A 31 años de los Acuerdos de Paz, el pueblo conmenmora denunciando los retrocesos impulsados por el govbierno

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El 15 de enero de 2023 las organizaciones populares aglutinadas en el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y la Alianza Nacional El Salvador en Paz, junto a otras organizaciones convocantes marcharon para conmemorar los 31 años de la firma de los acuerdos de paz, un hecho histórico que marcó el fin del conflicto armado que por años marcó la vida de miles y miles de salvadoreños y salvadoreñas.

Dicha movilización fue masiva. Miles de personas participaron en la marcha; a pesar de los recurrentes intentos del gobierno a través de retenes policiales ubicados en diferentes puntos para impedir la llegada al punto de encuentro, tácticas que caracterizan el régimen, la gente se concentró y se movilizó.

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular junto a otras organizaciones se concentraron en el parque cuscatlán y la Alianza Nacional El Salvador en Paz se concentraron en las afueras del Instituto Nacional de los Deportes para dirigirse conjuntamente hacia la plaza cívica, el punto de llegada de las marchas.

Estas movilizaciones estuvieron llenas de denuncias sobre detenciones arbitrarias en el contexto del régimen de excepción que lleva ya más de 10 meses de vigencia y rechazo a las muchas vulneraciones a la integridad física y a la violación constante de Derechos Humanos de las personas que han sido víctimas. A esta situación se le suman las denuncias sobre las violaciones a derechos laborales y despidos arbitrarios que se han dado en diferentes instituciones gubernamentales y arrestos  de sindicalistas por exigir sus derechos.

Otra de las denuncias que marcó fuertemente esta movilización ha sido el arresto de 5 líderes históricos de la comunidad Santa Marta, en el  departamento de Cabañas, a quienes se les acusa de supuestos delitos cometidos en el contexto del conflicto armado. La comunidad de Santa Marta, líderes del movimiento social y la comunidad internacional se han pronunciado fuertemente dado que las personas detenidas fueron y han sido víctimas de persecución, sobrevivientes de masacres y violencias que cometieron miembros del ejército. Mientras las violencias del estado y delitos de lesa humanidad no han resultado en ningún capturado o culpable, a los líderes de Santa Marta, quienes también son reconocidos internacionalmente por su liderazgo en la lucha contra la minería metálica,los culpan sin tener pruebas firmes sobre las afirmaciones de fiscalía.

En una declaración a Common Dreams, la directora de programa de CISPES, Yesenia Portillo, compartió lo siguiente sobre las detenciones de Santa Marta: "Las detenciones la semana pasada de líderes históricos de la comunidad de Santa Marta deberían alarmarnos a todos. En circunstancias normales, las detenciones de defensores del agua reconocidos internacionalmente serían motivo de gran preocupación. Pero en El Salvador de hoy, donde la tortura y las mortales condiciones carcelarias reinan bajo el actual Estado de Excepción, esto se convierte rápidamente en una cuestión de vida o muerte.

"[Aunque] las acusaciones contra estos líderes tienen huecos y contradicciones legales, el control casi total del presidente Bukele tanto sobre el poder judicial como sobre la fiscalía arroja serias dudas sobre si es posible siquiera un juicio justo. Desde que el fiscal general Delgado fue nombrado ilegalmente en mayo de 2021, prácticamente todos los casos que ha llevado han sido enviados a juicio -haya o no pruebas- e incluso las peticiones más convincentes de medidas alternativas para evitar una prolongada detención preventiva son denegadas.

"Estamos profundamente preocupados por el bienestar de estos compañeros y por el peligroso precedente que esto sienta en El Salvador. Con estas detenciones, el gobierno de Bukele está indicando al mundo que su idea de "justicia" es permitir que las atrocidades cometidas por las fuerzas estatales respaldadas por Estados Unidos durante la década de 1980 permanezcan en la impunidad, y a la vez castigar a los líderes de las comunidades, como Santa Marta, que se llevaron la peor parte de esa misma violencia."

Las detenciones de dirigentes comunitarios de Santa Marta en vísperas de las conmemoraciones del 15 de enero fueron sólo el último ataque contra dirigentes comunitarios en las últimas semanas. Mientras Bukele cerraba el año con cercos militares en varias comunidades bajo el Estado de Excepción también se llevaron a cabo varias detenciones de trabajadores sindicales municipales en los días inmediatamente anteriores a los arrestos en Santa Marta. Estas detenciones, aparentemente con fines políticos, y la creciente militarización de la sociedad salvadoreña son ejemplos de precisamente la clase de retroceso que líderes de los movimientos sociales señalan cuando denuncian los ataques de los gobiernos de Bukele contra los avances democráticos consagrados en los Acuerdos de Paz.

En general hubo una diversidad de banderas reivindicativas y de denuncias que responden a un serio retroceso respecto a lo alcanzado con la firma de los acuerdos de paz, como la profundización de la persecución política. La gente de diferentes zonas del país con sus propios esfuerzos se movilizaron para demostrar el repudio a un gobierno que ha roto con el orden constitucional y jurídico, que ha roto con la transparencia en el manejo de los fondos públicos y que avanza a una velocidad galopante hacia una militarización augurando un futuro incierto y posiblemente de mucha confrontación por la defensa de los derechos del pueblo.

La diáspora salvadoreña y la comunidad internacional también alzó la voz en varias ciudades de los Estados Unidos y en otros países. CISPES se hizo presente en la embajada de El Salvador en Washington, DC, con una manta que leía “¡Paz sin represión! ¡No más militarización!” en acompañamiento de las protestas del 15 en El Salvador y con presencia de miembros de la comunidad de Santa Marta radicados en el área metropolitana de Washington, D.C. En la ciudad de Boston, miembros de CISPES y otros se concentraron frente al Consulado de El Salvador para entregar una carta dirigida al Fiscal General de la República firmada por residentes y organizaciones de Massachusetts exigiendo la liberta inmediata de los detenidos de Santa Marta y un fin al Estado de Excepción. Comités de CISPES en Los Angeles, Seattle y la Bahia también coordinaron eventos educativos en sus ciudades para dialogar sobre los logros conquistados a través de los acuerdos de paz y los ataques provenientes del gobierno actual y uniéndose a la lucha a través de las redes con el hashtag #El15Marchamos.

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