Después de un retraso de más de un año, el martes 30 de septiembre representantes de los Estados Unidos y El Salvador firmaron por fin el tan discutido pacto quinquenal de desarrollo de la Corporación Reto del Milenio (MCC, por sus siglos en ingles), por un monto de $277 millones. La junta de la MCC había aprobado ya el pacto el año pasado, pero la firma se retrasó por una serie de polémicas demandas por parte de Estados Unidos en asuntos de política salvadoreña como condición para el desembolso de las financiaciones.

Se trata ahora del segundo pacto de la MCC en El Salvador. El primero (2007-2012) fue una inversión de 461 millones de dólares, cuyo proyecto principal fue la construcción de la Carretera Longitudinal del Norte, que se enfrentó a resistencia comunitaria significativa. El segundo pacto se centra en el desarrollo de la red de carreteras costeras y proyectos turísticos, a través de los asocios público-privados.

El año pasado, como requisito para la aprobación del pacto, la Embajada de Estados Unidos impulsó una Ley de Asocio Público-Privado que motivó el rechazo de los activistas sociales, que la consideraron un nuevo intento de privatizar los servicios e infraestructuras públicos. Este verano, EE.UU. planteó una nueva exigencia de que El Salvador revisase un mecanismo de su Plan Agrícola Familiar, que tan buena aceptación tiene y que permite al Gobierno la compra de semillas a los productores locales que antes habían quedado al margen del proceso de licitación en beneficio de la agroindustria transnacional. La medida provocó la indignación por igual del movimiento social salvadoreño, organizaciones estadounidenses y funcionarios. David Saldívar de Oxfam América señaló la problemática naturaleza de las imposiciones políticas de EEUU, escribiendo que “fijar nuevas condiciones después de que un pacto haya sido negociado y aprobado por la junta de MCC es una molesta aproximación a la repetición de la peor historia de condicionalidad en la cooperación para el desarrollo, en la que las reformas tenían por objeto principal los intereses de los donantes, o se convertían en un ejercicio de vigilancia antes de liberar los fondos de cooperación”.

La firma del acuerdo es un gesto positivo por parte de EE.UU. de colaboración con el gobierno del presidente recientemente elegido, Salvador Sánchez Cerén, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Sin embargo, algunas comunidades costeras han manifestado su grave preocupación por el impacto social y ambiental de los proyectos propuestos, por cuanto “Las consecuencias del segundo FOMILENIO, serán el incremento en la depredación y contaminación de los ecosistemas costeros del país; además el desalojo de comunidades campesinas que tradicionalmente han pertenecido a estos territorios, quienes han convivido y aprovechado sosteniblemente los recursos naturales”.

Traducido por Juan Antonio Julián