Un acuerdo devuelve empresa de energía al Gobierno salvadoreño

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El Salvador y la empresa energética italiana Enel Green Power han llegado a un acuerdo, después de ocho años de litigio internacional en un caso que se convirtió en paradigma de los peligros que corren los asocios público-privados (APP) y la corrupción rampante de anteriores administraciones derechistas en El Salvador. En virtud del acuerdo, el gobierno de El Salvador ha comprado las acciones que poseía Enel en la empresa de energía geotérmica LaGeo –que antes había sido empresa pública– por $280 millones, poniéndola de nuevo bajo control estatal total.

A finales de 1990, el partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), entonces en el Gobierno, ofreció la empresa pública LaGeo a los compradores internacionales privados como parte de una ola de privatizaciones de los servicios públicos. Enel Green Power obtuvo un contrato de tipo APP para administrar LaGeo conjuntamente con el Estado en el año 2002, y luego pasó a adquirir la propiedad mayoritaria de la compañía. Pero El Salvador se negó a ceder el control y Enel llevó el caso a la Cámara de Comercio Internacional para su arbitraje, la cual resolvió a favor de la compañía italiana en 2011. Cuando al Gobierno se le negó la apelación de la decisión en 2013, El Salvador llevó el caso ante un tribunal del Banco Mundial, en Washington DC, donde se logró finalmente el reciente acuerdo.

Mientras El Salvador continuaba en pugna con Enel en los tribunales internacionales, en 2013 Presidente Funes impulsó al Fiscal General que abriera una investigación sobre el contrato de 2002 que había permitido que la lucrativa empresa pública de energía pasase a manos extranjeras privadas. Esa investigación dio como resultado la presentación de cargos criminales contra nueve exfuncionarios y hombres de negocios del gobierno de ARENA. Por ello, en la primavera de 2014 la Fiscalía General ordenó congelar los activos de los nueve individuos en cuestión, así como los de Enel Green Power en El Salvador, todo ello por un monto de más de 2.000 millones. Las autoridades han afirmado que dicho proceso judicial continuará, con independencia del acuerdo alcanzado con Enel.

"Se trata de resolver un problema que estamos pagando como consecuencia de actitudes irresponsables que se tomaron en el pasado", dijo respecto al acuerdo el Secretario de Gobernabilidad y Comunicaciones, Hato Hasbún.

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