por Joanna Beltrán Girón, Becaria de la Oficina Nacional de CISPES

El 28 de marzo de 2016, un grupo de activistas de América Central, América del Sur y México dio comienzo a la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia en Honduras, la cual transitó por El Salvador, Guatemala y México, con una breve parada en Washington DC en su camino a la ciudad de Nueva York. Su destino era la Sesión Especial contra la Droga de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) que tuvo lugar los días 19 y 20 de abril. La UNGASS fue el acontecimiento internacional de alto nivel más significativo sobre las políticas de las drogas en casi dos décadas. Los líderes mundiales no se habían reunido en la ONU para debatir sobre las drogas desde el año 1998.

La Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, organizada con la ayuda de Global Exchange, se inspiró en la Caravana por la Paz de 2012, en la que más de un centenar de personas de diversas nacionalidades, la mayoría sobrevivientes o familiares de personas muertas o desaparecidas en la “guerra contra drogas”, viajó por todo los Estados Unidos para protestar por la devastación causada por la guerra apoyada por este país en México. Del mismo modo, la Caravana de este año por la Paz, la Vida y la Justicia recorrió largas distancias a fin de fomentar la solidaridad internacional, con el fin de sacar a la luz las violaciones de los derechos humanos causadas por la penalización de las drogas y las políticas de seguridad represivas, y proponer alternativas“que pongan el bienestar genuino de las personas y las comunidades en el centro de nuestros esfuerzos institucionales, sin recurrir a los estigmas inútiles o a callejones moralistas sin salida.”

En las presentaciones y reuniones comunitarias organizadas en la capital, Washington DC, por organizaciones aliadas, entre ellas CISPES, el American Friends Service Committee y School of the Americas Watch,los participantes de la Caravana presentaron sus testimonios, sus análisis, y una conclusión rotunda: la Guerra contra las Drogas está siendo utilizada como un pretexto de primer orden para que los Estados y las grandes corporaciones repriman a los movimientos de resistencia popular. Hay ejemplos escalofriantes, que van desde el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que envío el ejército para reprimir a manifestantes a los que se había acusado de ser traficantes de droga, en mayo de 2012, matando a ocho personas e hiriendo a treinta y cinco, hasta la Fuerza Naval de Honduras,que abrió fuego contra un pequeño grupo, matando a dos hombres garífunasafro-hondureños desarmados en diciembre pasado.

En apoyo a la Caravana, Laura Zúñiga Cáceres, hija dela activista de derechos indígenas y ambientales Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo en Honduras por su liderazgo en la resistencia contrala construcción de una presa hidroeléctrica, explicó: “El narcotráfico se ha apoderado de nuestras ciudades, y la Guerra contra las Drogas sólo ha sido utilizada para invadir y militarizar nuestras ciudades, a la vez que penaliza a la gente, especialmente a los jóvenes.”

El 24 de mayo, durante una sesión informativa del Congreso en Washington, DC, Félix López, líder de Fraternal Garífuna and Black People's Organization of Honduras (OFRANEH),explicó que los jóvenes, indígenas y garífunas afro-hondureñosson el blanco de traficantes de drogas. Mientras tanto, la delincuencia organizada, que en realidad tiene el apoyo de la policía y los militares –que han sido vistos descargando drogas de sus barcos– se ignora sistemáticamente. Líderes comunitarios de Guatemala y Honduras informaron también cómo la Guerra contra las Drogas no se ha logrado disminuir su tráfico; en cambio, el poder de las organizaciones criminales sólo se ha ampliado, creando “narco-colectivos”: “narco-iglesias”, “narco-sacerdotes”, “narco-alcaldes”, y “narco-presidentes.”

Las políticas regionales desarrolladas bajo la bandera de la Guerra contra las Drogas incluyen un conjunto específico de dinámicas de políticas que consisten en la militarización de las fuerzas de la policía civil. Es decir, la policía está recibiendo entrenamiento paramilitar, utilizan armas de guerra y en general actúan como los militares. Desde 2007, muchas policías latinoamericanas han sido entrenadas en la escuela estadounidense International Law Enforcement Academy (ILEA), en El Salvador, versión policial de la tristemente célebre Escuela de las Américas. Además, los EE.UU. han apoyado la creación y despliegue de muchas nuevas unidades conjuntas formadas por policías y militares en nombre de la lucha antinarcóticos. Esto es particularmente preocupante debido a que las comunidades más afectadas por el paradigma militar-policial son las comunidades pobres, así como las comunidades que se resisten activamente a la extracción de recursos naturales por las empresas transnacionales. En última instancia, la ayuda de seguridad de los Estados Unidos ha conducido a una mayor violencia en México, El Salvador, Honduras y Guatemala, tal como se documenta en el informe de 2013 “Repensando la Guerra contra las Drogas”, de la que un número cada vez mayor de solicitantes de asilo procedentes de esos países están ahora tratando de escapar.

A la luz de estas consecuencias devastadoras, los miembros de la Caravana se unieron para abogar por un diálogo abierto, transnacional sobre la Guerra contra las Drogas y un cambio hacia una política basada en la salud pública. La Sesión Especial contra la Droga de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en la ciudad de Nueva York, ofrecía una oportunidad única para influir en el debate.

Por desgracia, cuando la caravana llegó a la ONU, la reunión tuvo un mal comienzo. Tal como informó Linda Farthing en NACLA,  tras registrarse en línea, “a cientos de personas de todo el mundo se les dijo que ni siquiera podían participar porque sólo había asientos para 130 personas. Pero, aunque hubieran permitido el acceso de otros grupos de la sociedad civil, los resultados no habrían sido distintos.” Según Farthing, “la resolución de la UNGASS, en realidad,había sido redactada un mes antes... a puerta cerrada, durante las reuniones anuales de la Comisión de Estupefacientes de la ONU (CND) en Viena.”Si bien se mencionan en la resolución final los derechos humanos, el género y las preocupaciones de salud, no se menciona la despenalización del uso de las drogas, no se promueven medidas serias contra el lavado de dinero y no se tiene en cuenta el respeto del uso indígena de las plantas psicoactivas, otras tantas prioridades que los participantes de la Caravana y otros grupos de América Latina están defendiendo.

A pesar de la decepción en la Asamblea General, la Caravana reunió a organizadores de diferentes países y movimientos con el fin de crear espacios contra hegemónicos, alentar un debate sobre la despenalización, incluso en las comunidades en América Central, donde el tema es todavía un tremendo tabú, construir el tipo de la solidaridad internacional esencial entre las personas y los movimientos que enfrentan la violencia de estado, y presentar un llamado urgente a la acción de los aliados en los EE.UU. para detener la financiación de nuestro propio Gobierno destinada ala perniciosa Guerra contra las Drogas.