Segundo año de Bukele cierra sin atender demandas populares

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El segundo año de gestión de Nayib Bukele estuvo marcado por una serie de retrocesos y obstáculos para las luchas y reivindicaciones populares, las cuales no han tenido eco en ninguna de las acciones gubernamentales. El pasado 1o. de junio, el inicio de su tercer año en el poder levantó el telón y nos presentó un escenario que tiene como protagonistas la militarización, los despidos masivos, los golpes a la incipiente democracia y el control institucional para ocultar actos de corrupción cometidos durante su mandato.

A escasos diez días del mes de junio, la administración Bukele y sus aliados en la Asamblea Legislativa han dado claras señales de que la pauta de esta gestión estará marcada, al igual que el primer año de gobierno,  por la cancelación de programas sociales, despidos masivos en el sector público, endeudamiento irresponsable, prácticas autoritarias y antidemocráticas, y falta de transparencia en la gestión pública.

Esa tendencia se pudo evidenciar durante 2020, en el contexto de la cuarentena por la Covid-19, periodo en el que el gobierno impuso una serie de medidas que atentaban contra los Derechos Humanos fundamentales: se restringió por completo la movilidad de la población, se militarizaron por completo algunas zonas del país y se detuvo de forma arbitraria e ilegal a un gran número de personas, las cuales fueron confinadas en los llamados centros de contención.

A pesar de estos duros golpes a la población, la plataforma política de Bukele, el partido Nuevas Ideas, obtuvo un triunfo rotundo en las elecciones legislativas y de alcaldías de 2021, alcanzando la mayoría simple y, junto con sus partidos aliados, la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, dejando a la oposición con poca incidencia en la toma de decisiones en el pleno legislativo.

Este panorama presenta un reto para los movimientos populares salvadoreños. Así lo explica Marisela Ramírez, Secretaria General de la Fuerza Estudiantil Salvadoreña, organización de estudiantes en busca de la justicia social, quien asegura que “la situación para la mayoría de la población ha sido muy difícil y ha empeorado en estos últimos meses, producto de una serie de decisiones gubernamentales que pueden generar a corto plazo un deterioro mayor en la calidad de vida; por lo que es necesario avanzar en el proceso de organización de las organizaciones populares para poder enfrentar de mejor manera los golpes que vienen”. “El movimiento está débil y disperso, es necesario avanzar en la construcción de un movimiento fuerte que pueda oponerse de manera contundente a todo lo que viene en los siguientes años”, concluye.

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