PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
15 de Octubre, 2026

MÁS DE 100 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EXIGEN LA LIBERACIÓN INMEDIATA DE FIDEL ZAVALA Y DE LÍDERES DE LA COMUNIDAD LA FLORESTA EN EL SALVADOR

Mientras Nayib Bukele anuncia la posibilidad de otorgar la libertad condicional a miles de personas detenidas bajo el Régimen de Excepción —insistiendo en su culpabilidad pese a la creciente condena internacional por las violaciones generalizadas al debido proceso y otros derechos humanos—, su gobierno continúa prolongando el encarcelamiento del defensor de derechos humanos Fidel Zavala y de 21 miembros de la comunidad La Floresta, detenidos en febrero de 2025 mientras se organizaban contra el desalojo masivo de más de 200 familias campesinas.

El 15 de octubre, tras el anuncio sin precedentes de Bukele, más de 100 organizaciones de derechos humanos, religiosas, de solidaridad y de diáspora salvadoreña de 19 países exigieron su liberación inmediata y denunciaron al gobierno salvadoreño por “criminalizar a quienes se organizan en defensa de sus derechos”.

La carta de las organizaciones responde a una resolución emitida el 11 de septiembre de 2026 por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, que aprobó la solicitud de la Fiscalía General de la República de prorrogar la fase de investigación del caso La Floresta hasta el 25 de agosto de 2027. Esta es la tercera prórroga del proceso. De no celebrarse una audiencia especial, es probable que las personas detenidas permanezcan en prisión preventiva durante al menos dos años y medio sin haber sido llevadas a juicio.

Lee la carta completa y lista de grupos firmantes aqui.

En su carta dirigida a la Fiscalía General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia y los miembros del Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, las organizaciones denunciaron que prolongar aún más el proceso impide que Zavala y los miembros de la comunidad La Floresta puedan defenderse de los cargos de agrupaciones ilícitas y comercialización irregular de lotificaciones y parcelaciones, entre otros, que la defensa ha denunciado reiteradamente por carecer de sustento probatorio.

El caso comenzó en febrero de 2025, cuando las familias de La Floresta se organizaban contra el desalojo masivo de más de 200 familias campesinas que habían vivido en esos terrenos durante más de una década. UNIDEHC, una organización de derechos humanos que brinda acompañamiento jurídico y organizativo a comunidades que enfrentan desplazamientos y otras violaciones de derechos humanos, acompañaba a los habitantes que resistían el desalojo. El 25 de febrero de 2025, veintiún miembros de la comunidad fueron detenidos junto con Zavala, quien se desempeñaba como vocero de UNIDEHC.

Zavala ya había sido encarcelado injustamente en 2022, cuando permaneció aproximadamente 13 meses en prisión. Tras su liberación en marzo de 2023, presentó denuncias por tortura, corrupción y otros abusos que había presenciado por parte del personal penitenciario, y se convirtió en una voz crítica frente a los abusos en el sistema penitenciario salvadoreño.

En respuesta a la prórroga de la prisión preventiva, Amnistía Internacional actualizó su Acción Urgente para expresar su preocupación por la seguridad de Zavala durante su detención. La organización advirtió que sus denuncias anteriores contra el personal penitenciario podrían exponerlo a represalias e instó a las autoridades salvadoreñas a garantizar que no sea trasladado ni permanezca recluido en condiciones que puedan poner en riesgo su integridad física o psicológica.

Las organizaciones internacionales también expresaron su preocupación por el “posible deterioro” de la salud de Zavala y advirtieron sobre un eventual traslado al centro penitenciario La Esperanza, conocido comúnmente como Mariona, “donde su vida correría peligro” al quedar bajo la custodia de agentes penitenciarios a quienes anteriormente denunció por tortura y corrupción.

Las organizaciones firmantes describen el caso La Floresta como parte de un patrón más amplio en el que las comunidades que se defienden del desplazamiento, así como los defensores de derechos humanos que las acompañan, son procesados no ante los tribunales ordinarios, sino a través del sistema de justicia contra el crimen organizado de El Salvador, donde las garantías del debido proceso son prácticamente inexistentes.
El proceso judicial también se ha extendido a los abogados de UNIDEHC Ivania Cruz y Rudy Joya, quienes trabajaron junto a Zavala en el acompañamiento a la comunidad La Floresta y actualmente viven en el exilio.

Alexis Stoumbelis, Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES): “El anuncio de Bukele sobre sus planes de otorgar la libertad condicional a decenas de miles de personas, la mayoría de las cuales probablemente fueron detenidas injustamente desde un principio, encubre uno de los verdaderos objetivos del régimen de excepción: perseguir y amenazar a las comunidades que se organizan para defender sus derechos sobre la tierra y el agua, acusándolas de ‘agrupaciones ilícitas’. CISPES se suma al llamado internacional por la liberación inmediata e incondicional de los 21 habitantes de La Floresta y del defensor de derechos humanos Fidel Zavala, quien los acompañó mientras se enfrentaban al gobierno por violar su derecho a organizarse”.

Vicki Gass, Latin American Working Group (LAWG): “El Grupo de Trabajo sobre América Latina (LAWG, por sus siglas en inglés) condena la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador de prorrogar por tercera vez el período de investigación en el caso de Fidel Zavala, esta vez hasta agosto de 2027. El anuncio de Bukele sobre sus planes de otorgar la libertad condicional anticipada a miles de personas detenidas busca silenciar la labor de valientes defensores de derechos humanos como Zavala, quienes han arriesgado su propia libertad para exigir que se rindan cuentas por la violencia y la tortura que ocurren dentro de las cárceles salvadoreñas. Mantener a Fidel detenido indefinidamente bajo cargos falsos pone de manifiesto, una vez más, la falta de pruebas por parte del gobierno salvadoreño. Los cargos contra Fidel y los miembros de la comunidad La Floresta deben retirarse y todos deben ser liberados sin condiciones, al igual que miles de otras personas inocentes detenidas bajo el régimen de excepción”.

James Lafferty, director ejecutivo emérito del National Lawyers Guild de Los Ángeles: “El capítulo de Los Ángeles del National Lawyers Guild se une a líderes mundiales y organizaciones de justicia civil de todo el mundo para exigir la liberación inmediata de Fidel Zavala y los líderes de la comunidad La Floresta encarcelados en El Salvador.  Denunciamos que la prolongación de la investigación no es más que un intento abierto de silenciarlos, tanto a ellos como a otros defensores de derechos humanos que apoyan sus luchas. Este caso ha constituido una violación del derecho internacional desde que comenzó en febrero de 2025.  La comunidad La Floresta tiene todo el derecho a organizarse contra el desalojo masivo de más de 200 familias campesinas que habían vivido en sus tierras durante más de una década. Condenamos la tortura, la corrupción y los numerosos abusos cometidos por el personal penitenciario de los que Zavala ha sido testigo. Reconocemos y condenamos la persecución judicial en este caso, pues constituye otro ejemplo evidente de los intentos del gobierno por silenciar a todas aquellas personas que luchan valientemente por construir un país más justo para todo el pueblo salvadoreño”.

Comité de Solidaridad de Salvadoreñxs en Euskal Herria: “El Comité de Solidaridad de Salvadoreñxs en Euskal Herria nos unimos a las organizaciones de diferentes partes del mundo para exigir la liberación inmediata de Fidel Zavala y los habitantes de la comunidad La Floresta, encarcelados injustamente en El Salvador. Ante los últimas declaraciones del Presidente Bukele, de liberar a la mitad de personas capturadas bajo el régimen de excepción, pedimos que también sean liberados las personas presas políticas.”

Ana María Méndez-Dardón, Director for Central America, Washington Office on Latin America (WOLA): El gobierno salvadoreño utiliza un sistema de justicia penal autoritario para silenciar a quienes se atreven a defender a sus comunidades y desafiar los abusos de poder. Fidel Zavala y los líderes comunitarios de La Floresta llevan más de un año y medio en prisión preventiva sin el debido proceso. Esto no es justicia; es criminalización y una ruptura del Estado de derecho. Las autoridades salvadoreñas deben liberar de inmediato a los detenidos injustamente, poner fin a la persecución de los defensores de derechos humanos y respetar el derecho de los salvadoreños a denunciar abusos sin temor a ser encarcelados o sufrir represalias.

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Contacto: [email protected]

FOR IMMEDIATE RELEASE

October 15, 2026

MORE THAN 100 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS DENOUNCE THIRD EXTENSION OF PRETRIAL IMPRISONMENT FOR HUMAN RIGHTS DEFENDER FIDEL ZAVALA AND LA FLORESTA COMMUNITY CO-DEFENDANTS

As El Salvador’s Nayib Bukele announces the potential granting of conditional releases for thousands of people detained under the State of Exception—insisting on their guilt despite growing international condemnation of widespread violations of due process and other human rights—his government continues prolonging the imprisonment of human rights defender Fidel Zavala, and twenty-one members of the La Floresta community, arrested in February 2025 while organizing against the mass eviction of more than 200 campesino families.

On October 15, on the heels of Bukele’s unprecedented announcement, more than 100 human rights, faith based, solidarity, and Salvadoran diaspora organizations from 19 countries called for their immediate release and denounced the Salvadoran government for “criminalizing people who organize in defense of their rights.”

The organizational letter responds to a September 11, 2026 ruling from the Fifth Court against Organized Crime approving the Attorney General of the Republic’s request to extend the investigation phase in the La Floresta case until August 25, 2027, the third extension in the case. Without a special hearing,  those detained are likely to  remain in pretrial detention for at least two and a half years without having been brought to trial.

Read full letter and list of signers here.

In their letter directed to the Attorney General’s Office, the Human Rights Ombudsperson, the Supreme Court and members of the Fifth Organized Crime tribunal, the organizations decried that further prolonging the proceedings prevents Zavala and the La Floresta community members from defending themselves against the charges of unlawful association and illegal land sales, among others, which the defense has repeatedly denounced as unsupported by evidence. 

The case began in February 2025, as families in La Floresta were organizing against the mass eviction of more than 200 campesino families who had lived on the land for over a decade. UNIDEHC, a human rights organization that provides legal and organizational support to communities facing displacement and other human rights violations, was accompanying residents resisting the eviction. On February 25, 2025, twenty-one members of the community were arrested along with Zavala, who was serving as a UNIDEHC spokesperson.

Zavala had been unjustly imprisoned once before in 2022, spending approximately 13 months in prison. Following his release in March 2023, he filed complaints over torture, corruption, and other abuses by prison personnel that he had witnessed, becoming a vocal critic of abuses in El Salvador’s prison system.

In response to the extension of the pretrial detention period, Amnesty International updated its Urgent Alert  to raise concerns about Zavala’s safety in detention, warning that his previous complaints against prison personnel could expose him to reprisals and calling on Salvadoran authorities to ensure he is not transferred or held in conditions that could place his physical or psychological integrity at risk.

The international organizations also expressed concern over the “possible deterioration” of Zavala’s health and warned against a possible transfer to La Esperanza prison, commonly known as Mariona, “where his life would be at risk” under the custody of guards he previously denounced for torture and corruption.

The signatories describe the La Floresta case as part of a broader pattern in which communities defending themselves against displacement - and the human rights defenders who accompany them - are being prosecuted not through the regular courts but through El Salvador’s organized crime system, where due process rights are nearly absent.

The proceedings have also extended to UNIDEHC attorneys Ivania Cruz and Rudy Joya, who worked alongside Zavala in accompanying the La Floresta community and are now living in exile.

Alexis Stoumbelis, Committee in Solidarity with the People of El Salvador: “Bukele’s announcement about plans to conditionally release tens of thousands of people, most of whom were likely unjustly detained in the first place, obscures one of the real aims of the State of Exception: to persecute and threaten communities organizing to defend land and water rights by accusing them of ‘illicit associations.’ CISPES joins the international call for the immediate and unconditional release of the 21 inhabitants of La Floresta and human rights activist Fidel Zavala who accompanied them as they confronted the government for violating their right to organize.”

Vicki Gass, Latin American Working Group (LAWG): “The Latin America Working Group (LAWG) condemns the Salvadoran Attorney General's request to extend for the third time the investigation period in the case of Fidel Zavala, this time until August 2027. Bukele’s announcement that he  plans to grant conditional early release to thousands of detainees attempts to silence the work of courageous human rights defenders like Zavala, who have risked their own freedom to demand accountability for the  violence and torture happening inside El Salvador’s prisons. Detaining Fidel indefinitely on false charges once again underscores the Salvadoran government’s lack of evidence. The charges against Fidel and members of the La Floresta community should be dropped and they should be released unconditionally, just like thousands of other innocent people arrested under the State of Exception.”

James Lafferty, Director Emeritus, Los Angeles Chapter of the National Lawyers Guild: "The Los Angeles Chapter of the National Lawyers Guild joins world leaders and civil justice organizations worldwide in demanding the immediate release of Fidel Zavala and La Floresta Community Leaders imprisoned in El Salvador. We denounce the further investigation as nothing more than an open attempt to silence them and other human rights defenders who support their struggles. This case has represented a violation of international law since it began in February 2025. La Foresta has every right to organize against the mass eviction of over 200 campesino families who had lived on their land for over a decade. We condemn the torture, corruption and many other abuses by prison employees that Zavala has witnessed. We recognize and condemn the prosecution of this case, as it is clearly another example of the government's attempt to silence all who are courageously struggling to build a more just country for all the peoples of El Salvador."

The Solidarity Committee of Salvadorans in the Basque Country: “The Solidarity Committee of Salvadorans in the Basque Country joins organizations from around the world in demanding the immediate release of Fidel Zavala and the residents of the La Floresta community, who have been unjustly imprisoned in El Salvador. In light of President Bukele's recent statements regarding the release of half of those detained under the state of exception, we call for the release of political prisoners as well.”

Ana María Méndez-Dardón, Director for Central America, Washington Office on Latin America, (WOLA): “The Salvadoran government is using an authoritarian criminal justice system to silence people who dare to defend their communities and challenge abuses of power. Fidel Zavala and the La Floresta community leaders have spent over a year and a half in pretrial detention without due process. This is not justice, it is criminalization and a broken rule of law. The Salvadoran authorities must immediately release those unjustly detained, end the persecution of human rights defenders, and respect the right of Salvadorans to denounce abuses without fear of imprisonment or retaliation”

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