En un par de nuevas decisiones, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador sigue en su [plan] de desestabilización judicial directamente enfocándose en las ya inestables finanzas del país. Mientras que este tipo de decisión no son nada nuevo, reflejan una seria intensificación que directamente amenaza la capacidad del gobierno de cumplir con sus obligaciones internamente y también a sus acreedores externos. La Sala ha sido consistentemente y fuertemente denunciada por la izquierdista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) además del movimiento social salvadoreño  por sus esfuerzos de socavar la democracia, los acuerdos de paz de 1992, y para mantener los privilegios de la elite oligárquica del país.

La primera decisión de la Sala de lo Constitucional temporalmente suspendió una reforma reciente al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) que buscaba provisionalmente fortalecer las finanzas del país y prevenir otro impago como pasó anteriormente este año. La reforma hubiera subido el límite de préstamos del gobierno desde los fondos de pensiones privatizadas. Definitivamente esta reforma no hubiera resuelto los problemas financieros de largo plazo del país, sin embargo hubiera dado espacio al gobierno para empujar por una reforma sostenible al fracasado sistema de pensiones. La Corte, otra vez llegando al rescate de los intereses privados, declaró inconstitucional esta reforma debido a que ilegalmente limitaría la capacidad de las AFPs (fondos de pensiones privados) de invertir el dinero de los pensionados. Esta decisión no solo empuja el gobierno drásticamente más cerca al impago, pero también políticamente debilita la capacidad del gobierno de avanzar cambios al modelo neoliberal sobre cual el sistema de pensiones está construido.

Siguiendo los pasos de esta decisión, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional al presupuesto nacional de 2017 basándose en que no estaba totalmente financiado. En efecto, esta decisión es una declaración de austeridad judicial; el país tendrá que revertir al presupuesto del año pasado, en esencia terminando todos nuevos gastos y proyectos además de sustancialmente limitando los presupuestos de agencias gubernamentales. La decisión es parte de continuos intentos del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y sus aliados en la corte de paralizar el gobierno del FMLN durante el periodo previo a las elecciones legislativas del 2018 y presidenciales del 2019.

Estas decisiones son especialmente preocupantes para el funcionamiento del sistema democrático de controles y equilibrios. Por las decisiones de la Sala, la judicatura ha asumido el poder de veto unilateral sobre las funciones del estado. Por el uso de lógica dudosa para derogar políticas del FMLN, la Corte ha incrementado su propio poder y ha agarrado funciones que pertenezcan a la legislatura y a la presidencia. Después del fallo, el magistrado de la Sala Rodolfo González dijo, “Hay que entender que cualquier  decisión del Presidente está sujeta a la Sala de lo Constitucional.”

Las decisiones de la Sala han provocado amplia indignación y protesta. En una manifestación reciente, Marielos de León de COMPHAS (Confederación para un País sin Hambre y Seguro) dijo: “Las resoluciones de la Sala buscan ahogar las finanzas del gobierno y también a los pobres, que es a quienes apoya mediante los programas sociales. Creemos que estas decisiones son parte de una  agenda dictada por el partido ARENA para beneficiar a intereses oscuros del crimen organizado, este sistema judicial implementado por la dictadura de los cuatro magistrados no responde a las necesidades de justicia de los sectores más vulnerables del pueblo salvadoreño.”