A nivel global el desprecio hacia la vida de las, los, y les migrantes y refugiados se intensifica. El Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), expresamos nuestra solidaridad con personas migrantes y refugiadas impactadas directamente por la brutalidad de la militarización fronteriza y el sistema discriminatorio de inmigración estadounidense. Desde la crisis en 2014, de menores de edad no acompañados, el gobierno de los Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos de expandir su frontera sur hacia México y Centroamérica, muchas veces usando políticas coercitivas. Denunciamos la cooperación y los acuerdos que recientemente se han firmado entre el gobierno Salvadoreño y Estadounidense, que representan simplemente la última violación del derecho humano a migrar y solicitar asilo.

Denunciamos estas medidas violentas e inmorales, impuestas por los Estados Unidos, con las que los gobiernos de México, Honduras, Guatemala, y El Salvador cada vez cumplen más lealmente, haciéndose cómplices de Los Estados Unidos. Nada bueno puede venir de modelar los sistemas abusivos de detención y contención de migrantes que existen en los Estados Unidos,  donde abundan los crímenes de lesa humanidad. Los sistemas de encarcelamiento y de detención en los Estados Unidos son racistas, xenófobas, misóginas, homofóbicas y transfobicas. Deben ser eliminadas y no replicadas.

Las personas refugiadas encarceladas en los Estados Unidos, por ejemplo,  son sometidas a la brutalización por parte de los guardias y al abuso sexual, incluyendo a menores no acompañados y a niñes que han sido separadas de sus familias. A medida que los centros de detención de migrantes se vuelven cada vez más superpoblados, las condiciones en que se encuentran las personas migrantes y refugiadas están empeorando. Mientras tanto, corporaciones privadas que dirigen estos centros continúan disfrutando enormes ganancias, a través de violencia y muerte.

Desde 2016, periodistas y políticos han puesto su atención en el muro de la administración de Trump - caracterizandolo como el campo de batalla para las políticas de inmigración. Los medios, en gran parte, ignoran  la expansión de la frontera de EE. UU. más allá de sus límites físicos y el ataque a la soberanía de la gente de Mesoamérica. La expansión de la frontera de EE. UU., como la prohibición de los musulmanes y la prohibición de asilo, son políticas que expanden aún más la larga y violenta historia del colonialismo, la xenofobia e islamofobia.

Denunciamos todo acto que limita el derecho humano a migrar, mientras que los Estados Unidos y la élite mundial continúan impulsando políticas neocoloniales y de  explotación en todo el mundo y en toda la región, causando el desplazamiento forzado de las comunidades oprimidas del mundo. Exigimos que a los migrantes africanos que están siendo contenidos contra su voluntad en Tapachula, México, se les permita transitar de manera segura a la frontera de México con Estados Unidos. Es una vergüenza que el gobierno salvadoreño haya aceptado participar en estas prácticas tan inhumanas.

Celebramos las vidas y denunciamos las muertes de personas, como Nebane Abienwe y Johana “Joa” Medina Leon, que han muerto, como tantos, en detención migratoria en Los Estados Unidos y en las manos de patrullas fronterizas, al igual a las personas, como Claudia Patricia Gomez Gonzalez que han sido asesinadas por agentes de ICE y todas las personas que han perdido sus vidas mientras escapaban los efectos del imperialismo estadounidense. Extendemos nuestra solidaridad a las personas que están migrando y enfrentándose con agentes de DHS en Guatemala, que vienen en camino por México, que han sido deportados por el gobierno de México, que están esperando asilo en la frontera de México con los Estados Unidos, los que siguen encarcelados en centros de detención con fines de lucro en los Estados Unidos, los que ahora tienen que usar monitores de movimiento, y todas la vidas violentadas y robadas por este sistema inhumano.

Como organización con una larga historia de solidaridad con El Salvador, sabemos que la violación de derechos a los trabajadores, la privatización de los recursos públicos y la militarización continuarán empeorando las condiciones que obligan a los centroamericanos abandonar sus hogares y hacer el peligroso viaje hacia el norte. Afirmamos nuestra solidaridad con los movimientos sociales que luchan por crear condiciones habitables en América Central. Solicitar asilo no es ilegal y exigimos que se defienda y respete el derecho humano al migrante. Del mismo modo, continuaremos afirmando que la migración debe ser una opción, no una obligación; por lo tanto, nos oponemos a todas y cada una de las políticas de seguridad y desarrollo de los Estados Unidos que impiden que las personas puedan ganarse la vida dignamente en sus países de origen.

Antecedentes:

A fines del mes de Agosto Nayib Bukele, presidente de El Salvador se reunió con el Secretario interino de Seguridad Nacional de EE. UU., Kevin McAleenan, y acordaron colaborar de manera más cercana en los temas de migración y seguridad. Durante las próximas semanas, el gobierno Salvadoreño introdujo una patrulla fronteriza patrocinada por EEUU, desplegando a más de 800 agentes de policía y militares hacia las fronteras del país. La justificación que se da para estas acciones es de resolver los problemas de contrabando y atacar a las redes criminales. Sin embargo, el despliegue ceremonial de la nueva patrulla fronteriza se llevó a cabo en La Hachadura, un punto de salida para muchos Salvadoreños que han emigrado del país en grupos grandes para unirse a las caravanas que viajaban hacia el norte, indicando que la intención de esta nueva patrulla fronteriza es mas de detener el flujo de los migrantes que necesiten salir de El Salvador hacia los Estados Unidos. Estos oficiales también han sido desplegados en “154 puntos ciegos” de las fronteras de El Salvador, tácticas que pueden llevar a los migrantes a buscar rutas aún más peligrosas y mortales.

El 20 de septiembre, la ministra de relaciones exteriores de El Salvador firmó un acuerdo de asilo con el departamento de seguridad nacional de Estados Unidos. El acuerdo incluye lenguaje general y bastante ilimitado que le permitirá a los Estados Unidos desviar  migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos hacia El Salvador – potencialmente obligando a los solicitantes de asilo que ni siquiera hayan pasado por El Salvador, a solicitar asilo en ese país. Adicionalmente, el acuerdo compromete fondos Estadounidenses para la creación de un sistema de asilo en El Salvador. Este acuerdo y acuerdos similares con Honduras y Guatemala, llegan después de una decisión de la corte suprema estadounidense que mantuvo a la reciente prohibición de asilo de la administración de Trump. Esta prohibición obliga a solicitantes de asilo que hayan pasado por otro país a solicitar asilo en ese otro país.

Antes de esto, el 30 de julio, Guatemala firmó un “acuerdo de país seguro”, que fue el modelo para el acuerdo Salvadoreño. El 25 de septiembre, se firmó otro acuerdo con el gobierno Hondureño. Estos acuerdos se firman después del despliegue de agentes del departamento de seguridad nacional (DHS) estadounidense hacia Guatemala. Estos agentes seguirán trabajando con la policía Guatemalteca para detener la migración de personas Centroamericanas y de otros países  hacia México y la frontera sur de Los Estados Unidos.

Previamente,  el 2 de Junio, después de un aumento de presión desde el gobierno de EEUU, México decidió militarizar las rutas de tránsito migratorio para evitar a las tarifas amenazadoras de Trump – una política que ha sido nombrada el “Remain in Mexico Policy”. El lunes 10 de junio, seis mil miembros de la guardia nacional Mexicana fueron desplegados hacia la frontera del sur. Los efectos de esta política se están sintiendo, dado que los solicitantes de asilo están siendo obligados a esperar sus audiencias de asilo en México y si se les niega la solicitud, en vez de ser retornados a sus países de origen, se les manda a México. Adicionalmente, miles de migrantes Africanos de 15 países están siendo encarcelados en supuestos “albergues” en Tapachula, México en condiciones inhumanas. Estos migrantes  están siendo obligados a quedarse en Tapachula, donde se enfrentan con niveles de persecución y condiciones semejantes de las que huyen en sus países de origen. 

Mientras estas fronteras coloniales están siendo cada vez más militarizadas y fortificadas  para prevenir el movimiento humano y nuevas fronteras son creadas a través de Mesoamérica, las elites globales siguen imponiendo políticas de intervención económica y extractivistas que son las causas a la raíz del desplazamiento masivo. En El Salvador, para soluciónar a la migración forzada, el Presidente Bukele ha priorizado la comodidad y seguridad de la inversión privada transnacional. Ha propuesto la flexibilización de labor y el abandono del día laboral de ocho horas que tanto se luchó para asegurar, ha despedido a miles de trabajadores del sector público sin debido proceso, y ha tomado acciones que atacan a los sindicatos del sector público. Aunque los trabajadores sufren estas amenazas  en El Salvador, comunidades en todo el país siguen movilizándose en defensa de su derecho humano al agua, mientras las fuerzas de derecha en el país intensifican su esfuerzo de privatizar el recurso. El pueblo Hondureño se encuentra en su versión de estas luchas contra el neoliberalismo bajo condiciones extremadamente represivas. Este  año ha sido el décimo aniversario del golpe de estado de 2009, y el pueblo Hondureño sigue en huelgas para detener la privatización de salud y educación. También están exigiendo la renuncia del Narco-dictador Juan Orlando Hernandez (JOH). Mientras tanto, comunidades en varios departamentos de Guatemala están viviendo un “estado de sitio” en que el gobierno Guatemalteco utiliza como pretexto la seguridad pública para militarizar regiones donde hay movimientos fuertes y organizados en defensa de los recursos naturales.