El lunes, 20 de marzo, una delegación de anterior y actual funcionarios salvadoreños llegó a Washington DC para asistir audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador de violar sus derechos civiles y políticos. Fueron recibidos por el Secretario Ejecutivo del CIDH Paulo Abrão, quien expresó un interés directo en el asunto.

La Corte Suprema de El Salvador está hecha de cuatro salas – la Sala de lo Constitucional, la Sala de lo Civil, la Sala de los Penal, y la Sala de lo Contencioso Administrativo. Desde 2010, la Sala de lo Constitucional ha sido constantemente criticada por sobrepaso jurídico y ha sido acusada de servir a los intereses de la elite económica de El Salvador y la oposición derechista.

La mayoría de los casos entablados en la CIDH se relacionan a la interpretación dudosa de la Sala de lo Constitucional de artículos de la Constitución que requieren independencia e imparcialidad de funcionarios públicos. La Sala interpreta esto como que los funcionarios electos por la Asamblea Legislativa no pueden tener ningún vinculo partidario, un requerimiento que nunca ha existido y no se menciona explícitamente en la Constitución. De hecho, el Artículo 72 de la Constitución de El Salvador garantiza a todos los ciudadanos salvadoreños el derecho de pertenecer y formar partidos políticos; y el Articulo 82, el único artículo que prohíbe categorías de individuos específicos de pertenecer a partidos políticos, solo prohíbe la afiliación partidaria y participación en campañas electorales a lideres religiosos, miembros activos de la Fuerza Armada, y miembros de la Policía Nacional Civil. El expresidente de la Sala de lo Constitucional Dr. José Salomon Padilla, quien fue destitulado de su puesto por sus mismos compañeros en la Sala, dijo a CISPES que la Sala ha efectivamente modificado la Constitución por sus sentencias, un poder que la Constitución solamente le pertenece a la Asamblea Legislativa.

La interpretación de la Sala sobre independencia y imparcialidad no solo viola los derechos civiles y políticos conferidos por la Constitución y acuerdos internacionales, pero también esta interpretación ha sido aplicada arbitrariamente y desproporcionadamente afecta a funcionarios de la izquierda y progresistas. A pesar de múltiples casos presentados a la Sala de lo Constitucional en contra de funcionarios públicos con vínculos documentados a ARENA, incluyendo en contra de dos de los mismos magistrados de la Sala (Belarmino Jaime y Rodolfo Gonzalez, sus elecciones no siguieron el proceso constitucional), ninguno de estos casos han sido aceptado.

Además, la definición de “vínculos a partidos políticos” se ha hecho bien nebuloso y, en algunos casos, individuales quienes nunca han tenido ningún vinculo oficial a un partidos ni estuvieron militante o afiliado de un partido han sido destitulados de sus puestos. Padilla ha hecho paralelos entre los efectos de estos fallos constitucionales y la abierta y oficial persecución durante la guerra de izquierdistas y progresistas, notando que, afortunadamente ahora los cuerpos de seguridad del estado ya no están involucrados en esta persecución. Dijo a CISPES, “Ha llegado a un punto que alguien podría ser destitulado porque una foto fue tomada de el/ella caminando frente a una sede central de un partido o porque han sido amigos desde la juventud con un líder de un partido.”

Según el suspendido Magistrado de la Tribunal Suprema Electoral Jesús Ulises Rivas Sánchez, quien participó en las audiencias en la CIDH, “Esperamos que en la próxima sesión de audiencias, los abusos sistemáticos de derechos humanos que la Sala de los Constitucional está cometiendo se ponga en la agenda, y la Comisión Interamericana [de Derechos Humanos] pueda analizar el argumento legal usado y, poco a poco, garantizar que los hombres y mujeres salvadoreñas pueden ejercer la totalidad de libertad ideológica que la Constitución garantiza.”

Casos salvadoreños en la CIDH sobre violaciones de derechos civiles y políticos por la Sala de lo Constitucional:

• Jesús Ulises Rivas Sanchez – Rivas fue suspendido de su puesto como magistrado de la Tribunal Suprema Electoral (TSE) por un orden de la Sala de lo Constitucional en 24 de febrero de este año. La Sala citó conexiones al partido de izquierda Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) como lógica de su suspensión a pesar del hecho de que Rivas nunca ha sido militante o afiliado del FMLN y se identifica como un independiente progresista.

Como evidencia de sus conexión al partido, la Sala citó un evento donde participó antes de ser elegido al TSE, en lo cual un gremio de abogados de lo cual pertenece recibió una visita del entonces candidato presidencial del FMLN Salvador Sánchez Cerén y expresó su apoyo por el plan propuesto de su gobierno, una actividad muy común durante el tiempo de campaña cuando los candidatos buscan apoyo de varios sectores.

El caso en contra de la elección de Rivas fue presentado junto con nueve otros casos que sostuvieron que todos los cinco magistrados de la TSE, además de sus cinco suplentes, tuvieron vínculos partidarios; sin embargo la Sala solo aceptó el caso en contra de Rivas a pesar de evidencia que vincula a otros miembros de la TSE a partidos de la derecha.

El caso es de preocupación especial por las inminentes elecciones en 2018 y 2019, y el impacto que la destitución de Rivas ha tenido en la correlación de fuerzas en la autoridad electoral del país. La TSE fue creada por los Acuerdos de Paz que terminó la Guerra Civil en El Salvador y fue diseñada como un espacio plural para proteger en contra del descarado fraude electoral  del pasado que contribuyo a la guerra civil. A pesar de esta noble intención, del 1994 a 2009 la TSE fue dominada por magistrados afiliados a partidos de derecha y denuncias de irregularidades y posibles fraudes fueron comunes. Desde 2009, la elección de algunos magistrados progresistas y de la izquierda ha obligado a que el tribunal se comprometa a hacer debates para buscar consenso, y la transparencia y credibilidad de las elecciones salvadoreñas ha mejorado enormemente.

Con la destitución de Rivas, cuyo sustito ha declarado públicamente “Yo soy de la derecha,” la TSE ha regresado a un estado de dominación de la derecha, con un solo miembro progresista que probablemente será siempre en la minoría. Grupos del movimiento social y organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación que este revertirá el progreso que se ha hecho desde 2009 para combatir el fraude electoral.

• Dr. José Salomón Padilla – Padilla fue retirado de su puesto como Presidente de la Corte Suprema de Justica y Presidente de la Sala de lo Constitucional por sus colegas de la sala en dos ocasiones distintas.

Fue primero electo a la Corte Suprema de Justicia por la Asamblea Legislativa en el 2012 junto a cuatro otros magistrados; pero algunos días antes de ser investido, la Sala de lo Constitucional declaró su elección inconstitucional porque la legislatura que los eligió ya había elegido cinco magistrados a la Corte Suprema tres años anterior. La Constitución requiere que la Asamblea Legislativa elija cinco magistrados a la Corte Suprema cada tres años, y la Sala de lo Constitucional interpretó esto a significar que cada legislatura (la cual tiene un periodo de tres años) solo puede elegir un grupo de cinco magistrados a la Corte Suprema.

Después de una negociación de de 27 días entre todos los partidos políticos y facilitado por el entonces Presidente Mauricio Funes, los legisladores acordaron a tener las elecciones otra vez, ahora en una nueva legislatura, y elegir a los mismo magistrados incluyendo Padilla, quienes habían sido impedido a tomar la oficina. Después de cumplir un poco más de un año como presidente de la Sala de lo Constitucional – y casi siempre siendo la únicaopinión disconforme – los colegas de Padilla dieron un falló que su elección había sido inconstitucional por sus vínculos al FMLN. Padilla es un afiliado registrado del FMLN pero nunca tuvo ningúna posición de liderazgo dentro del partido.

• Tito Edmundo Zelada Mejía – Zeladafue retirado de su puesto como Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura en 2015 por sus vínculos con el FMLN los cuales fueron evidenciados por reportajes mediáticos que, según la Sala de lo Constitucional, demostró su preferencia por el partido de izquierda.

El Consejo Nacional de la Judicatura, quienes miembros están elegidos por la Asamblea Legislativa con una mayoría de dos tercios, es un cuerpo que está encargado de nominar el listado de candidatos para la Corte Suprema, de los cual la Asamblea Legislativa decide quien escoger. Expertos legales han criticado la destitución de Zelada por la Sala de lo Constitucional como ventajero, dado que cuatro de los miembros de la Sala tienen plazos que terminan en 2018, y el Consejo Nacional de la Judicatura será responsable para nominarles para reelección o no.

• Ex diputados suplentes (trienta de ellos pusieron un caso conjunto) – En uno de sus fallos mas indignantes, en 2016 la Sala de lo Constitucional destituyó todos los 84 diputados suplentes quienes fueron electos por voto popular el año anterior. En El Salvador, como muchos países latinoamericanos, diputados corren con un suplente cuyo candidatura es registrado al lado, y los diputados suplentes pueden substituir a los diputados de su mismo partido cuando un diputado no pueda ejercer su función debido a enfermedad, viaje o otra circunstancia.

En este fallo, la Sala violó el debido proceso en muchas formas. El caso originalmente presentado no contenía ninguna mención de la elección de los diputados suplentes; de hecho, el caso que fue puesto cuestionó la constitucionalidad de un voto legislativo que autorizó al Ministerio de Hacienda al colocar $900 millones de bonos gubernamentales en el mercado para financiar programas sociales y reestructurar deudas de corto plazo, argumentando que los procedimientos legislativos se habían violado durante el voto. Después de que la Sala de lo Constitucional descartó los argumentos del demandante, la Sala ilegalmente presentó su propio argumento  adicional: que el sistema de elegir a diputados suplentes fue inconstitucional, y entonces el voto (lo cual incluía votos de diputados suplentes) también fue inconstitucional.

El fallo final no solo bloqueo la emisión de bonos, empeorando la crisis fiscal en el país, pero también nulificó la elección de todos los 84 diputados suplentes en la legislatura actual. Desde que los diputados suplentes fueron electos después del voto había ocurrido, ni siquiera supieron que su elección fue cuestionada y nunca tuvieron oportunidad para presentar una defensa. El aspecto retroactivo del fallo fue arbitrariamente aplicado, así que muchas decisiones legislativas que incluían votos de diputados suplentes – incluyendo la elección de los actuales magistrados a la Sala de lo Constitucional – no fueron impactadas.