Las denuncias sobre los abusos de derechos humanos en El Salvador —y sobre la represión gubernamental contra defensores— siguen creciendo a nivel internacional. La ola mas reciente de condena surgió tras la publicación, el 12 de noviembre, del informe conjunto de Cristosal y Human Rights Watch titulado "Has llegado al infierno: Tortura y otros abusos contra venezolanos en la megacárcel de El Salvador", que figuró en decenas de titulares a nivel mundial y provocó denuncias por parte de varios Congresistas estadounidenses, y es solo uno de varios ejemplos del cambio en la percepción que hay a nivel global sobre el gobierno de Bukele.

Apenas una semana después de la publicación del informe, varios especialistas en derechos humanos de las Naciones Unidas emitieron un comunicado en el que denuncian la emisión de “notificaciones rojas” de la Interpol, a solicitud del gobierno de Bukele, contra los abogados defensores de derechos humanos Ivania Cruz y Rudy Joya, calificandolo como “un acto de represión transnacional”. Cruz y Joya habian interpuesto varias demandas contra el gobierno de El Salvador debido a las condiciones de tortura y abuso dentro de las cárceles del país a traves de la organizacion que co-fundaron, Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC). Los abogados ahora se encuentran en España donde  solicitando asilo político después de que el gobierno salvadoreño emitiera órdenes de arresto contra ellos en febrero*.

La experiencia del exilio forzado es compartida cientas de personas y organizaciones, incluyendo a Cristosal, coautora del informe "Llegaron al Infernio." El informe se basa en cuarenta testimonios detallados de venezolanos encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) entre marzo y julio de 2025, luego de que el Departamento de Estado de EE.UU. acordara pagar al gobierno de El Salvador casi 5 millones de dólares por su recibimiento. Los detalles de este acuerdo, manejado con secretismo, solo se hicieron públicos tras una demanda interpuesta por una coalición de organizaciones de derechos de los inmigrantes y abogados defensores en EE.UU.

El reporte de Cristosal y Human Rights Watch describe golpizas, negación de comida y agua, violencia sexual, confinamiento solitario prolongado y lo que el director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, denomina un sistema institucionalizado de tortura. Como dijo Bullock a Democracy Now!: “La tortura está institucionalizada en las cárceles salvadoreñas. Es una política de Estado… [es] imposible que esto sea obra de malos guardias o manzanas podridas”.

Bullock también enfatizó que la justificación del gobierno estadounidense para enviar a estos hombres —a quienes acusaban de ser miembros de la banda Tren de Aragua— a una instalación para “terroristas” era infundada: “Estas personas eran migrantes que buscaban protección; no eran terroristas ni amenazas de seguridad para Estados Unidos”. Más de la mitad de los 130 casos investigados para el informe tenían solicitudes de asilo político u otras protecciones migratorias pendientes.

En respuesta al informe, 43 miembros del Congreso enviaron una carta instando al Secretario de Estado Marco Rubio y a la Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem a “investigar las conclusiones [del informe] y proporcionar una explicación inmediata al Congreso y al pueblo estadounidense sobre la complicidad de la Administración Trump en someter a estas personas a un trato tan horrífico y cruel”.

El senador Peter Welch (D-VT) también emitió su propio comunicado describiendo “una prisión… donde todos, inocentes o culpables, son etiquetados como terroristas” y donde “los procesos penales, si es que pueden llamarse así, se realizan en masa y convierten el debido proceso en una burla […]”. Welch también dirigió un mensaje al presidente Bukele, cuyo liderazgo ha sido “celebrado” por Trump: “El mandato del presidente Trump expira el 20 de enero de 2028, después de lo cual ya no estará allí para hacerse de la vista gorda ante el papel de Bukele al presidir la tortura y la negación de derechos fundamentales a decenas de miles de prisioneros", haciendo referencia a las casi 90.000 personas que, según el gobierno de El Salvador, han sido encarceladas en el marco del Regimen de Excepcion.

El senador Tim Kaine (D-VA) expresó una postura similar a principios de este año al presentar una resolución en el Senado para requerir un informe de derechos humanos bajo la Ley de Asistencia Exterior, afirmando que: “El presidente Bukele podrá pensar que tiene un amigo en el presidente Trump, pero debe saber que los estadounidenses no tolerarán sus esfuerzos por socavar el Estado de derecho y las instituciones democráticas, ya sea en El Salvador o aquí en Estados Unidos”. La resolución, bloqueada por los republicanos del Senado, también solicitaba información sobre el trato a ciudadanos estadounidenses (como Walter Huete, un padre de Virginia) que han estado encarcelados durante años sin orden judicial ni juicio bajo el “régimen de excepción” ahora indefinido en El Salvador.

Más recientemente, en septiembre, un grupo de dieciocho demócratas de la Cámara de Representantes, encabezados por los congresistas Jim McGovern (D-MA), Norma Torres (D-CA) y Jamie Raskin (D-MD), miembro de mayor rango del Comité Judicial, enviaron una carta al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional expresando preocupación con respecto a que, al deportar migrantes a El Salvador, donde los abusos contra personas privadas de libertad están ampliamente documentados, Estados Unidos estuviera violando el compromiso adquirido en la Convención Internacional contra la Tortura. La carta también citó informes de condiciones inhumanas en el CECOT y en todo el sistema penitenciario salvadoreño, donde organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado con detalle golpizas, aislamiento, privación del sueño, falta de atención médica y violencia sexual, junto con el testimonio de Kilmar Abrego García y los varios de los 238 venezolanos. Los legisladores exigieron que EE.UU. facilitara el acceso a observadores internacionales de derechos humanos y el fin inmediato de estos traslados.

En semanas recientes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también otorgó medidas cautelares a favor de cuatro salvadoreños que fueron trasladados en los mismos aviones que los venezolanos. Antes de responder a la solicitud de la Comisión, el gobierno salvadoreño había negado que estos hombres hubieran sido deportados y retornados a El Salvador, desapareciéndolos de facto dentro del sistema penitenciario.

La reputación de Bukele como figura autoritaria de derecha se consolida a medida que continúa su alineación con Trump y su complicidad con la agresión estadounidense en América Latina.

Una representante del movimiento social salvadoreño, Marisela Ramírez, del Bloque de Rebeldía y Resistencia Popular —una coalición de estudiantes, sindicatos y organizaciones comunitarias—, comentó en una entrevista del 13 de noviembre con Radio YSUCA que el cambio significativo en el panorama global es evidente, señalando que la reputación de Nayib Bukele se ha consolidado finalmente como la de un autoritario de extrema derecha: “Poco a poco, la percepción de Bukele ha ido cambiando; las violaciones al derecho de las personas a organizarse y expresarse han quedado claras, y este tipo de políticas que se extienden por la región ahora se ven como una amenaza”.

Mientras tanto, la administración Trump ha seguido elogiando a Bukele, agradeciendo “al país de El Salvador por el exitoso y profesional trabajo que han hecho al recibir y encarcelar a tantos criminales que entraron a nuestro país” en su intervención ante la Asamblea General de la ONU del 23 de septiembre. Los republicanos del Congreso también han rechazado los pedidos de transparencia sobre los acuerdos de la administración Trump con El Salvador, incluido el voto en contra de una enmienda presupuestaria en julio que buscaba exigir al Inspector General del Departamento de Estado un informe con “cualquier información [disponible] sobre la relación entre el más alto nivel de gobierno en El Salvador y la red criminal conocida como la MS-13” y sobre acciones recientes de EE.UU. que parecen socavar las propias investigaciones del Departamento de Justicia sobre las negociaciones de altos funcionarios de Bukele con pandillas.

Por su parte, Bukele ha seguido respaldando la agresión de Trump contra América Latina, guardando silencio ante ataques militares estadounidenses no autorizados que han ejecutado a más de 80 personas desde septiembre.

El 6 de noviembre, The New York Times informó que aviones de combate estadounidenses están siendo estacionados en el aeropuerto de El Salvador como parte de un peligroso aumento del arsenal militar y de tropas de EE.UU. en la región, mientras la administración Trump amenaza con invadir Venezuela, Colombia y México. Analistas describen la llegada de estos como “la primera vez que una nación extranjera alberga aviones estadounidenses para posibles misiones de combate en esta región”.

*Actualización: El 6 de diciembre de 2025, Interpol revocó la notificación roja emitida contra Rudy Joya e Ivania Cruz, sentando un precedente importante en el contexto actual de persecución política generalizada, que incluye persecución política transnacional y exilio forzado, que están sufriendo actualmente decenas, si no cientos, de defensores de los derechos humanos, líderes y organizadores sociales críticos y periodistas salvadoreños.