext. 204

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